El Kremlin busca atar en el poder a sus aliados Lukashenko y Maduro, pero sin renunciar a todo tipo de opciones.
La escena parecía retrotraer tiempos soviéticos. Mientras en la capital bielorrusa Minsk, las protestas contra un presunto fraude electoral denunciado por la oposición en agosto pasado seguían su curso, el atribulado mandatario bielorruso Aleksandr Lukashenko se dirigía el 15 de septiembre a la localidad rusa de Sochi, bucólico balneario en el Mar Negro, para reunirse con su eterno aliado y vecino, Vladímir Putin.
La reunión entre Putin y Lukashenko, preliminarmente realizada a puerta cerrada, fue seguida con atención por los medios de comunicación y los actores políticos involucrados en la crisis bielorrusa. Era previsible que lo que se decidiera en Sochi ejercería una enorme influencia en la crisis política que vive Bielorrusia.
Bielorrusia: ¿con o sin Lukashenko?
Las declaraciones de la cumbre Putin-Lukashenko seguían, a priori, un guión previsto. Moscú le otorgará a su "amigo" bielorruso un crédito gubernamental de 1.500 millones de dólares, esencial para acometer este "difícil momento", tal y como sugirió Putin. Existen razones estratégicas para ello: Rusia es el destinatario del 50% de las exportaciones bielorrusas. Además, unas 2.500 empresas rusas están asentadas e invierten en Bielorrusia.
Incluso hay lazos históricos y culturales entre ambos países eslavos que parecieran reeditar la idea del Estado unificado entre el "hermano mayor" Rusia y su "hermano menor" Bielorrusia. Por ello, Lukashenko habría pedido un mayor apoyo ruso en el marco de la Organización del Tratado de Defensa Colectiva (ODKV en ruso) firmado en 1994 entre varios países del bloque exsoviético. Putin movilizó efectivos policiales y de seguridad con la aparente orden de intervenir en Bielorrusia en caso de descontrol de las protestas y su posibilidad de que afectaran los intereses de Moscú.
Durante la cumbre de Sochi, Putin realizó una declaración enigmática que generó suspicacias sobre qué fue lo que realmente se trató en el balneario ruso. Putin afirmó que Rusia cumplirá sus obligaciones con Bielorrusia "con independencia de quien se encuentre en el poder en ese momento" en Minsk.
La declaración parecía confirmar que Putin ya tendría asegurados los intereses rusos esté o no Lukashenko en el poder y que la hipotética Bielorrusia "post Lukashenko" parece estar en la mesa de negociación.
No obstante, el notorio silencio del presidente ruso ante la crisis bielorrusa resultaba enigmático para Europa. Este silencio podría interpretarse como una táctica para evitar reproducir en Bielorrusia algo similar a la "crisis Crimea-Ucrania" de 2014, que ha perjudicado enormemente las relaciones ruso-occidentales, sanciones mediante.
La posición oficial del Kremlin en Bielorrusia se basa en propiciar una solución negociada entre las partes y la posibilidad de un nuevo proceso electoral, algo que parecía a priori conectar con las demandas de la oposición bielorrusa liderada por Svetlana Tijanóvskaya, actualmente refugiada en Lituania.
Por ello, el pacto renovado entre Putin y Lukashenko tiene varias lecturas. El Kremlin sigue apostando oficialmente por su aliado en Minsk, pero ya avizora escenarios futuros donde la oposición pueda tener un peso político específico.
Antes de marchar a Sochi para su reunión con su homologo, Lukashenko habló de una reforma constitucional en Bielorrusia que "descentralice" el poder. La oposición bielorrusa ya rechazó esta medida que consideró "cosmética".
Mientras busca cómo contener unas protestas aún masivas en Bielorrusia, el Kremlin ata a Lukashenko para ganar tiempo e intentar dilatar y dividir a la oposición bielorrusa a través de la oferta de reforma constitucional, el crédito financiero suministrado al atribulado presidente bielorruso y la posibilidad de que las protestas en las calles de Minsk se enfríen.
A mediados de octubre, Tijanóvskaya lanzó una especie de ultimátum a Lukashenko como eje de presión para que renunciara a la presidencia y liberara a los presos políticos. Mientras, la Unión Europea aprobaba sanciones contra Lukashenko y el Grupo de Visegrado, conformado por Polonia, Eslovaquia, Hungría y la República Checa, anunciaba una propuesta de ayuda económica para la transición en Bielorrusia. La crisis política en el país parecía entrar en una fase de estancamiento, lo cual beneficia a los intereses de Putin.
Venezuela y CITGO
Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Venezuela? Como el de Lukashenko, el régimen de Nicolás Maduro es un aliado clave para los intereses hemisféricos occidentales de Putin.
