La presencia más activa de España en el proceso de paz de Colombia daría coherencia su labor de cooperación y apoyo a América Latina y reforzaría el papel de la UE en la región

Seguidores del Presidente Petro se reunen en la inauguración de su presidencia en la Plaza Bolivar de Bogotá, Colombia.(Guillermo Legaria/Getty Images)

La llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia ha supuesto un giro de 180º en lo que a la política de gestión del conflicto armado interno y construcción de una paz estable y duradera se trata, lo cual es una aspiración de la mayoría de los colombianos. Si bien en noviembre de 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos suscribía un Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC-EP, la realidad es que muchas de las expectativas de poner fin al conflicto más longevo de América Latina distan mucho de haberse materializado. Indudablemente, uno de los factores más reseñables al respecto ha tenido que ver, no con la pandemia, y sí con la escasa voluntad de cumplimiento del ejecutivo de Iván Duque. Éste, con su dogma de “paz con legalidad”, se dedicó a desarrollar, durante sus cuatro años de mandato, una implementación selectiva, casi saboteadora, de los principales puntos del Acuerdo suscrito con la guerrilla. Esto coadyuvó un auge en la proliferación de estructuras disidentes y rearmadas de las extintas FARC-EP, evidenciando una nula capacidad de respuesta por parte de su gobierno. Además, fue incapaz de reconducir el difícil proceso de diálogo con el ELN, y tuvo una muy cuestionable política de confrontación con los problemas estructurales asociados al narcotráfico y la delincuencia organizada.

Petro, no sólo se ha propuesto llevar a sus últimos términos los Acuerdos de Paz con las FARC-EP, sino acabar también con las otras fuentes de violencia directa y, en la medida de lo posible, estructural. Es la “paz total” a la que se ha referido el presidente, que, por el momento, admite tres vías de gestión. En primer lugar, estaría la recuperación del diálogo paralizado, desde comienzos de 2018, con la guerrilla del ELN. Entre 2015 y 2017 se avanzó como nunca en la disposición de una agenda de intercambios cooperativos que, finalmente, quedó truncada. Ahora, desde el comienzo, y bajo el guiño de un cese bilateral de las hostilidades, se plantea la posibilidad de retomar esos diálogos a efectos de avanzar hacia la finalización de un conflicto que se aproxima a las seis décadas. En segundo lugar, estaría la desactivación de los grupos disidentes, con mayor impronta política, que son más cercanos a las desaparecidas FARC-EP, y que mantienen una relación de relativa camaradería con el ELN, y que cuentan con el auspicio venezolano. Tal es el caso de Segunda Marquetalia, un grupo creado por los dirigentes del proceso de paz, “Iván Márquez” y “Jesús Santrich”, y que se encuentra en una posición de claro debilitamiento frente a otros sectores. Finalmente, está el sometimiento a la justicia de los grupos delictivos, en buena medida, herederos del posparamilitarismo, como el Clan del Golfo, entre muchos otros, pero también producto de la continuidad de estructuras de las antiguas FARC-EP, mal llamadas residuales, que ahora son grupos criminales sin ideología. Sea como fuere, al respecto, debe decirse que la posibilidad de impulsar una política penitenciaria diferente para las estructuras que se acojan al desarme, no es ni mucho menos nueva. En Colombia, en 1991, este esquema permitió la desmovilización de unos 200 efectivos del remanente entonces liderado por el narcotraficante Rodríguez Gacha. Ese mismo año, hizo lo propio otro grupo de alrededor de 400 hombres comandado por “Ariel Otero” y, poco después, con la mediación del obispo de Apartadó, 600 efectivos liderados por Fidel Castaño depusieron las armas.

