Mujeres camboyanas trabajan en un campo de arroz en la provincia de Kampong Cham, a 60 kilómetros al norte de la capital, Phnom Penh. Tang Chhin Sothy/AFP/Getty Images

Mujeres camboyanas trabajan en un campo de arroz en la provincia de Kampong Cham, a 60 kilómetros al norte de la capital, Phnom Penh. Tang Chhin Sothy/AFP/Getty Images

Una demanda de investigación ante la Corte Penal Internacional por la confiscación masiva de tierras en Camboya puede sentar un precedente.

En 1915, un comunicado conjunto emitido por Francia, Reino Unido y Rusia incluía por primera vez el término “crímenes contra la humanidad” para denunciar la exterminación de la población de origen armenio que Turquía estaba llevando a cabo dentro de su territorio. Nacía así un nuevo concepto que se convertiría tras la II Guerra Mundial en un referente a la hora de juzgar los peores actos cometidos contra el ser humano. Durante las últimas décadas, las condenas por crímenes contra la humanidad se han aplicado fundamentalmente a asesinatos en masa, violaciones, tortura o esclavitud. Pero una nueva demanda presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) el pasado 7 de agosto podría ampliar este concepto a un tipo de crimen que ha estado en auge durante los últimos años: la expropiación masiva de tierras.

Global Diligence, un bufete de abogados con sede en Londres, ha sido el artífice de esta petición en la que insta a la fiscalía de la CPI a abrir una investigación sobre las expropiaciones en Camboya, un país en el que, según la demanda, 770.000 personas (un 6% de la población del país) han perdido sus tierras durante los últimos 14 años en concesiones realizadas por el Gobierno a empresas de medio mundo. La demanda podría suponer un precedente jurídico para otros casos de expropiaciones de tierras en el mundo, un fenómeno del que aún hay pocos datos concretos pero que FAO describe como un “fenómeno global” que ha emergido recientemente. Los expertos se preguntan ahora, sin embargo, si el caso cumple los requisitos legales para que la fiscalía abra una investigación, algo que ya supondría un importante precedente en la legislación internacional aunque no se llegara a iniciar un juicio.

La demanda de Global Diligence detalla los cargos que se pueden imputar a la que llama la “elite en el poder” de Camboya, que incluye miembros del Gobierno, de las Fuerzas Armadas y grandes empresarios. Según la demanda, esta elite ha incurrido en traslados forzosos, asesinatos, arrestos ilegales, persecución y otros actos inhumanos con el único objetivo de “autoenriquecerse y mantenerse en el poder a cualquier coste”. Todos ellos se incluyen dentro de la definición que el Estatuto de Roma, carta fundacional de la CPI, establece para los crímenes contra la humanidad, aunque nunca se han aplicado a desplazamientos forzosos producidos fuera de un contexto de guerra. “En un momento en el que las violaciones de los derechos humanos relacionadas con la tierra han alcanzado niveles escandalosos, esta comunicación da a la CPI […] la rara oportunidad de confirmar el papel de la ley internacional para proteger a las poblaciones de los desplazamientos masivos forzosos durante tiempos de paz”, aseguró a la prensa Richard J Rogers, el ...