Ha llegado el momento de que España incluya sus prioridades en materia de seguridad en la agenda de la Alianza Atlántica.
Los próximos días 8 y 9 de julio se celebrará en Varsovia una nueva cumbre de la Alianza Atlántica. Será una cumbre decisiva en la que la OTAN tendrá que decidir si continúa en la línea marcada en la cumbre de Gales de 2014, al calor de los acontecimientos en Ucrania, o si, por el contrario, adopta una visión más equilibrada en la que tengan cabida otros desafíos de seguridad que preocupan –y mucho– a algunos de sus socios.
A juzgar por las actividades desarrolladas durante estos dos años, todo parece indicar que la amenaza rusa, percibida realmente por algunos miembros de la Alianza y utilizada por otros para revitalizar una organización que parecía haber perdido su razón de ser tras la guerra fría, volverá a ocupar un lugar preeminente entre los temas a tratar. Esta posibilidad, además, se presenta como no carente de cierta lógica en un momento en el que la Unión Europea vuelve a aparecer gravemente debilitada tras el referéndum británico. Sin embargo, desde una perspectiva española, la dinámica de confrontación en el Este exige una reflexión sosegada.
España ha realizado durante estos años un esfuerzo para cumplir con sus obligaciones como un miembro responsable de la Alianza Atlántica. Los cazabombarderos españoles se han desplegado en los países bálticos en varias ocasiones –la última de enero a abril de 2016– para impedir las violaciones de su espacio aéreo. Las fragatas más avanzadas y el buque de aprovisionamiento de combate Cantabria se han integrado en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN 1 (SNMG-1, por sus siglas en inglés), al mando de un contraalmirante español, para realizar visitas y ejercicios en el Báltico y el norte de Europa, estando previsto que próximamente participen en el USA Baltops 16, que simulará un escenario de amenazas múltiples en el Báltico, y posteriormente en el Dynamic Mongoos, de entrenamiento en operaciones antisubmarinas, en aguas del mar de Noruega. Finalmente, España, como país líder de la Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad, ha desplegado en Polonia 1.300 hombres y 500 vehículos para tomar parte en los ejercicios Brilliant Jump 16 y Valiant Falcon 16.
Nada hay de malo en participar en todo esto, pero las principales amenazas para España no vienen del Este, sino del Sur. Ya hablemos de terrorismo, de seguridad energética, de control de flujos migratorios o de reclamaciones territoriales, lo cierto es que el norte de África, el Sahel e incluso Oriente Medio plantean problemas mucho más acuciantes que el Báltico o el Dniéper. ¿Es entonces acertado que España envíe lo mejor de sus fuerzas a defender Tallín, cuando nadie se compromete a defender Ceuta y Melilla?
Por otra parte, los medios con los que España cuenta y los planes que se plantea aplicar en materia de defensa no son los adecuados para llevar a cabo una misión como la defensa de las fronteras orientales de la OTAN. Los Eurofighters serán buenos aviones el día que estén dotados del armamento y, sobre todo, de los equipos electrónicos que se pensaron instalar en las unidades de los últimos lotes. Hasta que eso no se lleve a cabo, si es que se lleva algún día, el más moderno cazabombardero español tendrá poco que hacer frente a los fenomenales aparatos rusos. De la misma manera, las futuras Brigadas Orgánicas Polivalentes, con su cóctel de unidades, vehículos y sistemas de armas, servirían de poco en un combate convencional con unidades mecanizadas homogéneas y bien dotadas. Las grandes novedades de los planes de defensa son la adquisición de drones y la creación de centros de ciberseguridad para luchar en las “guerras híbridas del futuro”, lo cual está muy bien, siempre que luego no nos dé por asumir compromisos propios de “las guerras convencionales del pasado”.
La situación dista mucho de ser ideal y la responsabilidad no recae sobre los compañeros de Alianza, sino sobre España. No se trata de que europeos y americanos se la hayan jugado a los españoles, sino de una mala negociación de las condiciones de la entrada en la OTAN. Tampoco se supo calibrar las consecuencias de sus ampliaciones. Por eso, urge que España piense qué está dispuesta a hacer, qué espera conseguir con lo que vaya a hacer y qué necesita para hacer lo que quiere hacer. De cómo responda a estas preguntas y de lo coherente que sea con las respuestas que dé, dependerá que su pertenencia a la OTAN suponga un beneficio real para España o, simplemente, una carga pesada y mal llevada.
Es vital que España, en conjunción con otros aliados que viven circunstancias parecidas y tienen intereses comunes, consiga meter en la agenda de la OTAN sus propios problemas de seguridad. Que no vuelva a repetirse la espantada general de 2002 a raíz de la crisis de Perejil; que todo el territorio español quede incluido en el espacio protegido por la Alianza y que sus socios se involucren más en Libia o el Sahel. Son territorios en los que el Tratado de Washington no preveía la intervención de la OTAN, pero no hay que olvidar que dicho tratado sí incluyó los departamentos franceses en Argelia, que las operaciones fuera de área ya están inventadas y que, en caso necesario, nada impide que los tratados se modifiquen. Si esto se consigue, el siguiente paso será estudiar qué medios necesita España para desarrollar eficazmente las operaciones en las que participa, ya sean para lidiar con amenazas convencionales o asimétricas. Por el contrario, si se fracasa, lo que se impondrá será un debate sobre la relación coste/beneficio que tiene para España pertenecer a la OTAN.
España es un socio fundamental de la Alianza Atlántica que, además de aportar tropas y participar en las misiones decididas por el Consejo, proporciona bases y medios logísticos inestimables. En 2016, en particular, su contribución está siendo especialmente relevante. La cumbre de Varsovia presenta una buena oportunidad para hablar de méritos y reclamar un puesto a la altura de los sacrificios realizados.
Actividad subvencionada por la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores
