La guerra del Estado laico kemalista contra el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo, del primer ministro Erdogan, alcanza también al poderoso y desconocido Movimiento Gülen, una de las cofradías religiosas con mayor influencia en Turquía.

 

El edificio del laicismo revolucionario turco está en llamas y el pirómano se sienta en el Gobierno, parecen clamar a gritos los kemalistas turcos. Según la demanda de ilegalización del partido gobernante interpuesta por el fiscal general de Ankara, Abdurrahman Yalcinkaya, Turquía corre peligro de convertirse en un Estado regido por la ley islámica. El texto de la querella presentada el 14 de marzo por Yalcinkaya y aceptada por el Constitucional dos semanas después sostiene que el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) intenta socavar los cimientos de los principios laicos de la Constitución, pues el proyecto que representa (el islam político) defiende que la soberanía pertenece a Alá y reivindica de forma totalitaria el derecho a regular la cosa pública mediante el poder divino. Con el intento de legalizar el uso del velo en las universidades, sus militantes instrumentalizan el pañuelo en una contrarrevolución que ya se palpa en la educación, la cultura, la economía y la vida social.

 

 

Si fracasan por medios democráticos, pronostica Yalcinkaya, los detractores del régimen laico y la revolución republicana estarían dispuestos a recurrir a la yihad (guerra santa), y han empezado a vengarse gracias a un renovado apoyo internacional. Una visión que está en consonancia, no por casualidad, con discursos de los últimos años del ex presidente Ahmet Necdet Sezer, y con comunicados del Ejército que advertían de que Turquía se enfrentaba al mayor peligro de su historia. Este tono alarmista, fundado o no, encuentra también eco en las fuerzas liberales que parten, en palabras del periodista Etyen Mahcupyan (sucesor del asesinado Hrant Dink al frente del periódico turco-armenio Agos), de que el país euroasiático está frente a un dilema claro: fascismo o democracia.

Yalcinkaya pide la inhabilitación durante cinco años de 70 miembros del AKP –que cosechó un 46,7% de votos en las legislativas del pasado julio–, así como del presidente Abdulá Gül, también con raíces islamistas, pero ya desligado del partido de forma oficial. En caso de que la demanda tuviera éxito, el primer ministro Recep Tayyip Erdogan perdería la inmunidad parlamentaria y estaría supeditado a la clemencia o no de futuros juicios por similares cargos. Curiosamente, Erdogan es colíder, junto con el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, del flamante proyecto de la Alianza de Civilizaciones, que ha conseguido el dudoso privilegio de ser incorporada por su nombre a la demanda de prohibición del AKP. El supuesto delito del premier habría sido preguntarse ante la prensa sobre la necesidad de prohibir símbolos políticos, en clara alusión al velo (allí denominado türban). El fiscal y gran parte de la prensa laicista interpretan estas palabras como una confesión: el líder considera el pañuelo –cuyo uso en edificios estatales fue motivo de desestabilización política ...