Pablo Beltrán, el jefe negociador del ELN en la mesa de diálogo que mantiene esta guerrilla con el Gobierno colombiano en Quito, habla sobre los desafíos que implica el histórico cese el fuego bilateral, que estará vigente hasta el 9 de enero de 2018.
El cese al fuego bilateral, que empezó el 1 de octubre, es un momento histórico. Nunca antes una negociación entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la única guerrilla reconocida por el Estado que continúa activa, había llegado tan lejos. Para ello, los elenos han accedido a suspender los secuestros y los ataques contra infraestructuras nacionales. Mientras, el Ejecutivo de Juan Manuel Santos se ha comprometido a fortalecer la protección de líderes sociales y a “desjudicializar varios tipos de protesta social”.
Seis son los puntos principales que el ELN puso sobre la mesa de negociaciones que arrancó en febrero: participación de la sociedad en la construcción de paz, democracia para la paz, transformaciones para la paz, víctimas, fin del conflicto y su implementación. El proceso es complejo y plantea desafíos: las elecciones de 2018 se acercan y un nuevo Ejecutivo de Centro Democrático podría amenazar las conversaciones. Los elenos aseguran que dos meses de cese el fuego bilateral ha aumentado “la presencia y la acción del paramilitarismo, además de la criminalización de la protesta”.
El proceso se ha visto amenazado por episodios como la masacre de Tumaco en octubre, en la que la policía antinarcóticos disparó contra campesinos cocaleros, o la muerte de un líder indígena, asumida por el ELN. Además, las distintas versiones sobre la muerte de 13 personas el 27 de noviembre en el municipio de Magüí Payán (Nariño) no ayudan a allanar el camino para la quinta ronda de negociaciones que arranca el 8 de enero. Mientras que el ELN afirma que las muertes fueron fruto de un enfrentamiento con las autodenominadas guerrillas del Pacífico y que fueron éstas las que agredieron a la población civil, la Defensoría del Pueblo de Colombia apunta que los elenos “han violado el cese al fuego”.
Pablo Beltrán, el jefe negociador y número tres de la guerrilla, explica los planteamientos del ELN en este proceso.
¿Qué tipo de paz busca el ELN?
Pablo Beltrán. El proceso tiene una agenda de seis puntos. Tres de ellos están dedicados a que la gente participe en decidir cuáles son los elementos más urgentes de democratización en Colombia. Tiene que ser la gente quien decida, no el ELN o el Gobierno. Los dos grandes propósitos de la mesa de diálogo son formular transformaciones y cambios básicos urgentes que quiten base al conflicto armado, y sacar la violencia de la política.
¿Por qué ahora?
P.B. Esto es como un baile, se necesitan dos. El Gobierno está interesado en que haya una solución política. Me imagino que le interesará atraer la inversión extranjera, entre otras razones. Para nosotros, se trata de empoderar a la sociedad.
Los partidos políticos están muy desacreditados, hay una crisis del Estado muy grande. Las soluciones las tienen que decidir quienes están sufriendo esa crisis. Eso puede parecer medio utópico, pero el mero hecho de que esté escrito en una agenda es muy importante. Dialogar es el primer paso. En septiembre acordamos un cese el fuego bilateral histórico para el ELN en nuestros 53 años de existencia. Este cese va destinado a dar alivio a la gente. Uno como guerrero es quien mejor lleva la guerra; en cambio, la población no combatiente es la que más sufre.
¿Cómo se está articulando la participación ciudadana?
P.B. En noviembre hicimos las audiencias preparatorias. Han sido muy exitosas. Hemos convocado a unos 250 representantes de la sociedad de Colombia. Fue un gran pulso con el Gobierno determinar a quién sí y a quién no. Preguntamos a la sociedad cómo cree que debe ser el diseño de participación para diagnosticar nuestros males y los saltos de democratización que necesita el país.
A estas audiencias estaban citados Cámaras de comercio, gobernadores, alcaldes, personeros, presos políticos, presos sociales, colectivos LGTBI, organizaciones de mujeres, minorías étnicas, sindicalistas, todas las iglesias, periodistas, organismos multilaterales… los partidos eran los únicos que no estaban convocados.
¿Cuál es el balance que hace del cese el fuego?
P.B. Ha habido dos campos principales de evaluación. El primordial, y el que más nos preocupa, es el humanitario. Octubre fue un mes muy intenso en términos de protesta social campesina e indígena. Esas movilizaciones han recibido un tratamiento de guerra. No lo decimos nosotros, lo ha dicho la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. En Tumaco, por ejemplo, murieron nueve compañeros que eran campesinos cocaleros y hubo 55 heridos. El Ejército y la policía dispararon sus fusiles contra los campesinos. Ha habido un uso desproporcionado de la fuerza. Por eso, consideramos que la mejora de la situación humanitaria, el motivo principal del cese, es pobre.
El segundo campo de evaluación tiene que ver con incidentes armados. Ha habido un par de situaciones graves donde tropas gubernamentales han entrado a nuestros campamentos sin avisar. Por eso, exigimos en la mesa que respeten los protocolos del cese y den un aviso para evitar choques armados.
Ahora, estamos tratando de sacar al cese de un resultado pobre a uno mejor para noviembre. Trabajamos en un plan de desminado en Nariño que, posiblemente, empezará a finales de año.
El Gobierno se comprometió a activar un sistema de alertas tempranas para frenar los asesinatos de líderes sociales, ¿cómo se está articulando?
P.B. Nosotros les pedimos compromisos logrables y verificables, pero pocas de sus medidas cumplen esos criterios. A los principales líderes sociales los están matando. Escuchar al ELN es lo de menos; tienen que escuchar a la gente. En una discusión de la mesa, les dijimos: “Ustedes funcionan con el concepto de que quien se opone al régimen es enemigo. Mientras no cambien eso, seguirán penalizando la protesta social y amenazando a los líderes. Continuarán los asesinatos”. Ellos nos dijeron que eso es una línea roja. Esa discusión nos hace ser más conscientes de nuestro adversario y de lo que hay que acumular como sociedad para que esas concepciones sean minoritarias.
El principal organismo gubernamental encargado de la gestión del conflicto, el Alto Comisionado para la Paz, ha acusado al ELN de mentir sobre la muerte del gobernador indígena Aulio Isarama. ¿Qué ocurrió?
P.B. El 24 de octubre una unidad del ELN detuvo a ese gobernador. Esa detención no la orientó ninguna unidad superior, fue una iniciativa de esa unidad guerrillera. Hubo un forcejeo e Isarama murió. El motivo de esa detención es que algunos de sus familiares habían conducido patrullas del Ejército en contra de nuestras unidades desde meses atrás. El frente de guerra del ELN de esa zona investigó y reconoció la muerte de este dirigente. Asumimos la responsabilidad y pedimos perdón días después sin que nadie nos lo pidiera.
¿Le preocupa que algunos sectores del ELN no cumplan con lo pactado en el cese?
P.B. No, a nosotros nos mandaron a Quito a empeñar la palabra. Si no hubiera un consenso interno sobre qué significan los compromisos del cese, no lo hubiéramos firmado.
¿Qué diferencias hay con el proceso de las FARC?
P.B. Es una pregunta muy compleja. Al ser organizaciones distintas, los procesos son distintos. Por ejemplo, para nosotros no se concebía este proceso sin que tres de los seis puntos estuvieran dedicados a la participación popular, el alma de estas negociaciones. El proceso se parece en que se dijo que había que trabajar por la verdad. Pensamos que sacar la violencia de la política exige no sólo esfuerzo de la guerrilla, sino también de la élite dominante. Si no hay cumplimientos simultáneos, esto no avanza. Usted cumple, yo cumplo. Eso es una de las enseñanzas que nos queda del proceso de La Habana.
¿Cómo valora el cumplimiento del Gobierno tras la firma de los Acuerdos de La Habana con las FARC?
