Nuevos rumbos ante el fin del "interinato Guaidó" y las expectativas de resolución de la crisis venezolana.
El nombramiento de Ramón Santos Martínez como nuevo embajador del Reino de España en Venezuela, anunciado el pasado 27 de diciembre durante un Consejo de Ministros en la capital española, pone fin a dos años de relaciones distantes y bajo mínimos entre Madrid y Caracas. Este escenario abre las expectativas de un cambio de enfoque por parte de la diplomacia española con respecto a la crisis política venezolana.
Desde noviembre de 2021, Santos Martínez era el responsable en funciones de la misión diplomática española en Caracas. Su nombramiento es significativo tomando en cuenta que el Ejecutivo de Pedro Sánchez fue uno de los primeros en reconocer, en febrero de 2019, la legitimidad de Juan Guaidó como presidente de Venezuela, decisión que generó fuertes roces con el gobierno de Nicolás Maduro que llevaron a la suspensión temporal de relaciones.
Al mismo tiempo, el "tema Venezuela" tiene incidencia en la política interna española. Así como ha recibido una numerosa inmigración venezolana, España también ha acogido a líderes opositores exiliados, destacando los casos de Leopoldo López y Antonio Ledezma, entre otros. Volviendo al plano diplomático, el hasta ahora antecesor de Santos Martínez en la Embajada en Caracas, Jesús Silva, fue expulsado en 2020 por el gobierno de Maduro acusándolo de presuntamente facilitar la salida del país de Leopoldo López.
Madrid mueve ficha diplomática y política
Hasta el momento, el reconocimiento de Madrid a Guaidó no se ha revocado oficialmente. Pero el "deshielo" en la óptica geopolítica de EE UU y de Europa hacia Venezuela derivado de la guerra de Ucrania, a la vez que las fuerzas internas dentro de la oposición venezolana pujan por desalojar a Guaidó de la presidencia interina, un aspecto que colateralmente reforzaría aún más el poder de Maduro, son factores que podrían generar un ‘giro copernicano’ de la política exterior española sobre lo que sucede en Venezuela.
Este cambio de enfoque desde Madrid eventualmente favorecería la normalización de relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro para este 2023 sin que, aparentemente, verifique un reconocimiento inmediato y expreso a su legitimidad presidencial en detrimento de Guaidó.
El primer paso en esa normalización sería el nombramiento del nuevo embajador español en Caracas, una decisión que por cierto levantó reacciones contrarias en algunos sectores de la oposición venezolana en el exilio español, en especial entre los representantes del partido Voluntad Popular (VP) al que pertenecen Guaidó y López. Por otro lado, Francia y Portugal también han nombrado respectivamente nuevos embajadores en Caracas, lo cual puede abrir nuevas perspectivas de normalización de las relaciones diplomáticas por parte de otros países europeos, que mantienen en Caracas a encargados de negocios en vez de embajadores.
A esto debe agregarse la reanudación en noviembre del diálogo político en Ciudad de México entre las delegaciones del gobierno de Maduro y líderes de la oposición ahora agrupados en la Plataforma Unitaria Democrática (PUEDE). España ha sido un garante clave en la revitalización de este diálogo, un rol en el cual también ha venido participando el presidente francés Emmanuel Macron tras su breve encuentro con Maduro en la Cumbre de la COP27 en Egipto en noviembre pasado.
Tras el breve apretón de manos entre Maduro y Macron en Egipto se llevaron a cabo reuniones casi simultáneas en París y Madrid entre representantes políticos y diplomáticos de Maduro y de la oposición con autoridades francesas y españolas. Éstas evidenciaban la puesta en marcha de una nueva "hoja de ruta" para atender la crisis venezolana.
