Todavía no lo es, pero ha comenzado un trabajo de transformación que podrían posicionarle como líder regional. ¿Cuáles son los desafíos?
El pasado mes de marzo, el enviado especial del presidente estadounidense para el clima, John Kerry, habló con el presidente colombiano Iván Duque a propósito de la crisis climática. Fue una conversación importante por dos motivos.
El primero, que, después de la grave ruptura del gobierno de Trump con la ciencia, el presidente Biden se ha apresurado a volver al Acuerdo de París y ha firmado un decreto que sitúa la crisis climática en el centro de la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos. Además del presidente Duque, Kerry ha hablado con otros dirigentes latinoamericanos, lo que demuestra que, por primera vez, el cambio climático es una prioridad para EE UU en sus relaciones regionales.
En segundo lugar, el año pasado, Colombia y otros 70 países anunciaron la revisión de sus objetivos nacionales para reducir las emisiones de acuerdo con la meta marcada en el Acuerdo de París de poner un límite al calentamiento global muy por debajo de los dos grados centígrados. El nuevo y ambicioso compromiso de Colombia consiste en reducir las emisiones de carbono en un 51% respecto a las emisiones previstas para 2030 y las emisiones de carbono negro u hollín en un 40% respecto a 2014. El nuevo objetivo está en consonancia con el Acuerdo de París y coloca a Colombia en una dirección más prometedora para alcanzar cero emisiones en 2050. Durante la conversación con el presidente Duque, Kerry dijo que Colombia era “un país líder en acción climática”, en reconocimiento de esa ambición reforzada.
Líder climático: una etiqueta omnipresente
En un mundo que se precipita hacia un calentamiento de más de tres grados en este siglo por la falta de compromisos reales para reducir unas emisiones que son una amenaza para la humanidad y para innumerables especies, la tentación de calificar de líderes a ciertos países es muy habitual. Ahora bien, ¿el mero hecho de anunciar nuevos objetivos es suficiente para ser un líder? Y, más importante, ¿ayudan estas etiquetas a que los países alcancen sus objetivos y a forjar cooperación internacional, o son contraproducentes?
La etiqueta de líder climático puede ayudar a un país a tener más presencia internacional, lo que puede ser crucial para tener acceso a la ayuda extranjera y atraer inversiones. Esas inversiones pueden contribuir a impulsar actuaciones nacionales contra el cambio climático que, en el caso de Colombia, seguramente no se habrían llevado a cabo sin esa ayuda extranjera. Aunque es miembro de la OCDE y ha conseguido obtener parte de las escasas ayudas económicas internacionales, todavía sufre un déficit considerable en sus necesidades de financiación para hacer frente a la crisis climática. La etiqueta de líder climático también puede facilitar que los ministerios de medio ambiente tradicionalmente débiles se propongan objetivos más ambiciosos, dado que una recepción entusiasta por parte de la comunidad internacional, a menudo, contribuye a proteger sus prioridades.
Sin embargo, existe un peligro mayor, el de que el anuncio de objetivos ambiciosos se convierta en un fin en sí mismo. Puede ocurrir que los líderes se conformen con disfrutar de la atención internacional que provoca ese anuncio y no lleven a la práctica ningún enfoque integral para su consecución, especialmente cuando se avecinan unas elecciones. Y los grupos de intereses especiales, que están en contra o desconfían de la materialización de los objetivos porque supone una amenaza al statu quo, pueden limitarse a utilizarlos como excusa para no tener que tomar las medidas necesarias.
Los vecinos de Colombia sirven de advertencia sobre lo que puede ocurrir cuando se etiqueta a los países como líderes climáticos y sobre la precariedad de los objetivos climáticos. A pesar de los enormes avances de las últimas décadas en la lucha contra la deforestación, Brasil tiene hoy al frente a un negacionista bajo cuyo mandato la destrucción de la selva amazónica ha alcanzado niveles sin precedentes. En México, el gobierno federal y sus aliados en el Congreso son partidarios de los combustibles fósiles. En ambos casos, las acciones contra el cambio climático se han reducido seriamente.
