Un repaso a los logros y los desafíos por delante del feminismo latinoamericano con el ojo puesto en cómo la erosión democrática que experimenta la región podría bloquear el avance del movimiento.
De la obligada hibernación de muchas manifestaciones de la vida durante la pandemia de la Covid-19 nada ni nadie pudieron escapar. Ni siquiera un movimiento que, como el feminista, venía en ascenso en intensidad y masividad debido, tanto a factores endógenos a los propios países de América Latina como al impulso que, a escala global, supuso en 2017 el movimiento para denunciar la agresión y el acoso sexual conocido como Metoo.
La conmemoración del pasado 8 de Marzo permitió constatar su particular vitalidad nuevamente en las calles interpelando a los gobiernos, pero también es posible observarlo a otro nivel, accediendo directamente a ellos. Es el caso del que recién se inaugura en Chile, conducido por el presidente más joven de su historia y que ganó en segunda vuelta gracias al apoyo de las mujeres, sobre todo de las más jóvenes. Gabriel Boric ha ofrecido un programa en el que, junto con el regionalismo y el medioambientalismo, reivindica expresamente el feminismo como señal de identidad y en varias direcciones: desde la reedición de la paridad ministerial de género que ya intentara Michelle Bachelet en 2006, aunque ahora con ingredientes de diversidad sexual, hasta la reformulación del papel de la Primera Dama, pasando por la integración de una cartera tradicionalmente sectorial como el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género al Comité Político, espacio donde se toman las decisiones estratégicas del gobierno. Esta decisión, que supone a un nuevo estándar en lo que a Mecanismos para el Adelanto de la Mujer en América Latina se refiere, le permite colocar al país austral una nueva frontera, que se suma a la paridad de género con la que se conformó el órgano constituyente que elabora un nuevo texto constitucional para Chile, abriendo además la posibilidad de que la igual participación de hombres y mujeres en dicha instancia permita alumbrar una carta magna con perspectiva de género.
Por lo anterior, y dado que se anticipa un ciclo electoral en clave de izquierda para América Latina, las medidas que adopte Boric podrían ser fuente de inspiración para su sector. Sin embargo, no está de más recordar que la relación entre feminismo y gobiernos de izquierda no se traduce necesariamente en avances para las mujeres como lo reflejan los casos de Ecuador y de Nicaragua.
Como sea, la experiencia inaugurada por el Gobierno chileno levanta para un feminismo como el latinoamericano, que ha entregado al mundo manifestaciones tan inspiradoras como la argentina Ni una Menos (2015) o la performance “Un violador en tu camino”, del colectivo chileno Las Tesis (2019) y que, en forma previa a la irrupción del coronavirus, ya venía premunido de extraordinaria fuerza “exigiendo el fin de la violencia machista, la legalización del aborto y la transformación social”, una posible ruta para propiciar cambios políticos que puedan cristalizar, tanto en formas de transferencia de poder para las mujeres como en modificaciones en las reglas del juego en cuanto a derechos y obligaciones se refiere. Reivindicar tal ambición es más importante que nunca habida cuenta de que los organismos internacionales observan que el logro de la paridad de género, como producto del mayor impacto de la pandemia en las mujeres, se ha distanciado aproximadamente en una generación, pasando de 100 a 135 años.
En ese marco, y aunque en la región se ha ido consolidando la democracia paritaria como horizonte de igualdad sustantiva en el ámbito de la participación y representación de las mujeres en la vida política gracias, entre otros factores, a la Norma Marco para Consolidar la Democracia Paritaria, solo cuentan con legislación paritaria en siete países, obligando a que las listas de candidaturas estén conformadas por 50% de hombres y de mujeres. Relacionado con lo anterior vale la pena recordar que, posiblemente como producto de la creciente presencia de las mujeres en ámbitos de decisión política, ha emergido un fenómeno tipificado como violencia hacia las mujeres en la política y frente a la cual solo cuatro países disponen de legislación específica: Bolivia, México, Ecuador y Panamá.
En lo que autonomía económica se refiere, la Covid-19 impactó en las condiciones de trabajo de las latinoamericanas, “generando un retroceso de más de una década en los avances logrados en materia de participación laboral”.