Pero también existen otros canales que la política exterior española observa con atención para reforzar su peso diplomático tanto en Venezuela como a nivel hemisférico. El pasado 25 de noviembre, Pedro Sánchez fue nombrado nuevo presidente de la Internacional Socialista (IS), una organización que cuenta con notable capacidad de influencia a nivel iberoamericano. Este hecho puede fortalecer las expectativas del presidente del gobierno español a la hora de catapultar su figura a nivel hemisférico en una América Latina que observa actualmente un nuevo giro político hacia la izquierda.
Este rol de Sánchez a nivel internacional, ahora vía IS, puede igualmente erigirlo como un mediador e interlocutor con suficientes credenciales para impulsar iniciativas de resolución de conflictos en la región, si tomamos en cuenta no sólo el caso venezolano sino también la crisis política e institucional que vive Perú tras la destitución parlamentaria del ya ex presidente Pedro Castillo a comienzos de diciembre.
Maduro le gana la partida a Guaidó
El foco se pone ahora en la debilitada posición política de Guaidó. El pasado 22 de diciembre, unos 72 miembros de la Asamblea Nacional venezolana de los 112 que respaldaron a Guaidó en 2019, votaron en favor de modificar el "estatuto de transición" para enero próximo, lo cual certificaría el final del "interinato" de Guaidó, aún oficialmente reconocido por 50 países como presidente legítimo de Venezuela. Estos congresistas pertenecen a los partidos Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo (UNT), Primero Justicia (PJ) y Movimiento por Venezuela (MporV), agrupados en la plataforma PUEDE.
La segunda convocatoria para realizar la votación final sobre el "interinato" de Guaidó estaba inicialmente prevista para el 29 de diciembre pero, de forma súbita, la Asamblea Nacional la pospuso para el 3 de enero de 2023. No obstante, este 29 de diciembre se pudo conocer a través del Twitter de Guaidó que éste aceptaría la posibilidad de nombramiento de un nuevo presidente interino en aras de garantizar "la institucionalidad y la Constitución". Estas palabras parecieran presagiar el inevitable final de su "interinato", fortaleciendo al mismo tiempo el peso político de la troika AD-UNT-PJ en el nuevo esquema de liderazgos dentro de la oposición.
Guaidó observa ahora un nuevo equilibrio interno de poderes en torno a PUEDE, que busca erigirse como el nuevo interlocutor de la oposición, dejándolo, prácticamente, fuera del juego político. Para junio de 2023, está prevista la realización de elecciones primarias dentro de la oposición, en la cual se definirán las candidaturas para competir contra Maduro en las presidenciales de 2024.
En el horizonte de liderazgos opositores vuelven al ruedo dos ex candidatos presidenciales, Manuel Rosales (UNT) y Henrique Capriles Radonski (PJ), quienes aspiran a volver a liderar la oposición y enfrentarse electoralmente a Maduro en 2024. El protagonismo de PUEDE como interlocutor en los diálogos en México deja a Guaidó y su presidencia interina en una situación aún más precaria, rozando incluso la desaparición. En este sentido, se observa un reacomodo de fuerzas políticas opositoras en torno a esta troika UNT, AD y PJ, cuyos objetivos pasarían por desalojar a Guaidó del poder, finalizar la presidencia interina y abrir nuevos marcos de negociación política, principalmente con Maduro.
Es aquí donde Maduro también ha jugado sus cartas dentro del espacio de la oposición con la intención de fragmentarla de cara a los comicios de 2024. A comienzos de diciembre, éste mantuvo reuniones en el Palacio de Miraflores con Alianza del Lápiz, una nueva fuerza política opositora, toda vez ha ampliado contactos con otro movimiento, Fuerza Vecinal. Un dato a tomar en cuenta: Antonio Ecarri Angola, líder de Alianza del Lápiz, es hijo de Antonio Ecarri Bolívar, el embajador designado por Guaidó en Madrid en febrero de 2019, cuya posición diplomática también ha sido irrelevante en los últimos años.