Decir que Colombia es un líder climático es quizá prematuro
Es posible que Colombia acabe siendo un país líder en acción climática, pero no está garantizado. Aunque el presidente Duque respalda el nuevo objetivo —fijado tras los avances recientes en el fomento de las energías renovables y los vehículos eléctricos— y el país tiene una posición internacional muy activa, la situación económica y política general indica lo difícil que será materializar esas metas tan ambiciosas sin un enfoque integral por parte de los órganos del gobierno y la participación activa del sector privado.
Si bien marcarse un objetivo del 51% es positivo, más teniendo en cuenta la participación de innumerables agentes de la administración del Estado, las locales y la sociedad civil en el proceso, el gobierno tiene aún que aclarar cómo se va a llevar a la práctica. Además, existen dudas sobre ese objetivo del 51% y su coherencia técnica debido a los datos que se necesitan para medir los avances, como las emisiones producidas por la deforestación.
De hecho, las emisiones procedentes de la deforestación serán un campo de batalla fundamental para lograr los nuevos objetivos, puesto que, en Colombia, casi el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero proceden de la agricultura, los bosques y otros usos de la tierra. Entre las nuevas metas está la de acabar por completo con la deforestación de aquí a 2030, que acompaña al compromiso del presidente Duque de poner fin a la deforestación en las zonas protegidas, plantar 180 millones de árboles y reducir la deforestación total en un 30% antes de agosto de 2022.
A pesar de todos los propósitos marcados, el panorama es desalentador. Durante los tres primeros meses de 2020 se deforestaron más de 75.000 hectáreas, un incremento del 58% respecto al mismo periodo de 2019. La necesidad de reducir la deforestación y repoblar las tierras devastadas va más allá del clima y los objetivos de biodiversidad. Es un elemento crucial para construir un futuro más seguro y sostenible.
La grave situación de la seguridad y el asesinato de cientos de líderes sociales en Colombia pone de relieve los obstáculos a los que se enfrenta el Gobierno, incluida la limitada capacidad del Estado en amplias zonas en las que impera la actividad criminal. La mejora de las condiciones de gobierno y seguridad en las áreas rurales del país y la reducción de la forestación serán los factores decisivos para que el país pueda cumplir los compromisos asumidos en el Acuerdo de París y otros objetivos de desarrollo sostenible y de seguridad.
Los dirigentes sociales necesitan urgentemente estar más protegidos por todas las administraciones, la policía nacional y la Unidad Nacional de Protección. Un exministro de Medio Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, propone asimismo que la Fiscalía intensifique la detención y el procesamiento de las personas que financian y llevan a cabo la deforestación. También propone reforzar el Código Penal para que los delitos medioambientales se castiguen con penas más largas, el pago de cuantiosas multas y una indemnización económica equivalente a los daños causados.
No es el momento de adoptar la fractura hidráulica
El segundo campo de batalla en Colombia es el sector energético, en el que la eólica y la solar van más retrasadas que en Uruguay, Brasil y Chile. Por ejemplo, estas dos fuentes de energía representan actualmente sólo el 0,2% de la capacidad total en Colombia, en comparación con el 18% en Chile.
Aunque todo indica que el sector eólico y el solar van a crecer enormemente en los próximos años y la energía hidráulica continúa suministrando la mayor parte de la electricidad del país, aproximadamente el 30% de la capacidad total instalada para la generación de energía sigue procediendo de los combustibles fósiles. La importancia del sector energético y el sector minero en la economía colombiana es considerable: representa el 12% de los ingresos nacionales y el 56% de todas las exportaciones. El gobierno parece dispuesto a impulsar la fractura hidráulica para compensar la disminución de la producción de gas y petróleo y estimular más la recuperación económica tras la COVID-19.
Sin embargo, la adopción de la fractura hidráulica perjudicaría los intentos de reducir las emisiones, especialmente de metano —un potente gas de efecto invernadero—, que suele emanar de los pozos de gas y petróleo. También existe un riesgo, cada vez mayor, de que los yacimientos de combustibles fósiles se retiren antes de tiempo o se abandonen antes de terminar de usarlos, a medida que el mundo se aleje de la energía con uso intensivo de carbono. Esta situación podría resultar muy cara; cumplir los objetivos del Acuerdo de París podría acabar haciendo que, solo en el sector energético latinoamericano, queden abandonados yacimientos de combustibles fósiles por valor de 90.000 millones de dólares.
