El uso de la agencia estadounidense USAID para socavar al régimen castrista desacredita aún más la política estadounidense hacia Cuba.
Existe un lema médico que la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) haría bien en adoptar: “Primero, no hacer daño”. Parece renuente a entenderlo en el caso cubano. Desde la Administración Bush hasta la fecha, la agencia vinculada al Departamento de Estado ha gastado cientos de millones de dólares siguiendo una concepción destructiva de lo que titula “promoción de la democracia y la sociedad civil en Cuba”. Bajo esta rúbrica, la USAID ha instrumentado un modelo intervencionista que tiene poco que ver con la promoción de los derechos humanos: la ley Helms-Burton.
La ley promovida por el senador Helms, con las credenciales democráticas de un miembro de clubes solo para blancos, se desentiende de cualquier obligación de Estados Unidos ante el Derecho internacional. Obsesionados desde 1959 con expulsar del poder a Fidel Castro, los autores de la ley encadenaron a ese objetivo la política estadounidense hacia toda la nación cubana. Como explicó el ex analista principal de la CIA para América Latina Fulton Amstrong, bajo el gobierno de George W. Bush se transfirieron funciones desestabilizadoras contra el Gobierno cubano, que antes caían bajo el mandato de las agencias de inteligencia, a la USAID. Se trató de innovar métodos para buscar los mismos objetivos del viejo anticomunismo antidemocrático de la guerra fría con especialistas en desarrollo internacional haciendo el trabajo que antes les tocaba a agentes de inteligencia. Jesse Helms lo dijo al ser aprobada su ley, no hay negociación ni entendimiento posible con el gobierno en Cuba, se trata de sacar a Fidel Castro “de modo vertical u horizontal”. En esa lógica, los derechos humanos son apenas un pretexto.
Cuando alguien cree que nada hay que agregar a la saga de corruptelas en Miami, desvío de fondos, malgasto del dinero del contribuyente y desinformación que ha caracterizado los programas de “promoción de democracia” para Cuba, la USAID siempre sorprende. Lo nuevo ahora es la utilización de jóvenes de terceros países en aparentes programas de salud. La idea era utilizar unas lecciones a los cubanos sobre cómo usar preservativos (¡vaya desconocimiento sobre Cuba!) para identificar potenciales líderes opositores. Todo con dinero público. El prestigioso senador estadounidense del Partido Demócrata Patrick Leahy lo ha catalogado como “más que irresponsable”. Uno se pregunta si alguien en su sano juicio pondría su propio dinero en tal idea.
Desde la captura de Alan Gross, un subcontratista de la USAID arrestado en Cuba por otro de los programas mal diseñados de la agencia, la palabrería sobre la sociedad civil cubana está cada vez más acompañada de la imprudencia. De Gross al ZunZuneo, otro invento de crear un twitter cubano para una supuesta rebelión estilo primavera árabe, todos ellos basados en la lógica de derribar al Gobierno vigente sin tener idea de alternativas, saboteando cualquier proyecto de democratización incremental y apertura económica con gradualidad. Todo ocurrió con la Administración Obama, la misma que intoxicada con el humo democrático liberó de las cárceles de Gadafi al terrorista que luego atacó el consulado estadounidense en Bengazzi y mató a su Embajador.
Dos constantes del programa de la USAID para Cuba son la falta de respeto por la sociedad civil de la isla y el daño a la credibilidad de proyectos loables de la agencia en otros países. Si en otras latitudes, los programas de esta agencia requieren el consentimiento informado de los actores locales, en Cuba estas actividades encubiertas ignoran las fuertes opiniones de las comunidades religiosas, cívicas, juveniles y profesionales contra la ley Helms. Washington proclama promover la sociedad civil pero empieza por no tenerla en consideración.
Al permitir al senador Robert Menéndez del Partido Demócrata un poder de veto sobre su estrategia hacia Cuba, la Administración Obama ha olvidado valorar los daños intangibles a la credibilidad de su política exterior. ¿Alguien ha pensado en el desprestigio que heredará una política post-embargo hacia Cuba en materia de promoción democrática, colaboración de salud y asistencia al desarrollo? ¿Alguien valoró el impacto negativo del uso de supuestos seminarios sobre el VIH para la credibilidad de la USAID y sus funcionarios, quienes se han ganado el respeto en otros países con verdaderos programas de salud? En Bolivia varios periódicos pro-gobierno han usado el caso para reafirmar el carácter injerencista de la USAID y defender la postura del presidente boliviano, Evo Morales, de expulsar la agencia estadounidense.
La política de Estados Unidos de cambio de régimen hacia Cuba encierra una paradoja. Mientras la Administración Obama ejerce su embargo unilateral, más se deteriora la influencia y respeto por los argumentos estadounidenses sobre la isla. Cuanto más la USAID usa el lenguaje de la democracia, el desarrollo internacional y los derechos humanos para violar la soberanía cubana, más sus acciones socavan la credibilidad de esos valores.
La Administración Obama está desacreditando uno de los mayores activos estadounidenses de política exterior: el compromiso con el Estado de Derecho. Ante cada revelación los portavoces del departamento de Estado tuercen la verdad como un pretzel para presentar los programas clandestinos de USAID en Cuba como públicos y respetuosos de las leyes de otros países y de las suyas propias. En todo el mundo, las personas ven escasa o ninguna conexión entre sus aspiraciones democráticas y la retórica y acciones que emanan de Washington hacia Cuba.
“Al final de mi mandato -escribe Hillary Clinton- le recomendé al presidente Obama revisar la política de embargo. No alcanza sus objetivos y paraliza nuestra agenda general hacia América Latina”. A menos de un año de la anunciada cumbre de las Américas de Panamá, Obama debería escucharla. Tiene un montón de prerrogativas ejecutivas para evitar hacer más daño.
