El gobierno de Estados Unidos puede interrumpir el traslado de prisioneros yemeníes de Guantánamo a su país. ¿Pero dónde los llevará?

 

PAUL RICHARDS/AFP/Getty Images

Barack Obama está en un apuro. Justo cuando el presidente de EE UU estaba en pleno proceso de trasladar a presos de la bahía de Guantánamo a Yemen, Umar Farouk Abdulmutallab intentó hacer estallar el vuelo 253 y, de pronto, este país, con la reaparición de la presencia de Al Qaeda, empezó a ser un destino menos aceptable. Los traslados de prisioneros se han aplazado, como es natural, pero ¿qué va a ocurrir con los 91 presos yemeníes que aún permanecen en el campo, entre los que se ha autorizado la puesta en libertad de más de 30?

Obama tiene tres opciones: reanudar los traslados a Yemen y presionar más al Gobierno de este país para que incremente las medidas contra la radicalización, enviar a los presos a un programa de rehabilitación dirigido por los saudíes o mantenerlos indefinidamente bajo la custodia de Estados Unidos. Ninguna de las tres cosas es perfecta, pero el presidente estadounidense tiene todavía la posibilidad de encontrar una solución aceptable a largo plazo.

En realidad, enviar a los presos a Yemen nunca fue una opción ideal. Hasta la fecha, las autoridades de EE UU han llevado a este país a más de 20 prisioneros considerados de poco  riesgo y fiándose de las garantías yemeníes de que iban a neutralizar cualquier amenaza que representaran. Entre 2000 y 2005, el Gobierno de Saná patrocinó un programa de rehabilitación para sus propios presos, el Comité Yemení para el Diálogo. Su presidente, Qadi Hamoud al Hitar, afirmó públicamente que sus esfuerzos para entablar un diálogo religioso con ellos y reintegrarlos en la sociedad estaban teniendo éxito.

Pero las pruebas parecen indicar lo contrario. Un participante, ex jefe de Al Qaeda, ha dicho en conversaciones privadas que el “diálogo” consistía en unas breves reuniones durante las que se animaba a los presos a firmar unos documentos en los que prometían obediencia al presidente yemení Alí Abdulá Saleh. El diálogo no abordaba los actos terroristas que se cometieran fuera de Yemen, ni proporcionaba apoyo para salir adelante tras la liberación. Las informaciones sugieren que varios de los que completaron el curso reanudaron sus actividades violentas, muchas de ellas en Irak. Además, los planes para renovar y mejorar los trabajos de desradicalización -prometidos por los yemeníes antes del traslado de presos- se encuentran aún en sus primeras fases. Un funcionario de este país dijo el pasado otoño: “Hay muchos [que están] pensando en ello, pero no [se está] haciendo nada”.

Si Obama decide seguir enviando prisioneros a Yemen, Estados Unidos podría seguir presionando a Saná para que modernice su programa de rehabilitación. Pero esta estrategia tiene graves riesgos y necesitaría orientación, apoyo económico y presiones políticas de fuera. Los planes de rehabilitación siguen siendo incipientes, y no se ha asignado ningún dinero al proyecto. Si se mantiene esta política, Washington tendría que garantizar la participación de organismos yemeníes clave como la Oficina de Seguridad Nacional y la Organización Política de Seguridad, dirigentes religiosos y de la sociedad civil y ONG tanto nacionales como internacionales. Estas últimas deberían contribuir con programas de servicios sociales y apoyo a las familias y proporcionar unas auditorías externas que impidieran el mal uso del dinero. Las autoridades estadounidenses deben dejar claro asimismo que el Gobierno yemení será responsable del éxito del programa.