Ahora que la transición hacia las energías limpias está acelerándose en todo el mundo, impulsada por el abaratamiento de la energía solar y eólica y reforzada por la revolución actual de los vehículos eléctricos, Colombia está haciendo una apuesta arriesgada al propugnar la fractura hidráulica. En la medida en que sus principales socios comerciales e inversores, entre ellos Estados Unidos y Europa, tengan un compromiso cada vez mayor de descarbonización, a Colombia le será difícil encontrar mercados para sus combustibles fósiles.
Para desarrollar más el sector de las energías renovables en Colombia hace falta atraer inversores y resolver los problemas de las infraestructuras de transmisión con el fin de garantizar la conexión de los proyectos nuevos con la red y evitar tensiones con las comunidades locales. También podrían utilizarse los ingresos del sector minero y energético para financiar proyectos de reducción de emisiones, como la conservación forestal y el ecoturismo, que sean beneficiosos para la protección de la biodiversidad y la creación de empleo.
La necesidad de una recuperación en consonancia con los objetivos climáticos
Pensando en la recuperación de la pandemia, Colombia podría vincular de forma explícita su paquete de estímulos económicos a los objetivos de reducción de emisiones para 2030 y 2050, lo que enviaría un mensaje inequívoco a los gobiernos regionales, las empresas y los inversores extranjeros. Las políticas de estímulo a largo plazo que sean respetuosas con el clima pueden generar importantes beneficios económicos relacionados gracias al aumento de las inversiones, la creación de empleo y la reducción de la contaminación del aire y el agua.
Existen algunos indicios de que el país está en favor de esta estrategia. El paquete de estímulos denominado “Nuevo compromiso con el futuro de Colombia” tiene como propósito acelerar la plantación de 180 millones de árboles y desarrollar proyectos de energías renovables. No obstante, el paquete en su conjunto, que incluye proyectos como la construcción de carreteras y el desarrollo de proyectos de combustibles fósiles, no es ecológico y seguramente aumentará las emisiones y la contaminación del aire y pondrá en peligro los recursos naturales. Hasta ahora, en su campaña de recuperación, Colombia ha gastado aproximadamente 374 millones de dólares en ayudas al gas y el petróleo y solo 4,4 millones en energías renovables.
Además, el cambio climático tiene que competir con otros problemas políticos, sociales y económicos. En las encuestas entre la población, los problemas medioambientales y el cambio climático no suelen figurar entre las principales prioridades ni inquietudes de los ciudadanos. También se ve un interés limitado en la agenda del Congreso Nacional y las conversaciones entre los principales candidatos para las elecciones del próximo año. Para que un objetivo ambicioso se haga realidad, será fundamental el apoyo de las élites políticas, las empresas y la sociedad civil.
Durante este año tan trascendental para el clima, la biodiversidad y la recuperación sostenible, el objetivo del 51% es un paso fundamental que debe estar más integrado en los procesos de recuperación y de paz. Para facilitarlo, actualizar antes de las elecciones de 2022 la ley del clima actual, con el fin de que incluya los objetivos para 2030 y la meta de lograr cero emisiones de aquí a 2050, podría ayudar a convertir el cambio climático en una cuestión bipartidista que los futuros gobiernos tengan que respetar y utilizar como principio. La próxima publicación del proyecto colombiano de estrategia climática a largo plazo para alcanzar las cero emisiones en 2050 puede fomentar un debate nacional sobre cómo no quedar atrapados en una vía de desarrollo dependiente del carbono y cómo gestionar una transición justa para los sectores y las comunidades afectados.
Debemos ser precavidos a la hora de calificar a los países de líderes climáticos, hasta que la labor de transformación empiece a dar frutos. Mientras tanto, Estados Unidos y otros aliados cruciales en Europa deben seguir apoyando los esfuerzos de Colombia para materializar esos objetivos tan ambiciosos.
El artículo original ha sido publicado en Global Americans.