Por otro lado, cabe recordar que, en materia de derechos sexuales y reproductivos, América Latina exhibe la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes mientras que los embarazos en menores de 15 años van en aumento. Tal situación contrasta con el hecho de que reúne a los países con las leyes de aborto más restrictivas como El Salvador, República Dominicana y Honduras, a los que hay que sumar más recientemente Guatemala. En dicho país centroamericano se aprobó recientemente la Ley de Protección a la Vida y la Familia que contiene cambios en el Código Penal, entre ellos, el aumento de años de prisión para las mujeres que aborten. Como contraste, destacan los casos de Colombia, donde la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24, así como Argentina, que logró una ley de interrupción del embarazo largamente reclamada por las mujeres. Adicionalmente, cuatro estados de México despenalizaron el aborto en las primeras 12 semanas mientras que la Corte Constitucional del Ecuador y la Suprema Corte de México dieron el paso para flexibilizar las restricciones al aborto.
Pero es quizás en materia de derechos LGTBI+ el ámbito en el que el continente puede mostrar un ampliación sin precedentes en lo que a derechos sexuales se refiere. Aunque el Caribe y Centroamérica no sigue dicha senda con el mismo ritmo, se constata un persistente avance desde la promulgación de la ley de identidad de género en Argentina hasta las disposiciones constitucionales recogidas en Ecuador, México y Bolivia. Tales conquistas, se señala, mostrarían además una particularidad: que la secuencia de reconocimientos habría seguido una ruta inversa a la Europa donde primero se conquistaron los derechos de las mujeres para, años después, dar cauce a los derechos de la diversidad sexual. Tal situación, en principio, y sobre todo por las características diversas, plurales y amplias del movimiento feminista en América Latina, podría generar las condiciones objetivas para divisiones en su interior como se observan actualmente en democracias consolidadas. Tal es el caso de España donde la prioridad que se le asigna a la ley trans y la abolición o no del género ha creado importantes fisuras al interior del feminismo. Sin embargo, se plantea la situación de que la diversidad del feminismo en el continente habría podido ser gestionada permitiendo convergencias al colocar el foco en la lucha contra los feminicidios y a favor del aborto.
La fortaleza de un movimiento feminista que, como vemos, ve cómo aumenta su incidencia a todos los niveles y para el que los tiempos de confinamiento por la pandemia ha sido, por un lado, un obligado paréntesis de su expresión más activista pero, por otro, una recarga de las razones que lo movilizan como producto, precisamente, del mayor retroceso experimentado por las mujeres en diversos ámbitos de sus vidas, coexiste hoy con otra realidad: el creciente deterioro de la democracia en América Latina.
Así lo advierte, entre otros organismos, Idea Internacional. En su informe sobre el estado mundial de la democracia 2021 titulado “Construyendo resiliencia en una era de pandemia” concluye que, “aunque el número de democracias en la región se mantiene, su calidad se ha resentido”. Avanza en precisar que más de la mitad de las democracias sufre erosión y una de ellas, Brasil, se encontraría en episodio de retroceso democrático.
Tales noticias son preocupantes para quienes defienden la democracia en general, pero posiblemente para el feminismo organizado en mayor medida. En un contexto donde la calidad de la democracia en perspectiva de género ha tendido a traducirse en pesquisar el avance de los países medido en la existencia de leyes de cuotas o en la designación de mujeres en cargos de decisión política, resulta urgente desarrollar una mirada más amplia y comprehensiva que posibilite ver los resortes que, si bien permitieron en el pasado transitar desde el autoritarismo a la democracia, hoy la estarían conduciendo por el precipicio de una autocratización en preocupante ascenso. Desde esta perspectiva, hablar de igualdad de género en un país como Nicaragua a partir del destacado lugar que ocupa en el Índice de Brecha de Género del Foro Económico Mundial (WEF) no deja de asemejarse a un oxímoron.
En Revenge of Patriarchs: Why Autocrats Fear Women, Erica Chenoweth y Zoe Marks recalcan la correlación contemporánea entre misoginia y autoritarismo al afirmar que “no es una coincidencia que la igualdad de las mujeres se esté revirtiendo al mismo tiempo que el autoritarismo va en aumento”. Apuntan, además, a que “los politólogos han señalado durante mucho tiempo que los derechos civiles de las mujeres y la democracia van de la mano, pero han tardado más en reconocer que lo primero es una condición previa para lo segundo”.
Por tanto, las conclusiones que los estudios sobre el estado de la democracia van arrojando levantan importantes alertas para el feminismo latinoamericano. La lucha de las mujeres por una vida libre de violencia o por el derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo deberán hacerle espacio a otras relacionadas con las amenazas a las libertades civiles, que se han visto incrementadas en el contexto de la crisis pandémica. Se expresan en situaciones tales como ataques a la libertad de expresión o a la independencia del poder judicial y, de no ganarse, imposibilitan el avance sustantivo de cualquier agenda feminista que aspire a promover la igualdad de género.
