La mediocre actuación de España en el campo de la innovación es uno de los factores que dificulta la salida de la crisis. Estando entre las 12 primeras potencias económicas del mundo, el puesto número 29 que ocupa en el II Índice de Capacidad de Innovación (ICI) se explica, según su autor, Augusto López-Claros, por la gestión fiscal, la regulación de los diferentes mercados –incluido el laboral- y la educación.

 

STAN HONDA/AFP/Gettyimages

Foreign Policy: ¿Cómo se encuentra España en el terreno de la innovación?

Augusto López- Claros: El ICI coloca a España en el puesto 29, entre las Repúblicas Bálticas y Chile. La posición en sí no está mal, no es ninguna sorpresa que España esté por debajo de Suecia, Finlandia, Suiza, Taiwán, Japón, Corea, Alemania e Israel, países con un probado historial de innovación y unos sectores de altas tecnologías muy desarrollados y sofisticados. Lo que llama la atención de la situación española es que, en 2008, mientras que su renta per cápita según valores de la Paridad del poder adquisitivo (PPA) era de 30.589 dólares (unos 23.000 euros), la de Chile era menos de la mitad (14.529 dólares) y las de las Repúblicas Bálticas iban de los 17.106 dólares de Letonia a los 20.561 dólares de Estonia. En otras palabras, para su nivel de desarrollo -un país rico e industrializado con la undécima economía del mundo-, la capacidad de innovación está muy por detrás de sus posibilidades.

 

FP: ¿A qué se debe ese retraso? ¿Dónde hay mayor margen de mejora?

AL: De los seis pilares en los que se apoya el ICI, el que cuenta con la peor actuación de España es, con gran diferencia, el tercero, el del marco legal y regulador. La base de datos Doing Business Report del Banco Mundial en 2010 muestra que ocupa un puesto increíblemente bajo (el 146, de 183 países) en los indicadores relacionados con poner en marcha una empresa. En España hacen falta diez trámites y un total de 47 días para crear un negocio, frente a 6 trámites y 6 días en Portugal (en el puesto 60) y 5 trámites y 7 días en Francia (en el puesto 22). Tampoco sale España bien parada en el indicador relativo a la protección de los inversores, donde ocupa el puesto 93. Éste engloba conceptos como los requisitos de acceso a la información para evaluar, por ejemplo, el alcance de las transacciones entre entidades vinculadas; el grado de responsabilidad de los directivos y la facilidad de demandas por parte de los accionistas, que mide la viabilidad con la que los inversores pueden acudir a los tribunales cuando sus intereses se ven perjudicados. En todos estos conceptos, las puntuaciones de España son mediocres, como mucho, sobre todo si se tiene en cuenta su elevada renta per cápita y su condición de país industrializado y de gran tamaño.

 

FP: ¿Influye también el mercado laboral?

AL: Sí. De hecho, las peores puntuaciones se dan en los indicadores relativos a diversos aspectos del mercado laboral. Como los obstáculos que pueden encontrarse las empresas para contratar empleados, la rigidez del horario, el grado de flexibilidad que el empresario puede tener para ajustar la nómina a los cambios en las circunstancias del mercado, los costes del despido, etcétera.

España padece el problema de un mercado de trabajo fragmentado que ha perjudicado al país durante las últimas décadas, como deja patente el hecho de que el índice de desempleo estuviera casi en el 20% a mediados de 2010. El doble en el caso de los jóvenes y las mujeres.

En el sector público no se puede despedir a los trabajadores y eso hace que haya un gran absentismo (18%) y un abuso muy extendido de las bajas por enfermedad. Y que la demanda de puestos de trabajo en la administración sea inmensa: según The Economist, "para cada nuevo puesto de funcionario que anuncia el Gobierno de Madrid se presentan 300 personas". Dado que los empleados fijos pierden el derecho a las cuantiosas indemnizaciones por despido si cambian de trabajo, la movilidad en las empresas es escasa, lo cual contribuye a la falta de motivación y la esclerosis.

