El príncipe saudí Mohamed bin Salman, quien se encarga de implementar el plan Visión 2030, en una cumbre en Riad. Fayed Nureldine/AFP/Getty Images
El príncipe saudí Mohamed bin Salman, quien se encarga de implementar el plan Visión 2030, en una cumbre en Riad. Fayed Nureldine/AFP/Getty Images

La reforma económica del reino para acabar con la dependencia del petróleo, entre otros objetivos, podría implicar no solo un enfoque tecnocrático sino también la necesidad de abordar cambios políticos.

Arabia Saudí presentó en el pasado abril un programa de reforma económica, basado en la diversificación, la privatización y la inversión, para hacer frente a los bajos precios del crudo de los últimos años. Ya en enero, en Davos, Khalid al Falih, entonces ministro de Sanidad y que hoy ocupa la cartera de Energía, presagiaba que el petróleo por debajo de 30 dólares el barril ayudaría a estimular la reforma y restructuración de la economía hacia un Gobierno más pequeño y efectivo y un sector privado más destacado.

El nuevo plan, Saudi Vision 2030, y el más detallado Plan de Transformación Nacional que lo acompaña  (publicado en junio), comprenden ambiciosos objetivos nos solo económicos sino también en términos de gobernanza, con una aparente apuesta por la transparencia y la rendición de cuentas, bajo un enfoque tecnocrático de gestión de proyectos. Lo que no está tan claro es por qué esta vez funcionará cuando anteriores planes de desarrollo y esfuerzos por diversificar han fracasado.

Económicamente se pretende hacer del sector privado el motor de crecimiento y así reducir la dependencia en el gasto estatal. Para ello se propone un programa neoliberal de privatización de varios sectores económicos con el objetivo de incrementar los ingresos no procedentes del crudo. El plan incluye objetivos específicos como incrementar el sector privado del 45% a 60% del PIB, conseguir que las exportaciones no petrolíferas representen un 50% del PIB en 2030 y que la producción del gasto militar sea más del 50% local en 2030. Además se procederá a la venta del 5% de Aramco (la empresa estatal de petróleo y gas) en 2018 y la recaudación será destinada al Fondo de Inversión Privado con la idea de transformarlo en un fondo de inversión soberano que se estima tendrá un valor de 2 billones de dólares.  El imperativo es diversificar y reducir el papel estatal, tanto en términos de inversión como de gasto público y de provisión de empleo. El problema es que la economía, incluyendo el sector privado, depende estructuralmente del Estado. De hecho, algunas empresas que viven de contratos con el Estado, ya han sufrido el impacto de la deceleración en la asignación de proyectos y pagos, y están atrasando el pago de salarios.

La reforma del mercado laboral, y la creación de empleo en el sector privado, serán factores clave a la hora de implementar la Visión 2030. Los objetivos marcados incluyen reducir el desempleo del 11,6% al 7% en 2030 y crear 450.000 puestos en el ámbito privado en 2020, incluyendo para mujeres, a través de la expansión de sectores no petrolíferos como el minero, la sanidad o el turismo. Al mismo tiempo, reconociendo la insostenibilidad del ...