P.B. Ha habido mucho incumplimiento. Las FARC han pedido a la comunidad internacional que se involucre más para garantizar la implementación del proceso. El precedente con las FARC nos deja muchos interrogantes. Sabemos que hay sectores de la extrema derecha violenta que no tienen una voluntad de solución política, sino de humillar al contrario, lo que siembra más conflicto. Es arrogancia no reconocerse como parte y no asumir su responsabilidad.
¿Cuál es la situación actual de los grupos paramilitares?
P.B. En todo crimen, siempre hay que seguir el rastro del dinero. En Colombia, el dinero es política minero-energética, que son los intereses de las transnacionales, y negocios ilícitos de las mafias. Si una comunidad se opone a un proyecto minero, ahí hay paramilitares para acallarla. El paramilitarismo hace parte consustancial de un modelo económico: para hacerle frente, toca afectar al sistema económico. Para eso, hace falta una mayoría social.
¿Por qué el ELN atacaba las infraestructuras minero-energéticas del país?
P.B. Colombia produce alrededor de 900.000 barriles de petróleo al día. A ese paso, en tres años no tendrá petróleo. Esta extracción es irracional y acelerada. Se han exterminando etnias enteras por petróleo. Aquí hay una maldición: las regiones más ricas en recursos naturales son las más pobres. Nosotros nos oponemos a que los beneficios sean para una minoría y, además, a que para mantener ese modelo minero-energético se tenga que recurrir a la violencia. Cuando hacemos sabotajes, decimos: “Si ustedes se imponen con violencia, nosotros tenemos el derecho legítimo a defendernos, aunque sea usando la fuerza”. Cuando esto cambie, nos dejarán sin argumentos para los sabotajes.
¿Qué papel tienen las víctimas en este proceso?
P.B. Hemos contactado con las víctimas. Queremos escucharlas y que nos escuchen. Queremos asumir responsabilidades. Para el Gobierno, lo principal en la reparación es que las víctimas reciban unas monedas. Para nosotros, es que haya verdad, que se asuman responsabilidades y que haya garantía de no repetición. Cuando el ELN dice que va a garantizar el derecho de las víctimas, no es retórica o una falsa promesa. Lo haremos, aunque el Gobierno no lo haga.
¿Cuál sería la vía política del ELN si se firma la paz?
P.B. Somos una guerrilla de inspiración guevarista. Hacemos un trabajo de inserción social, que consiste en trabajar con las comunidades, en promover la lucha social y el poder popular. No somos solo una fuerza militar. Nos preguntan: “¿Ustedes van a hacer un partido?”. No, nosotros vamos a seguir luchando con la gente. No tenemos ningún afán en ser parte del Estado. ¿Curules? No, gracias.
¿Descartan entonces un futuro salto a la vía parlamentaria?
P.B. No es nuestra prioridad. Tenemos que hablar de un poscapitalismo, no solamente en términos de otro modelo económico, sino fundamentalmente de otra forma de hacer política. Además, el día que nombremos a un candidato presidencial, lo matan.
Las elecciones presidenciales son en mayo del 2018, ¿cómo podrían influir los resultados en las negociaciones?
P.B. Aspiramos a que la mesa asiente un precedente de democratización de las costumbres políticas. Si todo esto contribuye a que las fuerzas alternativas estructuren una alternativa electoral, nos damos por satisfechos. Esperamos que los colombianos dejen de tener solo un plan A y un plan B, Santos o Uribe.
¿Qué pasaría con el proceso si gana el uribismo?
P.B. Uno con quien tiene que negociar es con el enemigo. Ya sostuvimos diálogos con Uribe hace unos diez años. Ahora, hay que darle continuidad a este proceso, aunque sea con esa extrema derecha dura.
¿Qué importancia tiene el enfoque de género en estas negociaciones?
P.B. Los cambios los tenemos que hacer todos, no solo las mujeres. Son procesos de educación, organización y movilización. Las condiciones de igualdad en la insurgencia son superiores a las que se viven en la sociedad, que es muy machista. Proponemos un feminismo popular para luchar con las mujeres del pueblo, que son las que más sufren.
