He aquí tres posibles escenarios a los que se enfrenta el país tras las elecciones legislativas de mitad de mandato.
Las elecciones legislativas celebradas recientemente en Argentina asestaron un golpe histórico al presidente Alberto Fernández y su coalición, Frente de Todos (FdT), mientras que consolidaron a Juntos por el Cambio (JxC) como rival político capaz de competir. La coalición peronista Frente de Todos obtuvo el 33 % de los votos y Juntos por el Cambio, el 42%. Por primera vez desde la restauración de la democracia en 1983, los peronistas han perdido el control del Senado, aunque conservan la mayoría en la cámara baja. Además, el apoyo electoral a la coalición del Presidente bajó un 40% respecto al resultado de las elecciones de 2019. La alternancia política puede fortalecer la democracia institucional argentina a largo plazo, pero la coalición opositora también ha perdido 1.700.000 votos en los dos últimos años.
La pérdida de confianza en las dos grandes fuerzas políticas demuestra una frustración creciente con la reacción de Argentina ante la COVID-19, la inestabilidad macroeconómica, el 40% de pobreza y la repercusión de una inflación anual prevista del 50%. Además, la elevada abstención y el número cada vez mayor de partidarios de la izquierda trotskista y la extrema derecha, encabezada por Javier Milei, reflejan la idea muy extendida de que la clase política del país ha perdido el contacto con la realidad. El voto a estas dos fuerzas antisistema recuerda al famoso grito de guerra de “que se vayan todos”, la exigencia de que todos los líderes políticos dimitieran, popularizada durante las manifestaciones masivas contra la crisis financiera de 2001. La polarización y la fragmentación del electorado argentino probablemente van a complicar los intentos del Ejecutivo de Fernández de abordar los problemas socioeconómicos y políticos del país.
La primera prueba para Alberto Fernández y la oposición será la renegociación de los pagos de un préstamo de 50.000 millones de dólares concedido por el Fondo Monetario Internacional y firmado por el anterior gobierno de Mauricio Macri. El partido político del presidente también tendrá que fijar un plan económico creíble y negociar sus detalles con la nueva oposición en el Congreso. Además, las autoridades argentinas tendrán que encontrar un difícil equilibrio entre la implantación de los ajustes económicos recomendados por el FMI y la protección de las reservas del Banco Central, por un lado, y las medidas para mitigar la repercusión social de la inflación, la devaluación de la moneda y el valor del dólar, por otro. Y las dos grandes coaliciones del país deberán mantener la unidad a medida que surjan las disputas internas entre los posibles candidatos para las elecciones presidenciales de 2023. Todos estos problemas plantean distintas posibles perspectivas para el futuro de Argentina.
La perspectiva optimista
En el mejor supuesto, el presidente Fernández y Martín Guzmán, el actual ministro de Economía, renegociarán las condiciones del préstamo del FMI y reducirán los próximos pagos que tiene que hacer el país. Fernández, los gobernadores peronistas y Sergio Massa, el presidente actual de la Cámara de Diputados, trabajarán en colaboración para establecer una hoja de ruta económica, con la participación de la oposición, que se prolongue más allá del final de su mandato presidencial. Dado que el plan económico seguramente exigirá recortes del gasto público destinado a programas y subsidios sociales, Fernández tendría que ponerse de acuerdo con sindicatos, servicios sociales y grupos de la sociedad civil para amortiguar los efectos de las medidas de austeridad a corto plazo.
La perspectiva moderada
En un supuesto moderadamente bueno, las negociaciones con el FMI se estancarán debido a la ambigüedad de los mensajes públicos y las discrepancias internas entre los peronistas moderados y el ala populista del partido a propósito de los recortes a los subsidios y el gasto social. Sin embargo, el país seguirá pagando la deuda con el FMI, lo que agotará las reservas del Banco Central. Antes de que la oposición se haga con el control del Senado, Alberto Fernández hará ligeros ajustes económicos para intentar reducir la inflación y la coalición peronista acordará una serie de decretos ejecutivos que garanticen la financiación de las políticas económicas populistas. En estos programas se incluirán topes obligatorios para los precios de los alimentos y los productos básicos, planes de transferencia de dinero a los partidarios del Gobierno, controles de divisas y una subida del impuesto de patrimonio. Además, la coalición peronista utilizará las negociaciones de la política económica para dividir a la oposición con la vista puesta en las elecciones de 2023. Entonces, Fernández responsabilizará a Macri del préstamo del FMI y los problemas de endeudamiento del país, así como a la coalición de oposición por la incapacidad del gobierno de estabilizar la economía.
Esta posibilidad probablemente dejaría un panorama político favorable para que la coalición de Juntos por el Cambio venza en las presidenciales de 2023. Ahora bien, el ganador tendrá que tratar de resolver los problemas económicos de Argentina que aún siguen pendientes. Asimismo, la unidad de la oposición dependerá de las futuras negociaciones con el presidente Fernández y de si la coalición se inclina más a la derecha para atraer a votantes descontentos. Antes de las últimas elecciones, el expresidente Macri dijo que compartía “afinidades ideológicas” con Javier Milei, lo que indica una voluntad de ampliar la coalición.
La peor perspectiva
En el peor supuesto, el Gobierno argentino no pagará la deuda con el FMI, ni conseguirá frenar la inflación descontrolada, y el país se hundirá en una crisis económica cada vez más profunda. Entonces, la coalición peronista impondrá unos controles de capitales más estrictos para impedir el pánico bancario y limitará el acceso al dólar. A medida que las tensiones sociales aumenten por el incremento del coste de la vida y el bajo poder adquisitivo del peso argentino, el país estallará en protestas callejeras, similares a las que se han visto recientemente en otros Estados latinoamericanos. Los ciudadanos desesperados de las zonas de rentas más bajas saquearán las tiendas, algunas manifestaciones se volverán violentas y el Ejecutivo quizá tenga que desplegar las fuerzas de seguridad e imponer el toque de queda.
En esta situación, los candidatos antisistema tendrían más posibilidades en las elecciones de 2023. En plena crisis socioeconómica, los líderes de la extrema izquierda y la extrema derecha pueden construir una infraestructura de partido y ampliar sus bases. Dados los costes sociales y las consecuencias políticas de la crisis financiera de 2001, es de suponer que los actores políticos más razonables tratarán de evitar que se repita aquella traumática experiencia.
¿Cuál de estas tres situaciones hipotéticas es más probable?
El supuesto optimista cuenta con que Alberto Fernández asuma más peso en la dirección de su partido y consolide una coalición de actores moderados para contrarrestar la influencia de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. En los días posteriores a las elecciones, los aires de cambio apuntan a una ruptura entre el ala moderada y el ala populista del peronismo.
En una demostración de fuerza política, el presidente Fernández presidió una “concentración de la victoria” con los sindicatos y servicios sociales aliados, con el mensaje inequívoco de que su deseo es conducir al partido hacia un rumbo más democrático. El Gobierno también ha dado a entender que va a negociar un plan económico, va a hacer los pagos correspondientes a diciembre de la deuda con el FMI y va a restringir aún más el acceso al dólar para los argentinos que quieran irse de vacaciones al extranjero.
Además, es posible que la reciente decisión judicial de reducir el número de las investigaciones abiertas por corrupción sobre la vicepresidenta Fernández de Kirchner la mantenga alejada de los focos. La señora Kirchner hizo pública una carta en la que señalaba a Alberto Fernández, el Congreso y la oposición como responsables de lo que suceda en las negociaciones con el FMI. Como astuta estratega política que es, la vicepresidenta quizá quiere evitar que la vinculen a cualquier ajuste económico futuro al tiempo que señala a sus sucesores para las elecciones de 2023.
Tal vez el año próximo veamos una combinación de distintos elementos de estos supuestos. A la hora de la verdad, el país tendrá que seguir avanzando por un camino incierto, mientras los líderes políticos no aborden los problemas macroeconómicos fundamentales que acosan a Argentina desde finales del siglo XX.
La versión original en inglés ha sido publicada con anterioridad en Global Americans. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.
