La escalada de las tensiones entre la oprimida comunidad musulmana rohingya con el Ejército birmano y los nacionalistas budistas podría arrastrar a esta región del país asiático a la violencia entre etnias.

Un soldado birmano hace guardia en un campo de desplazados de Rohingya. Romeo Gacad/AFP/Getty Images
Un soldado birmano hace guardia en un campo de desplazados de Rohingya. Romeo Gacad/AFP/Getty Images

El pasado 9 de octubre, centenares de hombres armados con machetes, cuchillos y algunas pistolas atacaron tres puestos de la Policía Fronteriza birmana en los distritos de Maungdaw y Rathedaung, en el norte del estado birmano de Arakan, junto a la frontera con Bangladesh. Los atacantes, pertenecientes a la oprimida etnia musulmana rohingya, mataron a nueve policías y robaron 50 armas y miles de cartuchos de munición a las fuerzas de seguridad. La reacción no se hizo esperar. El Ejército birmano declaró “zona de operaciones militares” tres distritos de Arakan de mayoría rohingya y lanzó una campaña de búsqueda y captura de los militantes bajo el nombre de “Operación puerta trasera” que todavía continúa.

Desde entonces, unos 3.000 desplazados internos budistas de la etnia arakanesa, mayoritaria en el estado, han huido a la capital del estado, Sittwe. Los centenares de miles de civiles rohingyas que viven en Maungdaw lo tienen más difícil: las restricción de movimientos casi total a las que los somete el Gobierno birmano desde hace decenios les impide huir en busca de un refugio seguro.

Resulta difícil saber con certeza qué está ocurriendo en el norte de Arakan. Para viajar allí, habitualmente los periodistas y cooperantes extranjeros necesitan obtener un permiso especial del Gobierno del estado que no siempre reciben, pero, desde el principio de la “Operación puerta trasera”, el Ejército ha restringido totalmente el acceso a periodistas y observadores extranjeros a los tres distritos, con la excepción de una delegación de diplomáticos y personal de la ONU que viajó a la zona esta semana en una visita guiada con las Fuerzas Armadas. Incluso agencias internacionales de Naciones Unidas tienen vetado el acceso a la zona y son incapaces de distribuir una ayuda esencial para una población sumamente empobrecida.

Se cree que al menos 15.000 civiles rohingyas han tenido que abandonar sus pueblos para refugiarse en las montañas de las batidas militares en sus pueblos o han sido expulsados por los soldados, y fuentes locales y diversas organizaciones de derechos humanos han acusado al Ejército de incendiar pueblos enteros, ejecutar a civiles e incluso de violaciones masivas de mujeres rohingyas. El Gobierno birmano niega las acusaciones, pero estas prácticas son históricamente habituales en las operaciones de contrainsurgencia del Tatmadaw (el Ejército del país) contra las diferentes guerrillas étnicas que han luchado contra el Estado central desde la independencia del país en 1948.

Ante dichas acusaciones Aung San Suu Kyi, la líder de facto del Gobierno civil del país, se ha limitado a declarar durante una visita oficial esta semana a Japón que “el problema en Rakhine [como se conoce también Arakan] es extremadamente delicado y se necesita cautela en la respuesta. El Gobierno está reaccionando ante ...