El objetivo de Maduro sería alentar una oposición más "leal" que funcione como una especie de "bisagra" interna en la ecuación de fuerzas y equilibrios tanto dentro de PUEDE como en otros sectores de la oposición, algunos de ellos más reaccionarios a negociar con el "chavismo". Así, el final de facto del interinato de Guaidó supone el enésimo fracaso de la estrategia opositora orientada a desalojar a Maduro del poder.
Por otro lado, el impacto interno de la caída del ‘interinato’ de Guaidó parece no ser tan decisivo para la troika UNT-AD-PJ, más concentrada en las respectivas candidaturas presidenciales. Tal y como se ha visto en el diálogo en México, los objetivos de estos partidos están igualmente enfocados en el control de los activos financieros que tiene Venezuela en el exterior, materia de permanente confrontación entre Maduro y Guaidó desde 2019, sin desestimar otros temas como los presos políticos y las garantías de transparencia electoral.
El factor Lula, ¿puede resultar decisivo?
A la espera de conocer el rol de España en este nuevo contexto, tres presidentes latinoamericanos van a tener un papel esencial en el nuevo marco político que se abre en la crisis venezolana. Se trata del nuevo mandatario brasileño Lula da Silva (que asumió este cargo el 1 de enero de 2023), el colombiano Gustavo Petro y, con menor incidencia, el mexicano Andrés Manuel López Obrador como anfitrión de los diálogos que desde 2021 se llevan a cabo en México.
Como hizo Petro al asumir la presidencia colombiana en agosto pasado, el brasileño Lula ya anunció que restablecerá las relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro, rompiendo así con el aislamiento y la férrea posición "anti Maduro" de su antecesor Jair Bolsonaro desde 2019.
En el caso colombiano, a comienzos de diciembre se reactivó la apertura de la frontera con Venezuela, otro gesto de ‘normalización’ de las relaciones bilaterales que pone fin a tres años de roces y confrontaciones entre Bogotá y Caracas, vigentes con la presidencia de Iván Duque en Colombia. Tanto como temas de seguridad bilateral, la frontera colombo-venezolana es en estos momentos la principal ruta de paso que utilizan los migrantes venezolanos hacia América Central y EE UU.
Amparado en los diálogos en México, esta posibilidad de un eje Lula-Petro-López Obrador podría igualmente propiciar un nuevo marco hemisférico de atención a la crisis venezolana, con especial énfasis no sólo en el acuerdo político para llegar con garantías a las elecciones presidenciales pautadas para 2024 sino, principalmente, para atender el problema migratorio venezolano.
La óptima imagen exterior de Lula y su capacidad para generar consensos pueden igualmente dar cabida a la inclusión de otro actor estratégico en esta ecuación: Cuba. El presidente brasileño buscará equilibrar el ascendente rol de La Habana sobre Maduro canalizándolo hacia un compromiso fiable que garantice un proceso electoral presidencial legitimado bajo los cánones establecidos por los organismos internacionales.
Con ello, Lula buscaría poner fin a las tensiones entre Caracas y la comunidad internacional, especialmente EE UU y Europa, ante las últimas elecciones realizadas en Venezuela, especialmente las presidenciales de mayo de 2018 y las regionales y legislativas de 2021, ganadas por el "chavismo", pero no reconocidas por una mayoría de gobiernos a nivel internacional.
Por otro lado, las notables expectativas de observar un "deshielo" en la crisis venezolana comienzan a cobrar importancia para los gobiernos hemisféricos, en particular ante las incertidumbres provocadas por la crisis peruana, pero también en Argentina con el reciente juicio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su inhabilitación política. Argentina irá a elecciones presidenciales en octubre de 2023 mientras Perú lo haría en 2024, pero existen presiones políticas y sociales para un adelanto electoral el próximo año.
Finalmente, otros dos actores con influencia en la situación venezolana, como son los casos de Rusia y China, ambos aliados de Maduro, mantendrían una actitud expectante ante esos movimientos hemisféricos y la posibilidad de que el diálogo concrete un plan electoral viable.
