Vista general del complejo del monasterio en ruinas de Dadivank. (Jonathan Alpeyrie/Getty Images)

Políticos, instituciones e investigadores denuncian que Azerbaiyán está destruyendo deliberadamente los monumentos armenios en las zonas fronterizas en disputa. ¿Qué acciones se pueden llevar a cabo para evitar la destrucción del patrimonio cultural armenio? 

La segunda guerra de Nagorno Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, en otoño de 2020, se cerró en falso. En la frontera sigue habiendo tiroteos esporádicos y escaladas de tensión. El acuerdo de paz, supervisado por Rusia, dejó bajo control de Azerbaiyán, muy superior a Armenia económica y militarmente, varios de los territorios en disputa. Para comprender la ambición azerí de apoderarse de esta zona, históricamente de mayoría armenia, es crucial detenerse en su proyecto nacionalista que promueve la saga de los Aliyev: Heydar Alíyev, presidente del país entre 1993 y 2003, y su hijo Ilham, al frente desde entonces.

Los armenios son un pueblo de lengua indoeuropea, con alfabeto propio y con una antiquísima tradición cristiana, rodeado de naciones de lengua turca y religión musulmana, entre ellas la azerbaiyana. Esta circunstancia les ha procurado a los armenios numerosos conflictos y persecuciones por parte de sus vecinos, culminadas con el genocidio perpetrado por los turcos entre 1915 y 1923. Aquella pretensión otomana de homogeneizar el imperio (una sola lengua, una sola etnia, una sola religión) es antecesora de la actual visión nacionalista y expansionista del gobierno de Azerbaiyán. Solo una lengua, una etnia y una religión en los territorios históricos de la nación. La cultura armenia es una anomalía y una importación extranjera.

“Todo se remonta a 1992, durante la primera guerra de Nagorno Karabaj, en la ciudad vieja de Bakú”, explica el historiador estadounidense de origen armenio Christopher J. Khachadour, que investiga el genocidio armenio en la Universidad de California, “cuando una iglesia armenia fue derruida y construyeron un café en su lugar”. Ese fue el comienzo de una destrucción y falsificación exhaustiva, promovida desde el Estado, del patrimonio armenio en las regiones en disputa. 

Programa estatal de borrado cultural sistemático

Adam Thomas Smith es profesor en el Departamento de Antropología de la Universidad de Cornell, codirige el observatorio Caucasus Heritage Watch (CHW) y lleva trabajando en la zona desde hace tres décadas: “Es evidente que existe un programa estatal de borrado cultural sistemático que se dirige contra monumentos armenios, ya sean iglesias, monasterios o cementerios”. Sus múltiples visitas a la región, además de las investigaciones basadas en imágenes por satélite, puesto que Azerbaiyán no les autoriza a acceder a la zona, le permiten dar algunos datos que ilustran la dimensión del fenómeno: entre 1997 y 2011, fueron derribadas 108 de las 110 iglesias armenias de la región de Najicheván, históricamente armenia pero hoy bajo jurisdicción azerí. 

Según escribe Simon Maghakyan, exdirector de Save Armenian Monuments e investigador en la Universidad de Cranfielg, en 2006 el gobierno de Azerbaiyán había destruido “los 28.000 monumentos religiosos armenios de Najicheván”. Esa cifra incluye 22.000 tumbas y cerca de 5.900 “hatchkars” del siglo XVI, unas cruces funerarias características de la arquitectura armenia. Esta campaña de demolición afectó a la necrópolis de Djulfa -el mayor cementerio medieval armenio- o el monasterio de Santo Tomás de Agulis, en cuyo solar se inauguró una mezquita en 2014. Otros monumentos fueron reconstruidos siguiendo el estilo arquitectónico azerí.

Las autoridades azerbaiyanas sostienen que esos edificios nunca han existido. Nasimi Aghayev, hasta hace pocos meses embajador de Azerbaiyán en Washington, declaró en 2019 que se trataba de “un producto de la imaginación armenia”. En abril de 2011, Azerbaiyán impidió que el embajador de Estados Unidos visitase los restos del cementerio de Djulfa, donde el diplomático pretendía buscar pruebas de la destrucción de las cruces.

Demolición y reforma

Tras la guerra de 2020 y la consiguiente reorganización de fronteras, 1.456 de los 4.000 monumentos armenios de Nagorno Karabaj, según las cifras citadas en una resolución del Parlamento Europeo, quedaron bajo control azerí. Entre ellos hay 161 iglesias, el sitio arqueológico de Tigranakert (parcialmente destruido durante el conflicto) y ocho museos estatales con más de 19.000 piezas. Pese a la presencia de soldados rusos, Smith ve “amenazas considerables al patrimonio armenio en la zona. Muchos monumentos han sido dañados y otros están en peligro”.

Durante la última guerra de Nagorno Karabaj varios monumentos armenios fueron atacados por el ejército azerí. La catedral de Sushi fue alcanzada en dos ocasiones y, tras la toma de la ciudad, las autoridades emprendieron una “reforma” de la misma que les llevó a desmantelar la icónica cúpula del templo. Según Bakú, el objetivo era devolverle su aspecto “original”.

Los derribos prosiguieron tras el alto al fuego. Un ejemplo es la iglesia de Zoravor Surp Astvatsatsin, en la localidad de Mekhakavan, que cayó bajo control azerí. Resultó intacta durante el conflicto, pero fue demolida meses después, según descubrió una investigación de la BBC. El Ministro de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán no le dio importancia. Dijo que la iglesia se había construido “hace solo cinco años” y que “no forma parte de la historia cultural de Jabrayil”. Según CHW, también fueron destruidos varios cementerios armenios. 

Además de la demolición de edificaciones, las autoridades armenias denuncian la “apropiación y falsificación de la herencia cultural armenia”. En diciembre de 2021, el gobierno azerí le envió una carta a Google solicitándole que eliminase los “falsos” nombres armenios de Google Maps para sustituirlos por la toponimia oficial de Azerbaiyán. Cuenta Khachadour que, si uno “busca en Google Maps iglesias armenias, verá que su descripción indica que es una iglesia albanesa o caucásica, cuando es claramente una iglesia armenia, como indican sus inscripciones”. 

En marzo de 2021, Aliyev visitó en Hadrut lo que quedaba de una iglesia armenia del siglo XII. Al presidente le pareció que aquello tenía el aspecto de “un vertedero”, y se detuvo en las inscripciones en alfabeto armenio de las paredes: “Son falsas”, sentenció, “fueron escritas mucho más tarde”. En consonancia con el dictamen presidencial, Azerbaiyán inició una campaña para borrar esas “falsas” inscripciones armenias.

Hace pocos meses, el gobierno azerí anunció que “un grupo de especialistas” iba a revisar las inscripciones de los lugares religiosos de Nagorno Karabaj con el objeto de “retirar los rastros ficticios escritos por los armenios”. Para Smith, la verdadera intención es “reescribir la historia para decir que solo los azeríes han vivido en esa zona. Aliyev tiene un sentido extremo de la nación, un sentido de eternidad: nosotros hemos estado aquí desde siempre y debemos estar para siempre”.

Presión internacional o reconciliación cultural

La ya citada resolución del Parlamento Europeo, aprobada en marzo de 2022, acusa a Azerbaiyán de estar cometiendo un “genocidio cultural” en Nagorno Karabaj. El término es complejo y confuso jurídicamente. Smith prefiere ser más cauto: “Hay un borrado cultural, que es de lo que tengo pruebas. El término de genocidio cultural se lo dejo a los expertos legales, que conocen sus implicaciones”. 

La Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, suscrita en 1954, sentencia que los “daños ocasionados a los bienes culturales pertenecientes a cualquier pueblo constituyen un menoscabo al patrimonio cultural de toda la humanidad”.

En base a esta doctrina y a otras normativas internacionales, como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1999, se han dictado varias sentencias condenatorias por destrucción del patrimonio. El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia condenó al croata Tihomir Blaskić a 45 años de prisión por crímenes contra la humanidad, entre los que se citaba la destrucción masiva y deliberada de mezquitas bosnias. También fue castigado el bombardeo serbio sobre la ciudadela medieval de Dubrovnik.

Más recientemente, en 2016, la Corte Penal Internacional condenó a un terrorista maliense a pagar 3,2 millones de dólares por destruir varios santuarios y una mezquita del siglo XIV en la ciudad antigua de Tombuctú. 

Esa misma institución emitió el año pasado un documento instando a Azerbaiyán a “tomar todas las medidas necesarias para evitar y castigar los actos de vandalismo y profanación contra el patrimonio cultural armenio”. También la UNESCO ha apercibido a Azerbaiyán, y ha solicitado repetidamente enviar una delegación de técnicos al terreno para inventariar y evaluar el estado del patrimonio armenio. Azerbaiyán no ha autorizado la entrada de la misión en su territorio.

Para acabar con el problema, Smith opina que es necesario “un esfuerzo internacional en varios frentes. La UNESCO debe jugar un papel importante, y gobiernos como el ruso, el turco o el iraní deben dejar claro que la destrucción del patrimonio no es aceptable. También es necesario conseguir pruebas forenses para que la Corte Penal Internacional pueda juzgar a los responsables”. Khachadour piensa que “será difícil que haya un juicio”, y añade que lo ideal sería “un cambio de gobierno en Azerbaiyán” o, en su defecto, “que haya presiones y sanciones internacionales” contra el país. 

Hay ejemplos recientes de reconciliación cultural que pueden ser inspiradores. En 2012, se creó en Chipre una comisión cultural interreligiosa de griegos y turcos con el objetivo de restaurar y proteger los monumentos amenazados, tanto iglesias como mezquitas, en ambas partes de la isla. Antes de la guerra hubo tímidos movimientos en ese sentido en Nagorno Karabaj. Ahora, con un goteo lento y constante de muertos en la frontera, las prioridades son otras.