Sombras sobre el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.AFP/Getty Images Mujeres bosnias musulmanes, supervivientes de la matanza de Srebrenica, ven en directo el jucio de Radovan Karadzic en el Tibunal Penal Internacional de la Antigua Yugoslavia. El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY), como dice Eric Gordy, surgió como un gruñido, después fue un estallido y ahora es un lamento. Su fundación en 1993 fue una respuesta dubitativa a los crímenes de las Guerras de Secesión de Yugoslavia; sin embargo, hubo una época en la que el tribunal pasó como un rodillo no solo por encima del pelotón balcánico, sentando delante del juez a figuras de gran ascendente criminal como Naser Orić (bosnio-musulmán), Ramush Haradinaj (albano-kosovar) o Milan Lukić (serbio), sino también político-militares, como Slobodan Milošević (serbio), Radovan Karadžić (serbo-bosnio) o Ante Gotovina (croata). El presupuesto del tribunal se incrementó desde los 230.000 dólares en el año de su fundación, a los casi 250 millones de dólares que ostenta en la actualidad. Más de 75 nacionalidades componen su personal. Todo en el TPIY muestra la dimensión de una institución que fue un actor político más de las relaciones internacionales, con capacidad de condicionar el proceso de integración europea y las ayudas financieras a la región, cualquier cosa con tal de que Belgrado y Zagreb entregaran a los imputados. Así lo reconoció en su libro, La caza, la ex fiscal general Carla del Ponte. Un total 161 personas fueron acusadas, se han recopilado más de un millón de documentos y la cifra de testigos citados asciende a casi 5000. Como dice el director de comunicaciones del ICTJ, Refik Hodžić, el TPIY“ha iluminado las circunstancias de algunos de los crímenes más graves que se han cometido”. Están disponibles en la página web del TPIY multitud de documentación, gracias a un ingente trabajo de investigación, que aportan nombres y apellidos a episodios tan trágicos como la Operación Tormenta o el asedio a Sarajevo. Sin embargo, como dice el representante permanente de Serbia en la ONU, Milan Milanović: “no existe, ninguna sentencia dictada en La Haya que haya cambiado la opinión de nadie en Bosnia, Serbia o Croacia, ni siquiera en un 1%”. Ante su ocaso, hay tres conclusiones que sobresalen por encima de las demás: el tribunal arroja muchas sombras sobre su independencia, las últimas sentencias han sufrido la oposición de los grandes bastiones de los derechos humanos en la región, y el papel del TPIY como generador de la reconciliación resulta mucho más que discutible.
¿Crisis de credibilidad?
Las acusaciones del juez danés, Frederik Harhoff, al presidente del tribunal, Theodor Meron, de seguir presiones de EE UU e Israel para lograr sentencias absolutorias que, en un futuro, sirvan de precedente judicial ante la potencial imputación a cargos estadounidenses o israelíes implicados en acciones militares en el exterior, cuestionan hasta qué punto el TPIY imparte justicia de forma independiente. La denuncia no termina aquí. También se hace referencia al establecimiento por parte del presidente ...
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