La guerra en Ucrania ocupa prácticamente la totalidad de la atención de Moscú. En el caso de China, con un peso económico cada vez mayor en América Latina, se ve igualmente limitado en su contorno asiático ante los recientes movimientos geopolíticos de Washington en torno a Taiwán y las tensiones en la península coreana. Otro aliado de Maduro, Irán, también se observa limitado en su accionar, tomando en cuenta su implicación en la guerra de Ucrania apoyando a Rusia y ante las protestas internas en el país persa tras la muerte de la activista Mahsa Amini.
Muy probablemente Moscú y Beijing observarán con atención cuáles serán los movimientos de Lula en torno a la crisis venezolana, ofreciendo un apoyo tácito a sus gestiones. Expectativas que no se limitan únicamente al caso Venezuela sino también ante la posibilidad de que la política exterior de Lula promueva iniciativas y alternativas de resolución para la guerra en Ucrania, así como una revitalización de organismos multilaterales como los BRICS.
¿Y Biden?
El nuevo contexto que se abre en Venezuela nos lleva también hacia el actor probablemente más decisivo en la resolución de la crisis: la administración de Joseph Biden. Su iniciativa de enviar una delegación a Caracas el pasado 5 de marzo, poco después de la invasión militar rusa a Ucrania y ante los temores occidentales sobre las complicaciones que esta guerra derivarían en el mercado energético global, fueron el "pistoletazo" de salida que propició un efecto reactivo en cuanto a iniciativas diplomáticas, principalmente desde Europa.
Toda vez comienzan a suavizarse las sanciones contra altos cargos del gobierno de Maduro, Washington y Caracas trabajan los mecanismos propicios para el regreso de las multinacionales al mercado energético venezolano, como se ha visto en los casos de Exxon Mobil, Chevron Texaco, Repsol y ENI.
Washington observa igualmente con atención el desenlace del "interinato Guaidó" para calcular cómo mover ficha en torno a Maduro. No obstante, no se aprecia a corto y mediano plazo un eventual reconocimiento de la legitimidad presidencial de Maduro, ya que Biden ha mantenido hasta ahora el compromiso bipartidista entre republicanos y demócratas de reconocer a Guaidó como presidente legítimo, vigente desde enero de 2020 con la anterior administración de Donald Trump.
Aquí también entra en juego el contexto electoral presidencial 2024 para la Casa Blanca, que condiciona la posibilidad de un "cambio de timón" en lo relativo a Venezuela. Las recientes elecciones midterm en noviembre pasado configuraron un mapa político muy polarizado entre republicanos y demócratas.
Por tanto, un giro de ‘360 grados’ a través de un eventual reconocimiento de Biden a Maduro podría implicar serias consecuencias políticas internas para el presidente estadounidense y el Partido Demócrata que impliquen la ruptura de consensos con los republicanos. En este caso, en torno al tema Venezuela. Todo ello sin olvidar el peso que las diásporas cubana y venezolana (que actúan prácticamente de forma coordinada en lo relativo a las políticas de Washington hacia Venezuela y Cuba) podrían tener de cara al horizonte electoral 2024.
Pero la realpolitik y la escasez de avances satisfactorios en torno a una solución política de la crisis venezolana han motivado a la Casa Blanca a tomar la iniciativa en cuanto a la normalización de relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro. En noviembre de 2020, Washington eligió un nuevo embajador en Caracas en la figura de James Story, tras diez años de vacante diplomática con la expulsión del último embajador estadounidense en 2010 por parte del gobierno del ex presidente Hugo Chávez.
Ahora, con el nombramiento de Santos Martínez como nuevo embajador en Caracas, España está igualmente asumiendo este nuevo enfoque que propicie la normalización de las relaciones con Venezuela sin olvidar temas espinosos de la agenda como la situación de los presos políticos, los derechos humanos y las garantías de elecciones libres y transparentes a mediano plazo.