Una situación tan compleja como la descrita, tal y como evidencia la experiencia comparada, obliga a que la comunidad internacional juegue un papel relevante. De hecho, puede afirmarse de manera categórica que la internacionalización de la paz fue uno de los elementos más distintivos en la evolución positiva del diálogo transcurrido en La Habana, entre las FARC-EP y el gobierno colombiano. Desde el inicio, tanto los diálogos informales, transcurridos en Venezuela, como las conversaciones formales, desarrolladas primero en Oslo y después en La Habana, no tuvieron lugar en Colombia. Suele ser habitual, en ocasiones, reclamar espacios de interlocución dentro del país que sufre un escenario de confrontación armada, pero las experiencias fallidas en Colombia, como la de los diálogos de paz con las FARC-EP en la zona desmilitarizada del Caguán o el intento de realizar otro proceso similar en Bolívar con el ELN durante la presidencia de Andrés Pastrana, nos dice que actuar lejos del foco político y mediático de los hechos ayuda a desarrollar dinámicas de entendimiento mucho más favorables.

En ese marco de presencia de la comunidad internacional, desde el comienzo, hubo un respaldo de buena parte de la arquitectura regional latinoamericana, como fue el caso de la CELAC y UNASUR, aparte de terceros actores como la Unión Europea, Naciones Unidas o la misma Corte Penal Internacional. Además, se creó un esquema de garantes (Cuba y Noruega) y acompañantes (Venezuela y Chile) que debería asegurar los buenos oficios y la labor de cercanía, apoyo y facilitación cuando las circunstancias del diálogo entre gobierno y guerrilla así lo demandasen. Finalmente, en el punto sexto del Acuerdo suscrito con las FARC-EP existe todo un entramado de agencias de cooperación y organizaciones internacionales que asumen compromisos y responsabilidades para que, lo suscrito, fuese garantizado y cumplido de forma responsable por las partes firmantes, aun cuando no se preveía que un gobierno, como el de Iván Duque, fuera a asumir una posición de tal beligerancia contra la paz recogida en dicho documento.

España en los procesos de paz del continente latinoamericano

La reciente visita de Pedro Sánchez a Colombia ha servido para reforzar el nuevo vínculo progresista entre Madrid y Bogotá. Tanto ha sido así, que mientras que el mandatario español ponía a disposición de Colombia todos los recursos y oficios para respaldar la política de paz que alberga la nueva agenda gubernamental, el propio Petro afirmaba que, de desearlo las partes, España, además de garante del proceso, bien puede cumplir como sede eventual del futuro diálogo entre el ELN y el nuevo ejecutivo colombiano. España debe recuperar una tradición de firme valedora de los procesos de paz en el continente. Fue muy destacada su labor en los procesos de pacificación de Centroamérica. Tanto en El Salvador como en Guatemala hubo una labor muy notoria, no sólo en el proceso de Esquipulas, sino muy especialmente en las tareas de verificación del cumplimiento de los derechos humanos, principalmente de parte de Policía y Ejército. Hubo una gran colaboración en materia de consolidación de la democracia, reforma institucional del Estado y modernización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Lo anterior, toda vez que la AECID, en el marco sobre todo del V Centenario de 1992, vertebró una política de cooperación para el desarrollo, que mejoró notablemente el marco de iberoamericaneidad.

Por supuesto, también Colombia fue un escenario muy importante de la colaboración española en la construcción de la paz. No se puede pasar por alto que, por ejemplo, España fue sede de unas conversaciones entre la guerrilla del ELN y el gobierno colombiano de Ernesto Samper. Tanto que, a comienzos de febrero de 1998, se llegó a suscribir, en el Palacio de Viana de Madrid, un preacuerdo por el cual se adquiría el compromiso de avanzar en intercambios cooperativos para la desactivación de la violencia. De hecho, fue respaldado por el entonces comandante jefe de la guerrilla, el español Manuel “Cura” Pérez, quien murió una semana después, producto de una hepatitis C. No obstante, el proceso quedó en nada por la filtración que el diario ABC le hizo al periódico colombiano El Tiempo, y que impidió todo tipo de avance. En cualquier caso, y con el nuevo gobierno del conservador Andrés Pastrana, quien tomó posesión en agosto de ese mismo año 1998, se volvería a ratificar el compromiso español con la paz colombiana, tal y como muestra la aportación de 100 millones de euros que se realizó al fondo de paz que se constituyó con vistas al proceso de paz que comenzaría con las FARC-EP, en enero de 1999.

Por todo lo anterior, en primer lugar, la presencia de España en el proceso de paz colombiano sería un ejercicio de coherencia e integridad con uno de los aspectos nucleares que, durante mucho tiempo, han presidido la labor de apoyo y cooperación con América Latina. Asimismo, daría visibilidad y protagonismo a un vínculo que demanda una presencia en escenarios decisorios de la región. Presencia, en cualquier caso, desde la hermandad, el respeto y la demanda, y no desde el paternalismo y la perspectiva Norte-Sur que tanto han erosionado, en muchas ocasiones, la relación con el continente.

Una labor de apoyo con estas características es extensible a la Unión Europea, de la que España ocupará la presidencia en el segundo semestre de 2023. El rol de la Unión igualmente, de manera tradicional, ha sido el de apoyo a la construcción de paz en otras áreas del mundo. En particular, en el anterior proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP tuvo un papel muy relevante, al menos, en tres campos: en el apoyo a la preparación y la búsqueda de vías apropiadas para el proceso, a través de las tres etapas de los laboratorios de paz y otras acciones financiadas; en el apoyo político con el enviado especial Eamon Gilmore —ex viceprimer ministro irlandés que contribuyó a la paz con el IRA—, que fue designado en octubre de 2015 para acompañar el final de las negociaciones y que luego supervisó la puesta en práctica del Fondo Fiduciario con el que Europa ayudará en el posconflicto; y en el apoyo financiero y de personal, especialmente durante el posconflicto armado. A tal efecto, su participación más destacada ha sido a través del Fondo Europeo para la Paz de Colombia, aprobado el 12 de diciembre de 2016 y que, hasta el momento, ha movilizado 130 millones de euros a través de 31 proyectos en 145 municipios del país.

El presidente Sánchez visita Colombia y ofrece a Petro que el España sea el país donde tenga lugar la negociación para el proceso de paz con la guerrilla ELN. (Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

Para un país como España, ser garante de un proceso de paz como el del ELN puede suponer varias responsabilidades, ninguna de ellas baladí. Primero está, como se apuntaba, ser escenario de parte o de todo el proceso de diálogo. Esto implica dotar de un escenario proclive para el diálogo, no sólo en términos ambientales y de infraestructura, sino, sobre todo, de exposición, tratamiento y visibilidad. Igualmente, supone asumir las necesidades de transporte, alojamiento o seguridad que las partes demanden, tal y como Oslo y La Habana hicieron con el proceso de las FARC-EP. Pero lo más importante, es que el garante debe desplegar todos sus buenos oficios para que el proceso de interlocución, de exigencias, de intercambios y de sacrificios por parte de dos enemigos que se resignifican en adversarios fructifique. La atención a las experiencias comparadas, a las buenas prácticas y las lecciones aprendidas son tan necesarias como la exhibición de recursos para el mantenimiento de un diálogo apropiado. Detectar dificultades, proveer de caminos alternativos, ofrecer terceras posibilidades o, incluso, recomendar aspectos más comprometidos suelen ser cuestiones que todo garante debe saber gestionar.

Sea como fuere, no se deben de olvidar el resto de los frentes mencionados de la paz total. Los miembros de las disidencias de las FARC-EP que se (re)acojan a los Acuerdos de Paz, deben tener bases sólidas para su reincorporación, lo cual requiere la financiación generosa de proyectos de empleo y convivencia. Por su parte, el desarme de los grupos criminales exige, como hemos dicho, una política penitenciaria diferente a la actual, que puede incluir o no extradiciones o extrañamientos de algunos líderes, y es importante estar dispuesto también a colaborar sobre estos aspectos.

En definitiva, ser garante implica erigirse como valedor de una paz que siempre debe ser presumible como estable y duradera. El Estado que acompañe la paz de cualquier forma debe proveer los recursos, los mecanismos de comunicación y diálogo, pero también de reclamo y seguimiento, para el buen cumplimiento de los compromisos que se alcancen en las negociaciones. Hay que entender bien que estas políticas de apoyo a la construcción de la paz son políticas de Estado y no de gobierno, de modo que deberían ser apoyadas por todos los que creen en la paz, sin distinción alguna de ideologías.