No parece probable que una economía en la que la máxima aspiración de los titulados universitarios es asegurarse un empleo en la administración y hacerse funcionarios vaya a fomentar el espíritu emprendedor ni una cultura de innovación. La reforma del mercado de trabajo y la eliminación gradual de la dualidad existente en él es un requisito indispensable para ofrecer incentivos que contribuyan a que haya más espíritu empresarial y más voluntad de asumir riesgos.

Una economía en la que la máxima aspiración de los universitarios sea ser funcionarios, no va a fomentar una cultura de innovación

 

FP: También se suele asociar innovación a educación.

AL: Entre las 170 mejores universidades del mundo no figura una sola española. Según esta clasificación, la mejor de España es la Universidad de Barcelona, en el puesto 171, y no hay ninguna más entre las 200 primeras.

Además, no existe una tradición arraigada de colaboración activa entre las universidades y el mundo de la empresa, que es una fecunda fuente de innovación en los países que han sabido alimentar esa relación. Como consecuencia, se recurre poco a los contratos de prácticas, como forma de que el estudiante acumule los conocimientos especializados y se familiarice con las demandas del mercado de trabajo. Los centros españoles, en general, son entidades públicas y adolecen de los mismos incentivos negativos que toda la administración. El salario es relativamente bajo, no se despide a nadie (salvo a los que tienen contratos temporales) y existen pocos mecanismos para promover la calidad en la enseñanza y la investigación. Los de más talento emigran, ante la imposibilidad de contar con un entorno de trabajo que recompense los méritos, el rendimiento y los logros académicos.

 

FP: ¿Qué relación tiene el déficit con la capacidad de innovación?

AL: El ICI hace bien en penalizar la indisciplina fiscal, porque distorsiona la asignación de recursos y restringe la capacidad del Gobierno para invertir más en campos como educación o investigación y desarrollo. En España, por ejemplo, la I+D equivale a algo menos del 1,3% del PIB, muy por debajo de la media del 2,2% del PIB en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y casi la cuarta parte del nivel de Israel. El Estado español, después de permitir que el déficit creciera más del 11% del PIB en 2009 (un nivel sin precedente histórico reciente) y perder la confianza de los inversores, decidió presentar un paquete de ajustes que consistía en recortes del gasto y subidas de impuestos. Este giro radical en la política económica creó tensiones sociales y políticas, debilitó la credibilidad de la Administración y distrajo la atención de reformas más urgentes, por ejemplo en el mercado laboral. De los 131 países incluidos en el ICI, en 2009, el déficit presupuestario de España fue el sexto más grande; es decir, uno de los peores del mundo.

FP: ¿Ve algunos indicadores que permitan prever una futura mejoría?

AL: España es un país industrializado con un alto ingreso per capita, un país en las etapas más avanzadas del desarrollo económico pero donde no se ha cultivado una cultura de innovación debido a la falta de incentivos adecuados. La creación de un ambiente dirigido a la innovación sería el resultado de mejoras en el entorno institucional, como son, por ejemplo, la realización de un marco regulatorio menos burocrático y donde se premie el emprendimiento y se potencie el rol del sector privado. Se ha hecho hincapié en el ajuste fiscal y el retorno a unas finanzas públicas más responsables porque esto liberaría recursos para invertir en investigación y desarrollo y mejoraría la calidad de la educación superior, que ha sido el punto de partida de todos aquellos países que están al frente de la innovación tecnológica y científica. La mediocridad de la educación superior española no tiene porque convertirse en un rasgo estructural del país, como lo son la pobreza en África o la mala distribución de las rentas en Latinoamérica. Mi impresión es que la polarización del debate político en España ha frenado la implementación de mejores políticas públicas y la ha sumido en un equilibrio ineficiente, donde a menudo no se utilizan adecuadamente los recursos humanos y financieros. Recuerdo que en los años 80 había un debate intenso sobre la necesidad de reformas en el mercado de trabajo, para enfrentar las altas tasas de desempleo. Un cuarto de siglo después, ¡España sigue sin resolver estos problemas! No debería sorprender, por lo tanto, que se esté quedando atrás en temas de innovación. Vivimos en un mundo en el que quedarse estancado en cuestiones de competitividad e innovación implica necesariamente un retroceso, debido a los inmensos progresos que están haciendo otros países, particularmente en Asia.

 

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