¿Qué sucede cuando un Gobierno interviene en la religión?
Etiopía es un ejemplo significativo del esfuerzo que están haciendo los gobiernos para encontrar y llevar a la práctica soluciones políticas al extremismo violento por motivos religiosos y a los conflictos sectarios. Con los cambios demográficos y la existencia de mayor libertad religiosa, gestionar los conflictos religiosos y la práctica de la religión es necesariamente una labor compleja y, a veces, peligrosa.
Un contexto distinto ha hecho que el Ejecutivo del Frente Democrático y Revolucionario del Pueblo Etíope (FDRPE) haya pasado de mediar en los conflictos entre grupos confesionales a regular la práctica de la religión, en especial donde existen connotaciones políticas o extremistas. Los actores locales han usado las tendencias intervencionistas del Estado en el ámbito religioso para sacar provecho en las luchas de poder dentro de los estados regionales y étnicos de Etiopía. Los grupos de la oposición, no siempre integrados en partidos, también han utilizado la religión en su propio beneficio político. La experiencia etíope no sólo demuestra que la fe es, cada vez más, un instrumento político, sobre todo a escala local, sino que nos permite extraer una serie de lecciones de la intervención del Gobierno central en la esfera religiosa.
Aunque suele considerarse que Etiopía es un país predominantemente cristiano, el panorama confesional es variado y cambiante, y la religión está cada vez más politizada por parte de diversos actores nacionales, incluido el Estado. La fe está muy arraigada, y todas las religiones del país (en particular la Iglesia ortodoxa) han tenido, en distintos momentos de la historia, una conexión íntima con el Estado y la Administración. En las últimas décadas, la población musulmana, que siempre ha sido una minoría importante pero desfavorecida por las instituciones, ha crecido en términos relativos y es, al menos, tan numerosa como en Sudán, el vecino de mayoría islámica. Los musulmanes y los protestantes, en otro tiempo discriminados (entre otros, por parte del Estado), acogieron el levantamiento de las restricciones religiosas en la constitución laica de 1994, y han sabido aprovecharlo.
Los conflictos entre comunidades religiosas han sido escasos —al menos en la época moderna— pero letales, y suscitan una rápida respuesta de la sociedad y el Gobierno. La violencia religiosa esporádica de las últimas décadas no se ha traducido en una verdadera amenaza contra la larga tradición de coexistencia (a menudo desigual) entre confesiones. Si bien existen tensiones interconfesionales, da la impresión de que en los últimos años se han sustituido por las tensiones entre el Ejecutivo y las comunidades religiosas. Tanto los cristianos ortodoxos como los musulmanes han acusado a la Administración etíope de injerencia indebida en sus asuntos religiosos internos, mientras que ésta considera que lo que está haciendo es defender los principios laicos contra la politización y el extremismo.
Etiopía, como sus vecinos inmediatos, se enfrenta a difíciles decisiones políticas que tienen que ver con la protección contra la radicalización interna, mediante intervenciones sistemáticas (a veces, de dudoso carácter constitucional) que suelen favorecer a las autoridades religiosas establecidas. El Gobierno y los donantes que deseen apoyar la lucha mundial contra la violencia extremista deberían tener siempre en cuenta, primero, el peligro que suponen dichas intervenciones para la neutralidad del Estado como mediador, y segundo, que tomar partido en los debates interconfesionales puede agudizar los conflictos entre comunidades religiosas. Sobre todo, los partidarios de las intervenciones deberían tratar siempre de entender mejor lo que significa la fe para sociedades multiétnicas y multiconfesionales como Etiopía, en las que la distinción entre identidad de grupo e identidad individual no siempre está bien definida y los actores locales rivales tienden a utilizar las disputas religiosas siempre que las restricciones gubernamentales impiden una competición política abierta.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia
