El país africano tiene una ardua tarea por delante: desenredar los intereses de la trata de personas enmarañados con las instituciones públicas. Sin embargo, existe la posibilidad y los medios para combatir esta lacra de manera eficiente.
El mundo de la trata de personas se suele presentar como un misterio oculto entre las sombras. Sin embargo, se trata más bien de una industria que actúa a la vista de todos aprovechándose de los vacíos legales, las desconexiones entre jurisdicciones e incluso las emociones y el buen juicio de la gente corriente. Con un valor estimado en 150.000 millones de dólares (unos 133.000 millones de euros) por la Organización Internacional del Trabajo en 2014, la trata afecta a más de 20 millones de personas en todo el planeta. Adopta nuevas tecnologías con rapidez y, como muchas empresas internacionales, ha creado grandes centros de operaciones en algunas ciudades que actúan como puertas de acceso hacia y desde sus respectivas regiones.
En Johannesburgo, Suráfrica, el gobierno local no ha querido o no ha podido evitar que la urbe se convierta en un punto de intercambio en la infraestructura global de la trata. Como centro financiero de la nación arcoíris y de la región del África subsahariana, Johannesburgo por sí solo contribuye con un asombroso 16% a la economía nacional, pero es también un microcosmos que refleja la profunda desigualdad del país. De su población de 5,4 millones de personas, el 33% vive por debajo del umbral de pobreza de 2.500 rands al mes (unos 138 euros). A fecha de mayo de 2022, el índice nacional de paro era del 34,5%, o casi del 45% si se incluyen las personas disponibles para trabajar pero que no buscan empleo (esta cifra es la más alta del mundo y es muy probable que el dato real esté incluso por encima de lo calculado por el Gobierno). Lo que indican estos números es que dentro de esta única jurisdicción municipal hay millones de personas que viven en circunstancias económicas y sociales desesperadas que pueden ser explotadas por los traficantes.
¿Cómo funciona la trata de personas en Suráfrica?
La realidad de la situación es difícil de precisar. A21 (“Abolicionistas en el siglo XXI”) es una organización internacional sin ánimo de lucro dedicada a poner fin a la esclavitud moderna y publica un informe anual que detalla la situación país por país, además de gestionar la línea telefónica nacional de ayuda a la trata de personas en Suráfrica (NHTH, en sus siglas en inglés). En 2020, la NHTH de A21 registró un aumento del 46% en las denuncias (4.847 en total) con respecto al año anterior, identificando a casi 700 víctimas potenciales. Mientras, el Informe sobre la Trata de Personas de 2021 elaborado por el Departamento de Estado de EE UU calificó a Suráfrica como “Nivel 2” en su lista de vigilancia y señaló que “el Gobierno… no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata, pero está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo”. Sin embargo, el informe también añade que el Ejecutivo ha seguido sin procesar ni condenar a los traficantes (en 2020, procesó a 71 y condenó solo a ocho en todo el país). Tampoco investiga habitualmente a los funcionarios que se sospecha que son cómplices en este tráfico y no ha aumentado su capacidad para hacerlo desde el informe anterior: “Por octavo año consecutivo, el Gobierno no promulgó reglamentos de implementación para la disposición sobre inmigración de la Ley de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de 2013 (PACOTIP).
En diciembre de 2021, una única redada en el municipio de Midrand, a solo media hora en coche desde el centro de Johannesburgo, descubrió a más de 30 víctimas de trata. Las autoridades estiman que otras 65 ya se habían vendido a distintos empresarios por 17.000 rands cada una (956 euros). John Jeffrey, viceministro de Justicia y Desarrollo Constitucional, ha explicado con anterioridad que, aunque el número de casos de trata denunciados es bastante bajo, la evidencia anecdótica sugiere que la realidad es muy distinta. Esta redada vendría a confirmar que tiene razón al afirmarlo. Además, se han registrado numerosos casos en los que las propias fuerzas de seguridad han estado directamente involucradas en actividades de trata. En mayo de 2021, los Hawks (el directorio nacional encargada de investigar el crimen organizado) detuvieron a un oficial de policía sénior y a un capitán en Vereeniging (a 20 kilómetros de Johannesburgo) por delitos relacionados con la trata.
Sin embargo, no siempre es fácil identificar la trata en la nación arcoíris. En mayo de 2020, mientras Suráfrica salía de su primer confinamiento por la Covid-19, el Gobierno aprovechó su estrecha relación diplomática con Cuba para lograr que este país enviara a casi 200 médicos cubanos que ayudaran al sistema sanitario en ese momento de dificultad. En junio de 2020, se reveló el coste de esta empresa: 239 millones de rands (aproximadamente 13,4 millones de euros, equivalente a 67.000 euros por médico). En ese momento, el presidente de la Comisión de Sanidad, Sibongiseni Dhlomo, declaró: “Estos son especialistas que no tenemos en el país”. Casi un año después, el informe anual del Departamento de Estado, concluyó que este episodio podría haber constituido tráfico de personas, ya que el Gobierno cubano pudo haber obligado a los médicos a aceptar esta misión, y los acuerdos que suele hacer habitualmente requieren el pago directo al Ejecutivo. A los trabajadores únicamente se les compensa con entre el 5% y el 15% de su sueldo, y solo después de haber completado la misión. Los médicos en Cuba ganan, en promedio, alrededor de 62 euros al mes (un sueldo tan bajo que muchos se convierten en guías turísticos o trabajan en la hostelería para ganar exponencialmente más), pero ¿fue este un caso de trata, explotación o trabajo forzado? Esta confusión es parte de lo que dificulta combatir el problema.
Recomendaciones para combatir la trata de personas
La arraigada naturaleza de la trata en el país hace que sea extraordinariamente difícil combatir adecuadamente el problema. Sin embargo, la creación de mecanismos para desincentivar la industria y hacerla menos lucrativa podría ser un curso de acción eficaz. Un artículo publicado por la Universidad Wits de Johannesburgo argumentaba que facilitar la inmigración legal y simplificar en gran medida ese proceso reduciría el riesgo de que los migrantes fueran explotados y “reduciría las oportunidades para que los traficantes engañen a los migrantes potenciales y se beneficien de la explotación”. Además, la despenalización del trabajo sexual (que a veces, aunque no siempre, está relacionado con la trata) permitiría que la gente estuviera más dispuestas a ayudar en las investigaciones policiales de la trata, y pasarían de ser perseguidos a protegidos. Chandré Gould y Nicolé Fick sugieren lo mismo en su estudio seminal sobre el trabajo sexual y la trata de personas, Selling Sex in Cape Town: “Estamos convencidos de que la criminalización del trabajo sexual crea condiciones dentro de las cuales la corrupción y el abuso policial no solo son posibles, sino casi inevitables”.
El Gobierno no puede resolver este problema solo a través de la legislación. Para diseñar un plan de lucha efectivo, debe abordar las condiciones sistémicas que permiten que la trata prospere. Los programas piloto a pequeña escala podrían proporcionar financiación pública limitada a comunidades vulnerables, así como a organizaciones locales, para iniciativas como mejorar el empleo (a través de subsidios públicos a empresas locales o programas de capacitación/reciclaje laboral). Proporcionar una mayor educación sobre el VIH en las escuelas, una atención médica mejorada para quienes viven con él y una formación financiera básica ayudaría a reducir las desesperadas circunstancias económicas y sociales de las que se aprovechan los traficantes. El objetivo sería crear comunidades más autosuficientes, cuyos residentes se sientan menos atraídos por ofertas de trabajo u otro tipo de propuestas sospechosas.
El Ejecutivo surafricano tampoco debe subestimar el poder de las comunidades locales para ayudar a combatir este problema. Según A21, el 56% de las víctimas en 2020 fueron identificadas por miembros de la comunidad, y ya existe una diversa red de organizaciones por todo el país con las que el Gobierno podría asociarse para reducir el malestar social y económico del que se beneficia la trata de personas. En Pretoria, al norte de Johannesburgo, Mandisa Mfeka dirige Winged Spanner, una organización de educación financiera básica que tiene como objetivo “empoderar a las personas proporcionándoles las herramientas que necesitan para emanciparse de las deudas (la esclavitud moderna) y crear un futuro económicamente seguro para ellos y sus seres queridos”.
Mientras tanto, en Gqeberha, en la provincia Cabo Oriental, Jacqui Thomas dirige The Pink Ladies, una organización de voluntarios dedicada a ayudar a encontrar y devolver a niños desaparecidos y explotados en todo el país. El grupo ya trabaja directamente con el Servicio de Policía de Suráfrica, pero esto solo se ha logrado gracias a la obstinada determinación de sus fundadores y a la negativa local a ser ignorados por las autoridades. Por último, la Fundación Trevor Noah se centra en mejorar la educación en todo el país para que los jóvenes puedan “crear un futuro para sí mismos y, colectivamente, una Suráfrica mejor”. Empoderar a los líderes y organizaciones locales solo puede ayudar a que se extienda la concienciación por más comunidades y a fortalecer las redes existentes que combaten el tráfico y el abuso. La tenacidad de las organizaciones locales y de las personas que hay detrás demuestra que los ciudadanos están motivados para ayudar a resolver estos problemas. La mayoría funciona gracias a donaciones y, a menudo, con poca o ninguna remuneración. No es difícil imaginar lo que serían capaces de hacer con una mayor financiación y el apoyo formal del Gobierno.
El difícil camino por delante
Los desafíos para el futuro de Suráfrica estarán en el difícil trabajo de desenredar los intereses de la trata de personas actualmente enmarañados con las instituciones públicas, cortar su influencia y procesar a los responsables. La situación en el país es difícil pero no desesperada. El entusiasmo que continúan mostrando las organizaciones locales es una señal alentadora y el Gobierno debería hacer todo lo posible para impulsar estos movimientos de base. Al conmemorar el Día de la Abolición de la Esclavitud en diciembre de 2021, el secretario general de la ONU, António Guterres, declaró: “Algunos pueden creer que la esclavitud es cosa del pasado, [pero] este mal continúa siendo una lacra de nuestro mundo moderno. Unamos fuerzas para poner fin a la degradación y la inhumanidad de la esclavitud moderna de una vez por todas”. A través de la oscuridad actual, la nación arcoíris todavía tiene la posibilidad y los medios para combatir eficazmente la trata de personas y, al igual que los rescatados en Midrand, la oportunidad de un futuro mejor.
