La mediocre actuación de España en el campo de la innovación es uno de los factores que dificulta la salida de la crisis. Estando entre las 12 primeras potencias económicas del mundo, el puesto número 29 que ocupa en el II Índice de Capacidad de Innovación (ICI) se explica, según su autor, Augusto López-Claros, por la gestión fiscal, la regulación de los diferentes mercados –incluido el laboral- y la educación.

 












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Foreign Policy: ¿Cómo se encuentra España en el terreno de la innovación?

Augusto López- Claros: El ICI coloca a España en el puesto 29, entre las Repúblicas Bálticas y Chile. La posición en sí no está mal, no es ninguna sorpresa que España esté por debajo de Suecia, Finlandia, Suiza, Taiwán, Japón, Corea, Alemania e Israel, países con un probado historial de innovación y unos sectores de altas tecnologías muy desarrollados y sofisticados. Lo que llama la atención de la situación española es que, en 2008, mientras que su renta per cápita según valores de la Paridad del poder adquisitivo (PPA) era de 30.589 dólares (unos 23.000 euros), la de Chile era menos de la mitad (14.529 dólares) y las de las Repúblicas Bálticas iban de los 17.106 dólares de Letonia a los 20.561 dólares de Estonia. En otras palabras, para su nivel de desarrollo -un país rico e industrializado con la undécima economía del mundo-, la capacidad de innovación está muy por detrás de sus posibilidades.

 

FP: ¿A qué se debe ese retraso? ¿Dónde hay mayor margen de mejora?

AL: De los seis pilares en los que se apoya el ICI, el que cuenta con la peor actuación de España es, con gran diferencia, el tercero, el del marco legal y regulador. La base de datos Doing Business Report del Banco Mundial en 2010 muestra que ocupa un puesto increíblemente bajo (el 146, de 183 países) en los indicadores relacionados con poner en marcha una empresa. En España hacen falta diez trámites y un total de 47 días para crear un negocio, frente a 6 trámites y 6 días en Portugal (en el puesto 60) y 5 trámites y 7 días en Francia (en el puesto 22). Tampoco sale España bien parada en el indicador relativo a la protección de los inversores, donde ocupa el puesto 93. Éste engloba conceptos como los requisitos de acceso a la información para evaluar, por ejemplo, el alcance de las transacciones entre entidades vinculadas; el grado de responsabilidad de los directivos y la facilidad de demandas por parte de los accionistas, que mide la viabilidad con la que los inversores pueden acudir a los tribunales cuando sus intereses se ven perjudicados. En todos estos conceptos, las puntuaciones de España son mediocres, como mucho, sobre todo si se tiene en cuenta su elevada renta per cápita y su condición de país industrializado y de gran tamaño.
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