Rumania1200x400
Base militar al este de Bucarest sospechosa de haber sido utilizada, en colaboración con la CIA, como prisión para sospechosos de terrorismo. Daniel Mihailescu/AFP/Getty Images

La existencia o no de las cárceles de la agencia de inteligencia estadounidense en territorio rumano sigue generando controversia, pesar de que varios informes, eso sí, algunos codificados, revelan que ha habido distintos centros de detención en varios países del Este de Europa.

El pasado junio el Parlamento rumano aprobó su nueva Estrategia de Defensa en la que se enfatiza la Alianza Estratégica que le une a Estados Unidos y el compromiso de Rumanía con la OTAN, a la que considera el principal garante de la seguridad nacional. Dentro del compromiso con la organización, y con la vista puesta en la amenaza que Rusia representa para los países del Este de Europa, el Parlamento rumano ha autorizado, además, por unanimidad, la instalación de dos nuevas bases militares en Bucarest. La cada vez mayor presencia de EE UU en la región incomoda a Moscú y desde su Ministerio de Defensa, Viktor Yesin, ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Misiles Estratégicos, no ha dudado en amenazar a Rumanía. Este país alberga una base estadounidense antimisiles, actualmente en construcción, en Deveselu, en el sur, que ha sido situada en el primer puesto de la lista de prioridades de ataque de Rusia en caso de ser agredido por Estados Unidos.

Rumanía es un aliado fiel y comprometido de Washington con el que mantiene relaciones diplomáticas desde 1964, pero cuyos lazos se vieron fortalecidos a partir de los 90 cuando EE UU comenzó a dar los primeros pasos para estrechar las relaciones con un país clave desde el punto de vista estratégico en el este de Europa. Y Bucarest no ha titubeado a la hora de agradar siempre a su aliado con tal de hacerse con un hueco en el sistema internacional tras veinte años de dictadura. La colaboración más polémica fue sin duda el emplazamiento en su territorio de un centro de detención secreto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) cuya existencia se ha hecho cada vez más evidente, pero que aún no ha sido confirmada por los líderes rumanos.

La polémica sobre la existencia de una supuesta prisión de la  CIA se abrió nuevamente con las declaraciones del ex presidente rumano Ion Iliescu a la publicación alemana Der Spiegel, el pasado mes de abril. El que lideró la transición postcomunista tras la caída del dictador Nicolae Ceausescu, reconoció haber aprobado una solicitud de EE UU para la construcción de un centro de la agencia de inteligencia estadounidense en Rumanía, aunque sin saber previamente con que fines se iba a utilizar, los detalles del acuerdo fueron establecidos por el ex Jefe del Departamento Presidencial, Ioan Talpes.

El supuesto centro de detención fue aprobado por el mismo Jefe de Estado en 2002, durante su tercer y último mandato. En la entrevista con Der Spiegel, el mandatario rumano se excusaba con que dicho emplazamiento constituía “un gesto de benevolencia” previo a la adhesión de Rumania a la OTAN hacia un aliado con el que, además, había combatido en Afganistán y Oriente Medio; una cuestión que calificó de menor.

La confesión llega después de que en 2005 la publicación estadounidense The Washington Post revelara por primera vez la existencia de “sitios negros” o, lo que es lo mismo, prisiones secretas, en el este de Europa, sin nombrar los países que colaboraban con EE UU por petición expresa de “altos funcionarios” estadounidenses bajo la excusa de que su divulgación podría frustrar la lucha contra el terrorismo y hacer que dichos Estados sean blanco de represalias. A pesar de las investigaciones llevadas a cabo por diferentes organismos internacionales con posterioridad, los distintos líderes rumanos han negado sistemáticamente tener conocimiento sobre la existencia de un centro similar en el país.

En junio de 2007, desde el Consejo de Europa se hacían públicos unos informes bajo el nombre de “Detenciones secretas y transferencias ilegales de detenidos que implica a los miembros del Consejo de Europa”. En el segundo documento de la serie conocida también como los Informes Marty, del senador suizo Dick Marty, se acusaba a Rumanía y Polonia de haber facilitado a la CIA instalaciones de detención secreta en el periodo 2003-2005, donde se llevaron a cabo torturas a los sospechosos en el marco del programa especial estadounidense llamado guerra en contra del terrorismo, activado tras los atentados del 11 de septiembre del 2001. Asimismo, se sostenía que al menos cinco oficiales rumanos conocían no sólo la existencia de dicho centro, sino las actividades que se llevaron a cabo en el interior del mismo: el por entonces presidente de Rumanía, Ion Iliescu; el presidente en el periodo 2004-2014, Traian Basescu; el jefe del Departamento Presidencial para la Seguridad Nacional hasta 2004, Ioan Talpes; el ex ministro de Defensa, Ioan Mircea Pascu; y Jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, Sergiu Tudor Medar.

