La eurozona presenta una situación difícil que ha puesto de manifiesto la necesidad de adoptar medidas firmes que configuren un nuevo espacio económico. He aquí los posibles escenarios presentes y futuros.

 

BCE
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En los últimos meses, las vicisitudes económicas que atraviesa la zona euro evocan sin remedio a la hidra irreductible, imposible de decapitar. Los rescates de los países periféricos, la asunción imperativa de los planes de ajuste o el nombramiento de gobiernos tecnocráticos de transición en Grecia e Italia, aspiran a concentrar una fuerza hercúlea capaz de aplacar la incertidumbre que persiste en los mercados. El nombramiento de Mario Monti como primer ministro de Italia, refrendado por la firmeza de su compromiso para con las ineludibles medidas de ajuste de la economía italiana, atemperaba el vertiginoso aumento del diferencial de sus bonos a diez años con el bund alemán. Sin embargo, apenas dos días más tarde, la prima de riesgo española rozaba los 500 puntos básicos, al tiempo que la calificación de triple A de la deuda francesa volvía a verse amenazada por el incremento de los tipos de interés de los títulos galos a medio plazo hasta un 2,82%.

La crisis policéfala que viene sometiendo a los Estados de la zona euro ha planteado numerosos interrogantes con relación al futuro de la Unión Económica y Monetaria, que apuntan a dos líneas fundamentales de acción. Quienes, como Alemania, erigen el baluarte de la indiscutible vigencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el contexto actual, abogan por la corrección de unas reglas de juego ya presentes en el espíritu de los Tratados. Por otro lado, se plantea la idea de que esta crisis ha puesto de manifiesto la disfuncionalidad del sistema actual, exigiendo una reforma del mismo de mayor calado.

Así las cosas, entre los múltiples escenarios que puede presentar una futura Unión Económica de Europa, cabría mencionar dos planteamientos que circulan en el debate europeo: la intensificación de la lógica de medidas reactivas emprendidas hasta la fecha y la reforma ambiciosa del sistema con vistas a un gobierno económico común.

Pacto de Estabilidad y Crecimiento y Cumbres de urgencia

En los últimos meses, la disciplina teutónica ha definido en buena medida la agenda de ajustes de la eurozona. La contención de la deuda pública y la vocación de equilibrio presupuestario han constituido el desiderátum último de las medidas de austeridad establecidas para unas cuentas públicas que, en la mayoría de los casos, distan mucho de complacer los criterios cuantitativos marcados por el viejo conocido Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El rigor presupuestario espartano no sólo ha conquistado el hemiciclo ateniense, también se ha convertido en el leitmotiv de las medidas de política económica adoptadas por sus vecinos europeos. El pasado mes de septiembre, el Congreso de los Diputados aprobaba la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, incidiendo en que “el Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la UE para sus Estados miembros”.

La reforma constitucional fue aplaudida por Alemania y Francia como un ejemplo a seguir, en particular para aquellos Estados de la zona euro que, desde la denominada periferia, han sido objeto de rescate y/o ven cómo su deuda pública desmerece de manera galopante la confianza de los mercados. Compromiso de austeridad a cambio de rescate: tal es la máxima impulsada particularmente desde la prestamista locomotora alemana.

Con ello, la creación, implementación y posterior ampliación de la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF), como mecanismo reactivo para asistir a los Estados cuya falta de liquidez corra el riesgo de convertirse en insolvencia, ha supuesto uno de los elementos centrales de la agenda de medidas comunes tomadas hasta la fecha. La creación del Nuevo Marco Europeo de Supervisión Financiera, la recapitalización de los bancos europeos, una posible reestructuración de la deuda griega o el debate sobre el establecimiento de una tasa sobre las transacciones financieras se cuentan asimismo entre las iniciativas de actuación adoptadas o puestas sobre la mesa en la eurozona.

El debate sobre el papel del Banco Central Europeo (BCE) cobra a su vez gran relevancia. Frente a las voces –frecuentemente en alemán– que reivindican la cláusula del no bail-out como credo indiscutible del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), aumentan aquellas que aluden a la necesidad de que el BCE ejerza un papel más activo en aras de la estabilidad financiera de la zona euro. Si bien esta institución ya ha procedido en varias ocasiones a la compra de bonos de Estados como España o Italia, mantiene con firmeza su negativa a adquirir el carácter de prestamista de último recurso, recordando que la estabilidad de precios sigue siendo su fin primero y último.

