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El acuerdo para reformar las regulaciones fiscales internacionales, a examen. Principales críticas y algunas recomendaciones para lograr un pacto más inclusivo y más justo para los países del Sur global.

A principios del pasado mes de julio, 130 países y jurisdicciones coordinados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) llegaron a un esperado principio de acuerdo para reformar las regulaciones fiscales internacionales y garantizar que las empresas multinacionales paguen un porcentaje justo de impuestos dondequiera que operen. El plan había sido discutido pocos días antes por el G7, y dejó sentadas las bases para que el G20 puliera nuevos detalles luego.

Los dos aspectos del acuerdo que más atención han acaparado son una tasa impositiva mínima del 15% para algunas multinacionales y la obligación de que algunas grandes empresas mundiales –incluidos algunos gigantes tecnológicos– paguen impuestos en los países en los que venden sus bienes o servicios, independientemente de que no tengan allí presencia física. También se ha resaltado que sus firmantes representan más del 90% del PIB global, y que incluyen países –hasta ahora reticentes– como China, Rusia e India.

El pacto, que se ha llegado a considerar el más radical y ambicioso del último siglo y un gran revés para los paraísos fiscales, fue elevado por la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, a “un día histórico para la diplomacia económica”. Pero la falta de carácter inclusivo del proceso de negociación, el limitado alcance del nuevo mecanismo acordado y su distribución injusta entre países han sembrado dudas y levantado críticas.

 

El camino

El acuerdo entre 130 países y jurisdicciones es un intento de actualizar unas regulaciones fiscales que llevan décadas obsoletas y que no responden a los sistemas de producción y comercialización de una economía cada ...