Las declaraciones presentes en el documento de 72 páginas estaban basadas en las investigaciones llevadas a cabo por el Observatorio de Derechos Humanos a raíz de la publicación de The Washington Post, que desvelaban la intercepción de vuelos directos desde Afganistán con destino a Rumanía y Polonia en 2003 y 2004. En el caso rumano, la ONG aseguraba que desde 2002 EE UU había utilizado la base militar Mihail Kogalniceanu que tiene instalada en la ciudad con salida al Mar Negro de Constanza, para desplazar a detenidos desde y a Rumanía.

El informe de Marty admitía así que había “evidencias suficientes”, lo que desencadenó un proceso llevado a cabo por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyo fallo se pronunció, de momento, en contra de Polonia. En el primer juicio de julio de 2014, la Corte denunciaba a este país por haber incumplido sus obligaciones internacionales al permitir “la detención secretea, tortura y entrega extraordinaria de un ciudadano saudí y un apátrida palestino”, ambos sospechosos de haber perpetrado actos terroristas.  La sentencia de la Corte supone una advertencia para Bucarest en cuyo caso también podría haber implicaciones legales si se demuestra lo mismo que en el caso polaco.

Mientras los dirigentes rumanos lanzan mensajes incoherentes que se contradicen entre ellos, distintos documentos hacen cada vez más evidente lo que de momento es un secreto a voces. En diciembre del año pasado, el Senado de Estados Unidos desclasificó el Programa de Detención en Interrogatorio de la Agencia Central de Inteligencia, un extenso informe que detalla las técnicas de interrogatorio utilizados por la CIA en el periodo 2001-2009, pero en el que se mencionan también los supuestos sitios negros, entre otras cosas. Aunque muchos podrían haber visto en ello una oportunidad para esclarecer las dudas, la información contenida en el informe no sólo está parcialmente oculta –los nombres de personalidades y sitios clave están tachados–, sino que está codificada. A pesar de ello, una vez más, el diario The Washington Post llevó a cabo una labor de descodificación del documento en cuanto que se refiere a los países donde supuestamente la CIA abrió cárceles secretas, identificados en el informe mediante distintos colores.

Gracias a otros detalles presentes en el documento, tal como la publicación estadounidense afirmó, se han podido deducir la localización de ocho sitios repartidos entre Polonia, Lituania, Rumanía, Afganistán y Tailandia, cada uno con su color correspondiente, como el negro o azul en el caso rumano y polaco. Además, se pudo saber que por la sede de la presunta prisión secreta rumana habrían pasado importantes detenidos como es el caso del paquistaní Khaled Sheikh Mohammed, considerado el principal organizador de los atentados del 11 de septiembre, o el saudí Abd al Rashim al Nashiri, involucrado en el ataque de la nave militar USS Cole en octubre de 2000, entre otros. Además, en las investigaciones llevadas a cabo por fiscales militares estadounidenses, se han descubierto la existencia de cerca de 14.000 fotografías en formato electrónico tomadas en las cárceles secretas de la Agencia, la mayoría de ellas de Tailandia, Afganistán y Polonia, aunque también, presuntamente, de Rumanía. Las imágenes vetadas al público por, de nuevo, razones de seguridad, mostrarían a presos desnudos durante el transporte, a miembros de la CIA y de los servicios de inteligencia extranjera, y a los psicólogos Bruce Jessen y James Mitchell, considerados los artífices del programa de interrogación, pero también dependencias como baños y celdas.

El edificio que, supuestamente, entre 2003 y 2006 ha sido facilitado por Rumanía a la CIA se halló en la misma capital, Bucarest, que algunos identificaron con la actual sede del Registro Nacional de Informaciones Secretas (ORNISS), aunque tales afirmaciones, así como otros posibles emplazamientos han sido siempre refutadas.

La publicidad del informe del Senado ha desencadenado una Resolución del Parlamento Europeo aprobada en el mes de febrero, para llevar a cabo una investigación en este sentido, después de que la Unión Europea ya había instado en 2013 a su Estado miembro a llevar a cabo una investigación detallada y eficiente acerca de la colaboración de Rumanía con CIA. No obstante, el primer ministro Victor Ponta alegaba ignorar el asunto a pesar de que en 2005 en el Parlamento rumano indagara acerca de este tema y el presidente de la Comisión parlamentaria, el senador Norica Nicolai, concluyera que los aviones militares estadounidenses interceptados dentro del territorio rumano únicamente se hallaron debido a  causas “técnicas”, negando con ello la existencia de alguna prisión secreta.

Debido al escándalo desatado a raíz de la entrevista de Ion Iliescu en Der Spiegel, el expresidente se vio obligado a aclarar en su blog que en ningún momento ha admitido el hallazgo de algún centro de detención ilegal y que si hubiera sabido de las actividades que se desarrollaron en el sitio que él mismo consintió, seguramente habría rechazado la petición de la CIA.

Mientras los responsables de aquella época no se muestren contundentes y no dejen de desfilar entre declaraciones incoherentes o confusas, y mientras no haya una investigación seria que desemboque en  una sentencia similar al del caso de Polonia, las prisiones secretas de Rumanía seguirán siendo un secreto a voces.