La idea de una acción anticrisis de la eurozona basada en la implementación de las decisiones ya conocidas sin una mayor reforma de los tratados supondría, en cierto modo, el mantenimiento de la lógica reactiva e intergubernamental de las Cumbres de urgencia para la “coordinación” e “impulso” de medidas de austeridad presupuestaria, con un mayor refuerzo de las decisiones de supervisión y control en aras del rigor. En consonancia con lo anterior, la importancia del rol de los Estados sería directamente proporcional a su calidad de prestamistas en el contexto de la FEEF o el Mecanismo Europeo de Estabilidad. En este contexto, una posible receta sugerida por el economista Nouriel Roubini apelaría a la necesidad de abundar en una coordinación no sólo política, sino también económica entre los miembros de la zona euro. A su parecer, aceptado el hecho de que las medidas de austeridad pueden provocar recesión, “los países de la zona euro con menos problemas en sus cuentas deberían promover estímulos y posponer las medidas de austeridad”, de modo que la austeridad de unos quede compensada con el estímulo de otros.

¿Reforma del sistema o una nueva eurozona?

No obstante, la crisis en la zona euro y sus graves repercusiones han suscitado un debate mucho más amplio que, en muchos casos, apunta a diseñar a base de reformas un escenario futuro bastante más alejado de la eurozona actual.

El éxito de dichas medias que se tomen dependerá de la capacidad para hacer que la crisis en la zona euro no se convierta en una crisis de la zona euro

En primer lugar, las instituciones europeas se revelan adalides de la profundización en las medidas de supervisión y control de los compromisos de los Veintisiete con el principio de estabilidad presupuestaria. Herman Van Rompuy ha planteado la posibilidad de retirar el derecho a voto de los países incumplidores. Por su parte, la Comisión reitera la posibilidad de que dichos Estados se vean privados de las transferencias de los fondos europeos, incidiendo en su papel de garante de los criterios de estabilidad presupuestaria definidos por el TFUE y ya reforzado por el Tratado de Lisboa.

No obstante, la vocación de reforma promovida desde la arena intelectual europea aspira a una modificación de los tratados que dé cabida a planteamientos mucho más ambiciosos para un futuro gobierno económico de la UE. Para el think tank the European Council on Foreign Relations (ECFR), se trataría de impulsar un modelo de gobernanza de la Eurozona que supere la lógica Maastricht.

El establecimiento de los eurobonos, títulos de deuda europeos avalados por todos los Estados miembros, constituye uno de los grandes instrumentos que se reivindican con fuerza particularmente desde la periferia, al tiempo que Alemania mantiene su firme negativa. En cuanto al papel del BCE, la idea de que en el contexto de crisis actual urge reformar los tratados para ampliar sus objetivos, también abre la puerta a un futuro distinto en la gobernanza de la zona euro. El Consejo para el Futuro de Europa, entre cuyos miembros se encuentran Jacques Delors, Felipe González o Gerhard Schröder, proponía recientemente ampliar las competencias del BCE, añadiendo al objetivo de la estabilidad de precios los de “estabilidad monetaria y fiscal y crecimiento económico”. Ello podría quizás abrir el camino hacia un nuevo BCE con competencia para actuar como prestamista de último recurso. En la misma línea, la creación de un Fondo Económico Europeo o la transformación de la FEEF en un banco o una entidad aseguradora, también se perfilarían como herramientas capaces de asegurar con carácter permanente la estabilidad de las finanzas de la Eurozona.

Otras propuestas que implicarían un desarrollo ambicioso de las competencias de la Unión serían el incremento del Presupuesto Comunitario, con vistas a convertirlo en un verdadero instrumento de política fiscal de un futuro gobierno económico europeo y la creación de un Ministro de Finanzas europeo, en cuya cartera primase el deber de supervisión y coordinación.

No obstante, el debate de la reforma va más allá la propuesta de nuevos instrumentos. Desde Francia se ha sugerido que un verdadero gobierno económico ambicioso implicaríael establecimiento de una Europa a dos velocidades, con una zona euro a la vanguardia de las medidas de gobernanza económica común. Esto levanta suspicacias en Reino Unido y en las instituciones europeas. Para otros, la crisis exige revisar el número de miembros de la zona euro o incluso la pertinencia de la propia moneda única.

Sea como fuere, el difícil escenario que presenta en la actualidad la eurozona ha puesto de manifiesto la necesidad de adelantar el futuro: la adopción de medidas firmes que configuren un nuevo espacio resulta imperativa. El éxito de dichas medidas dependerá de su capacidad para hacer que la crisis en la zona euro no se convierta en una crisis de la zona euro.

 

 

 

 

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