Un migrante de Togo procedente de Libia es rescatado en el Mediterráneo. (David Ramos/Getty Images)

El acuerdo que la Unión Europea quiere firmar con Libia para frenar los flujos migratorios de África, no tiene visos de resultar exitoso. ¿Cuál es la situación del migrante en el país norteafricano? ¿Cómo la UE puede hacer frente a una problemática que supera el control de una frontera concreta y más cuando se trata de personas que están viendo violados sistemáticamente sus derechos?

En Níger, una mujer tiene una media de 7,6 hijos, ¿qué significa esto dentro de 20 años? Que demográficamente la población nigerina se verá doblada, la misma situación se replicará en el resto de la región del Sahel. Por tanto, sin planes de desarrollo para estos países en el futuro, crecerán los pobres, los conflictos y, por supuesto, se multiplicará la masa migratoria. Son las previsiones de un sector político libio muy reticente cuando se le pregunta por la firma de un ambicioso acuerdo con Europa que pretende parar, de un soplo económico, los flujos migratorios de África occidental y oriental en aguas del Mediterráneo central. Ni pensarlo. Los libios rechazan, por el momento, ejercer el rol de gendarme que asumen Marruecos y Turquía en sus fronteras con Europa por razones de carácter racial y demográficas. La integración de etnias negras en suelo libio representaría una transformación demográfica de la población árabe, (no supera los seis millones de habitantes de los cuales se estiman que dos se encuentran en el exilio) que percibe como una “amenaza” económica el memorándum propuesto por la Unión Europea.

En él se propone, con la finalidad de reforzar los controles mediterráneos, desembolsar alrededor de 200 millones de euros al Gobierno de Unidad Nacional libio (el único reconocido por la Comunidad Internacional) y que encabeza Fayez Serraj. Sin embargo, la vigilancia de los flujos migratorios depende muy poco de Serraj y sus milicias, puesto que sólo controlan una parte de la tripolitana (al oeste de Libia)—su Gobierno compite territorialmente con otros centros de poder en el país—.  Son las tribus armadas dominantes en la zona sur de Libia, los árabes, los tuaregs y toubus (de origen sudanés), las que manejan las redes de personas a su paso por Fezán, frontera con los países vecinos de Níger y Chad. O las tribus armadas Magharba y Zwayat influyentes en la Cirenaica (al este). Estas abren y cierran a su antojo la que se ha convertido en la principal puerta de entrada para los miles de africanos con rumbo al dorado europeo. Mercadean, por millones de euros, con personas pero también trafican con armas y drogas. Con cada una de estas comunidades tribales, el abatido Muammar el Gadafi negoció durante los más de 40 años de dictadura para evitar entradas masivas de africanos en suelo europeo.

Nada más desintegrarse el régimen del ex dictador, la guerra generó nuevas guerras, a cada cual más despiadada, la economía se hundió, pese a ser uno de los países más rentistas del mundo, y el negocio de la inmigración, por tanto, se desató sin control. El Gobierno legítimo de Serraj— en quien la Unión Europea deposita ahora su confianza y su dinero—si quiere, por tanto, mantener su compromiso de entorpecer la llegada de migrantes a las costas norteñas de Libia, no tiene otra salida que, al igual que Gadafi, negociar con las tribus mafiosas del sur. Incluso negociando y llegando a acuerdos económicos y políticos, “los libios rechazan que su país se convierta en la segunda Europa y que los africanos con el tiempo puedan, incluso, comprar la nacionalidad libia”, afirmaron fuentes tuaregs de Fezán.

Así las cosas, la propuesta europea de levantar campamentos de “retención” en plena frontera al sur de Libia tiene pocos visos de éxito. “Esos campamentos sólo podrán ser garantizados por las tribus del sur que se niegan a aceptar el acuerdo, por lo tanto, no los habrá”, añadieron las mismas fuentes tuaregs. Otra de las medidas propuestas  por la UE, con pronóstico malo, es el entrenamiento y la formación de los guarda costeros libios en la lucha contra el tráfico de personas. Hasta el momento, los testimonios de emigrantes en las rutas clandestinas dan fe de la sistemática vejación que sufren por parte de los guardacostas y de los grupos tribales e individuos de la sociedad civil. Con la seguridad desmantelada, sin un liderazgo sólido y la enorme red de personas envuelta en el trata, los presagios que contribuyan a una emigración ordenada son desalentadores.

La inmigración en aguas del Mediterráneo central es actualmente una de las mayores preocupaciones para los Estados miembros de la Unión Europea no sólo por el volumen de personas llegados a Europa o por el número de muertos —que también— sino por su dimensión criminal y el negocio millonario que está suponiendo para las élites armadas africanas (y actores en Occidente). Es decir, Libia como principal canal de la emigración clandestina se ha convertido en la más peligrosa porque sus altísimos beneficios han enfrentado a las diferentes élites por el control de los flujos de personas. A lo pies de las playas libias, el emigrante paga su último peaje. Hasta 4.000 euros. El más caro y, muchas veces, mortífero. Sin embargo, la red que se teje en el camino de la inmigración empieza en Sudán, Níger, Etiopía o Nigeria y continúa su recorrido de expansión hacia los puntos cardinales de las rutas migratorias en Agadez, al norte de Níger, o en Sebha, al sur de Libia, bajo control, entre otros, de los grupos tuaregs. En cada uno de esos puntos, los emigrantes están obligados a pagar el “derecho a gueto” y el “derecho a paso”. Kone, de Camerún, rescatado por la Armada española el pasado año aseguró que pagó en la frontera entre Níger y Libia “más de 2.300 euros a la mafia guineana”. Con él viajaban otros 24 jóvenes de Guinea Conakry, todos fueron captados en origen para luego ser trasladados en forma de mercancía a la organización criminal libia.

El multimillonario negocio ha provocado que incluso mafiosos con experiencia en la inmigración a su paso por Argelia, Túnez o Marruecos abandonaran estas zonas de actuación y han decidido instalarse en Libia. Sin embargo, el hermetismo del mercado de la inmigración en este país y, por tanto, la defensa territorial de este negocio por parte de las diferentes élites tribales libias dificultan el surgimiento de nuevos competidores. Quizás a causa de estas luchas territoriales, que a su vez lo son de poder por el control de la economía criminal, aumentó los niveles de desorden, de inestabilidad y criminalidad.

Dos años después del despliegue frente a las costas libias de buques militares por mandato de la misión de la Unión Europea (EUNavfor Med), conocida como Sofía, el balance es preocupante. Por un lado, se ha generado el efecto llamada. “Los europeos van a buscarles, las barcazas no llegan Italia”, aseguraron fuentes oficiales italianas. Y por otro lado, se ha disparado la actuación criminal. Han surgido nuevos conflictos entre bandas criminales de la inmigración tanto en el país de destino (Libia) como en las fronteras de tránsito (Nigeria, Níger o Mali) y los migrantes están siendo sometidos a todo tipo de vejaciones y violaciones de derechos humanos. Los mafiosos libios recurren a la extorsión, bajo armas de fuego, para obligar a los migrantes a embarcar en las precarias lanchas. Las mujeres, por su parte, sometidas a conductas de esclavitud y explotación sexual. Y los menores no acompañados caen en redes de la prostitución. Ante esta realidad, ¿cómo la Unión Europea puede hacer frente a una problemática que supera el control de una frontera y que está relacionado con las personas y sus derechos a ser tratados con dignidad? En este sentido, el migrante no representa la amenaza para la seguridad nacional sino el amenazado.