La escalada de las tensiones entre la oprimida comunidad musulmana rohingya con el Ejército birmano y los nacionalistas budistas podría arrastrar a esta región del país asiático a la violencia entre etnias.

Un soldado birmano hace guardia en un campo de desplazados de Rohingya. Romeo Gacad/AFP/Getty Images
Un soldado birmano hace guardia en un campo de desplazados de Rohingya. Romeo Gacad/AFP/Getty Images

El pasado 9 de octubre, centenares de hombres armados con machetes, cuchillos y algunas pistolas atacaron tres puestos de la Policía Fronteriza birmana en los distritos de Maungdaw y Rathedaung, en el norte del estado birmano de Arakan, junto a la frontera con Bangladesh. Los atacantes, pertenecientes a la oprimida etnia musulmana rohingya, mataron a nueve policías y robaron 50 armas y miles de cartuchos de munición a las fuerzas de seguridad. La reacción no se hizo esperar. El Ejército birmano declaró “zona de operaciones militares” tres distritos de Arakan de mayoría rohingya y lanzó una campaña de búsqueda y captura de los militantes bajo el nombre de “Operación puerta trasera” que todavía continúa.

Desde entonces, unos 3.000 desplazados internos budistas de la etnia arakanesa, mayoritaria en el estado, han huido a la capital del estado, Sittwe. Los centenares de miles de civiles rohingyas que viven en Maungdaw lo tienen más difícil: las restricción de movimientos casi total a las que los somete el Gobierno birmano desde hace decenios les impide huir en busca de un refugio seguro.

Resulta difícil saber con certeza qué está ocurriendo en el norte de Arakan. Para viajar allí, habitualmente los periodistas y cooperantes extranjeros necesitan obtener un permiso especial del Gobierno del estado que no siempre reciben, pero, desde el principio de la “Operación puerta trasera”, el Ejército ha restringido totalmente el acceso a periodistas y observadores extranjeros a los tres distritos, con la excepción de una delegación de diplomáticos y personal de la ONU que ...