Incluso con una ayuda exterior importante, un responsable yemení calcula que el programa no rehabilitaría más que al 30 o 40% de los participantes. Yemen se debate con una pobreza generalizada, un malestar político creciente y el renacer de Al Qaeda. Estos factores hacen que acabar con la radicalización sea todavía más difícil. Saleh está centrado ante todo en acabar con los rebeldes hutíes en el norte, aplastar un movimiento secesionista en el sur y gestionar una crisis socioeconómica que viene de lejos. Dada la energía que dedica a estas y otras prioridades nacionales, Saná carece de la voluntad y la capacidad de desarrollar y llevar a la práctica un programa real de rehabilitación. Como dice un yemení, Saleh “no puede ocuparse de esto ahora mismo”.

No todos los prisioneros son iguales, y todas las opciones disponibles presentan riesgos

La segunda opción, enviar a los presos a Arabia Saudí, puede ser una alternativa mucho mejor. El programa de desradicalización de este país no es perfecto, y varios de sus alumnos han regresado a la yihad violenta. Pero, a diferencia de Yemen, los saudíes valoran y revisan sin cesar sus estrategias en este campo, sus parámetros de evaluación y sus programas para después de la salida de la cárcel. Aunque se han resistido a aceptar presos de su vecino del sur hasta ahora, Obama podría aludir a la creciente inestabilidad de Yemen y la posible amenaza que los prisioneros liberados representan para la seguridad saudí para convencerles de que se sumen a su estrategia.

Si los saudíes aceptan, hay varios cambios que aumentarían las probabilidades de éxito. Primero, el programa debería incluir en el equipo de consejeros a familias, estudiosos y clérigos yemeníes. Los presos sólo deberían ir a Arabia Saudí en grupos pequeños, y habría que programar los traslados de forma que quede tiempo para un proceso de rehabilitación con errores, adaptaciones y evaluaciones continuas. También sería importante establecer un programa de tutela posterior en Yemen para ayudar a reintegrarlos en libertad, que se enfrentarán al desempleo, el estigma social y, casi seguro, el intento de Al Qaeda de volver a reclutarlos. Asimismo, la vigilancia de seguridad yemení será probablemente variable y poco eficaz; serán necesarios programas con apoyo extranjero para remediarlo.

Esta estrategia tal vez preocuparía a las autoridades yemeníes, las familias de los presos y la población de Yemen. Pero, si Saleh respalda en público la idea y Arabia Saudí facilita las visitas de familiares, podrían superarse las reservas. Aunque sigue sin estar claro que Riad sea capaz de rehabilitar a personas procedentes de otros países, sobre todo porque su programa, hasta ahora, ha hecho hincapié en la intervención plena y continua de la familia, los expertos saudíes tienen más posibilidades que los yemeníes, que no tienen ni los recursos necesarios ni un programa establecido. Dada la inestabilidad creciente de Yemen y la actividad actual de Al Qaeda en el país, trasladar a los presos a Arabia Saudí es la mejor solución estratégica.

Como siempre, mantenerlos presos bajo la custodia de Estados Unidos sigue siendo otra opción y quizá sea la más práctica a corto plazo, sobre todo dado que la inestabilidad en Yemen va en aumento y la eficacia de la tarea saudí de rehabilitación de los yemeníes no está probada. Aunque puede ser una propuesta complicada desde el punto de vista legal y operativo, esta solución despejaría las preocupaciones por la seguridad mientras el Gobierno de Obama sigue examinando los siguientes pasos. Cuando las autoridades saudíes hayan refinado su programa de rehabilitación, sobre todo respecto a personas de otros países, y se cree en Yemen un programa para después de la puesta en libertad, habrá que revisar la decisión.

A la hora de la verdad, no existe una solución perfecta. No todos los prisioneros son iguales, y todas las opciones disponibles presentan riesgos. Para los presos yemeníes que constituyen la mayor amenaza para la seguridad, es posible que mantenerlos encerrados sea la única solución. Para los demás, hay que hacer ya preparativos para el día en el que sea insostenible mantener el encarcelamiento. Eso quiere decir trabajar con los yemeníes y los saudíes para encontrar una solución realista y a largo plazo que sea aceptable para los estadounidenses y para la comunidad internacional.

 

 

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