Estos intereses rusos en Venezuela se miden ahora ante dos procesos electorales, uno que ya ha tenido lugar y otro a la vista. El primero, las presidenciales estadounidenses del 3 de noviembre, en las que los resultados han otorgado a Joseph Biden la presidencia, pero su contrincante Donald Trump aduce fraude y acudirá a tribunales para impugnar la elección: El segundo, las legislativas venezolanas del 6 de diciembre, en las que Maduro ansía recuperar, vía proceso electoral que la oposición considera fraudulento, la Asamblea Nacional para enterrar definitivamente el interinato presidencial de Juan Guaidó.
La Unión Europea ya anunció que no enviará delegación oficial a las legislativas venezolanas, aduciendo la falta de garantías de transparencia electoral y el escaso tiempo para preparar la delegación europea. También ha reafirmado su apoyo a Guaidó y su desconocimiento presidencial tanto de Maduro como de Lukashenko.
Ante este panorama, Putin busca sacar partido de ambos procesos. En el caso de EE UU, ha mantenido una distancia prudencial. Ha manifestado que reconocerá al próximo presidente estadounidense una vez se haya oficializado el escrutinio completo. El Kremlin sabe que un eventual retorno del Partido Demócrata a la Casa Blanca reforzaría las investigaciones sobre la presunta injerencia rusa en el país desde 2016, que Trump ha logrado despejar de forma intermitente a nivel judicial con cierto costo político. En 2018, el Partido Demócrata ganó las legislativas estadounidenses, el famoso "mid-term".
La preocupación para Putin no se limita a las acusaciones de presunta penetración de hackers rusos en las elecciones 2016 vía fake news, un asunto de seguridad nacional en EE UU. Lo que preocupa al Kremlin es el futuro de las operaciones realizadas entre Maduro y la estatal rusa Rosneft sobre CITGO, la filial en territorio estadounidense de Petróleos de Venezuela (PDVSA), desde comienzos de 2016, cuando la Asamblea Nacional venezolana pasó a manos de la oposición y bloqueó esta operación.
Esta inquietud es mayor tomando en cuenta que los demócratas tienen la mayoría en el Congreso estadounidense y, con Biden en la Casa Blanca, acelerarán esas investigaciones con CITGO en el foco. Un tribunal en EE UU ya ha denunciado la ilegalidad de la operación de venta de acciones de CITGO a Rosneft.
El tema CITGO también tiene su influencia en las legislativas venezolanas. Putin apoya el proceso electoral del 6D en Venezuela y quiere una nueva Asamblea Nacional madurista con escasa presencia opositora que no incomode la aprobación definitiva de la venta de CITGO a Rosneft. Ya lo intentó en enero pasado, con el fiasco de la boutade del diputado Luis Parra cuando el madurismo intentó arrebatarle, de forma ilegal y por la fuerza, la AN a Guaidó.
Pero ahora, Putin maneja otras cartas. Necesita a CITGO como elemento de presión en la Casa Blanca y más ahora cuando se vislumbra a Biden en la presidencia en Washington. Es por tanto posible conjeturar con que el silencio de Putin a la hora de reconocer los resultados electorales en EE UU, tenga que ver con sus estrategias en torno a la venta de CITGO a Rosneft.
Y en ello entra también la posibilidad de que Putin espere con ansiedad que Maduro recupere el control del Poder Legislativo en Venezuela, tras las elecciones de diciembre próximo y con la asunción de una nueva directiva de la Asamblea Nacional en enero de 2021, coincidiendo con la toma de posesión del próximo presidente estadounidense.
Con el eventual final de la ‘era Guaidó’ al frente de la Asamblea y una nueva directiva madurista en el Poder Legislativo, la operación de venta de CITGO a Rosneft se reactive de inmediato, beneficiando los intereses rusos.
En este sentido debe observarse la reciente ley "antibloqueo" aprobada a mediados de octubre por la madurista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y que prevé posibles concesiones petroleras a aliados de Maduro, como son los casos de Rusia, Cuba, China, Irán y Turquía, a cambio de liquidez financiera, sumamente importante cuando se avecinan unas elecciones en Venezuela.
La "operación Capriles" y la vía turca
Otro problema para Putin es saber en qué medida la próxima Administración en la Casa Blanca seguirá apostando por Guaidó como líder de la transición en Venezuela.
El órdago lanzado por Henrique Capriles Radonski y otros líderes opositores como Stalin González en agosto pasado de romper la hoja de ruta de Guaidó y presentarse para las elecciones legislativas prêt-à-porter del régimen madurista, de seguro ha sido bien recibido en el Kremlin. Si bien Capriles y González posteriormente se retractaron y anunciaron que no participarían, el órdago confirmó la división en las filas opositoras, desacreditando el liderazgo de Guaidó y colocándolo en una posición delicada.
A esto debe agregarse la enigmática salida de Venezuela, a mediados de octubre pasado, de Leopoldo López, uno de los principales líderes opositores y mentor político de Guaidó. Tras año y medio refugiado en la residencia del embajador español en Caracas, López recaló en Madrid. Su salida de Venezuela deja más incertidumbres que certezas sobre la capacidad real de Guaidó y de la oposición venezolana para salir de Maduro.
Con ello, la decisión de Capriles pareciera hacerle el juego a Maduro, lo cual ha provocado la implosión del denominado "G4″ dentro de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). El plan de Maduro es abrir los canales de una realpolitik orientada a posibilitar una cohabitación entre una oposición dócil y el establishment del régimen actual.
Esta perspectiva en Venezuela es la que Putin está igualmente buscando en Bielorrusia: un pacto entre las élites del régimen de Lukashenko y una oposición que moviliza grandes porciones de la sociedad y cuenta con el apoyo internacional, pero cuyo verdadero peso político dentro del estamento bielorruso es aún una incógnita.
En esta "operación Capriles" está la conexión vía Turquía, un país que ha virado recientemente su orientación geopolítica a favor de Rusia y China en detrimento de la tradicional orientación atlantista turca vía OTAN.
Tras la ruptura de Capriles con la hoja de ruta de Guaidó, el canciller turco Mevlut Cavusoglu confirmó esa dimensión de la vía turca en Venezuela. Aseguró que Capriles y Stalin González hablaron con funcionarios turcos para que se garantizara la presencia de observadores internacionales en el fraude electoral que Maduro organiza para las legislativas. Capriles confirmó estos contactos.
En los últimos años, Turquía ha aumentado exponencialmente su presencia en Venezuela no sólo en el aspecto económico sino también de relaciones diplomáticas y políticas favorables a Maduro. Su representación en el Arco Minero y el negocio internacional del oro venezolano es igualmente patente.
La vía turca en Venezuela muy probablemente lleve el sello del Kremlin, diversificando así sus actores y alianzas en Venezuela a través del eje euroasiático que Putin ha trazado con Turquía e Irán, en el cual China es también un socio estratégico.
La "operación Capriles" diseñaría un presunto plan de mediación turca en la crisis venezolana. Esto puede explicar el porqué de los indultos de Maduro a 119 presos políticos desde finales de agosto, con la intención de lavar su maltrecha imagen internacional y ganar tiempo para desgastar a Guaidó vía Capriles.
Tanto Turquía, como Rusia e Irán, diseñaron una red internacional de apoyo financiero a Maduro que le permitiera saltarse las sanciones internacionales vía EE UU y la Unión Europea. Esa red tiene un nombre clave: Álex Saab.
La posibilidad de la extradición a EE UU de Álex Saab, actualmente preso en Cabo Verde, acelera estos contactos turcos con Capriles y una mediación con el aval ruso. Pero esta eventual extradición ha quedado momentáneamente paralizada.
Saab ha sido el cerebro de esta red financiera internacional que favorece a Maduro, razón por la que el Kremlin busca alternativas en Venezuela que despeje cualquier posibilidad de verse involucrado en las acusaciones que Saab realizaría ante la justicia estadounidense.
El "caso Saab" también tendría extensión colateral con el "affaire Navalny" en Rusia, ya que el líder opositor ruso investiga la corrupción estructural y endémica del régimen de Putin. Con Saab en posible vía de extradición a EE UU, Putin busca borrar cualquier tipo de evidencias.
De imponerse la "opción Capriles" como elemento de división en la oposición venezolana de cara a las legislativas, apuntándolo como el posible rostro de la "oposición dócil" que busca Maduro con asesoría rusa, Putin podría haber conseguido en Venezuela una solución similar a la que acaba de alcanzar con Lukashenko en Bielorrusia. Del mismo modo, el apoyo irrestricto de Putin a Maduro es un fait accompli que se reforzará una vez se conozca el ganador en las presidenciales estadounidenses.
Para Maduro, la alianza con Putin es esencial. A finales de octubre, anunció la creación de un Consejo Militar, Científico y Tecnológico en Venezuela, que contaría con la "asesoría y ayuda" de aliados a su régimen como son los casos de Rusia, Irán, China y Cuba. Maduro argumentó la necesidad de este consejo por las presuntas amenazas que contra su régimen se observan desde EE UU y Colombia.
Con este panorama en Venezuela, Putin lanza un mensaje mucho más decidido a la Casa Blanca en lo relativo a que cualquier solución de las crisis en Bielorrusia y Venezuela deberá contar estrictamente con el aval ruso. En perspectiva, ambas soluciones "a la Putin" definen qué tan atados están Lukashenko y Maduro de las decisiones que se toman en el Kremlin.
