El tifón Haiyán no va a afectar al estatus de Filipinas como nueva economía en ascenso del Sureste Asiático, pero el país necesita que la economía, el medio ambiente y la sociedad estén más en sintonía que nunca para poder seguir creciendo.

 

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TED ALJIBE/AFP/Getty Images

Terremotos, volcanes, inundaciones, ciclones tropicales y deslaves acechan a Filipinas. Pero junto a los factores  geográficos y meteorológicos que provocaron el tifón Haiyán, también hay causas humanas –probablemente de mayor importancia- como la pobreza extrema, el aumento de la población y la pésima calidad de las construcciones.

Las cifras oficiales hablan de más de 6.000 muertos, 27.000 heridos y 1.779 desaparecidos. Hay más de medio millón de hogares totalmente destruidos y otro medio millón parcialmente afectado.

Para la reconstrucción el Gobierno del país cuantifica el coste en 4.250 millones de euros, a la vez que pretende acudir al crédito internacional para hacer frente a esos costes. Pero si el objetivo incluye el desarrollo humano, la ayuda no puede limitarse al crédito, que eterniza la dependencia del exterior y las duras medidas de austeridad que imponen acreedores como el FMI y el Banco Mundial o el Banco Asiático de Desarrollo.

La ONU ha solicitado un total de 256 millones de euros y Acción contra el Hambre ha pedido a la comunidad internacional aumentar sus donativos para Filipinas. Hasta ahora, la respuesta facilitada por las organizaciones humanitarias ha asegurado la supervivencia (garantía de agua potable, saneamiento e higiene básicos, alimento y refugio a quienes han perdido su hogar), pero sigue faltando financiación para las fases de posemergencia (entre seis meses y un año) y rehabilitación (hasta dos años), fundamentales a la hora de asegurar la autonomía del país. Sin el apoyo de la comunidad internacional es imposible y hasta ahora solo se han comprometido con el 49% de los fondos solicitados.

Ambas fases deben realizarse desde un enfoque de gestión del riesgo, a través de medidas como la mejora de los estándares y normas de construcción o sistemas de vigilancia en la esfera local y nacional que cuenten con mecanismos de alerta eficaces.

El daño económico en la región –principalmente agrícola– con seguridad habrá reducido en 1 punto porcentual el crecimiento del PIB para 2014. Según el Banco Mundial, la temporada anual de tifones reduce a menudo la expansión del país en un 0,8%.

Los responsables de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) trabajan junto con el Gobierno en un plan de restablecimiento para todos sus subsectores.

En regiones enteras se ha perdido la cosecha y se trabaja contrarreloj para asegurar la próxima siembra, que posiblemente miles de agricultores no lleguen a realizar. Será fundamental proporcionarles transferencias que les permitan hacer frente a sus pagos, a través de los programas de dinero o de alimentos por trabajo.

La FAO ha advertido de los enormes daños causados por el tifón en la pesca y la acuicultura; un sector para el que ha pedido una recuperación “rápida y sostenible”. La organización ha recabado, inicialmente, cinco millones de dólares para restaurar los medios de subsistencia de los pescadores –“los más afectados” al destruirse miles de pequeñas embarcaciones– y las comunidades costeras por las que pasó el tifón. Reemplazar los barcos es una tarea que debe hacerse de manera coordinada para garantizar que no se sobrepase la capacidad existente. Una lección de la experiencia del tsunami del Océano Índico en 2004, que demostró que un suministro excesivo para la pesca durante la fase de recuperación puede dañar los ecosistemas.

Además, el tifón arrasó infraestructuras básicas como muelles y puertos de desembarque, instalaciones de hielo y almacenamiento en frío, de reparación y mantenimiento, plantas de procesado y mercados, según la FAO. Asimismo, es necesario apoyar a los productores de algas marinas; un trabajo generalmente desempeñado por mujeres que puede producir beneficios en 60 días, lo que garantiza el acceso a unos ingresos vitales.

Acción contra el Hambre recuerda que las consecuencias del desastre siguen estando presentes en nueve provincias del archipiélago. Hay, a día de hoy, 16 millones de personas afectadas en 591 municipios, más de cuatro millones de desplazados y más de 1.000 centros de evacuación activos. Esto lleva a un nuevo y grave problema: la posible avalancha de refugiados de las provincias afectadas a la capital, Manila.

La ayuda internacional ha llegado pero falta coordinación y organización. Ahora que Filipinas ya no ocupa portadas, probablemente no se llegará a verificar si las promesas de ayuda se cumplen o si el auxilio desplegado es adecuado y transparente. Ya no se presionará para que se afronten las causas estructurales del empobrecimiento que fenómenos naturales como el tifón Haiyán encuentran a su paso, convirtiéndolos en mucho más destructivos y letales.

Como se temía, la reciente Conferencia del Clima de Naciones Unidas en Varsovia terminó con un acuerdo de mínimos. Si bien se supone que perfila una hoja de ruta hacia el acuerdo definitivo en la cumbre de 2015 y que entrará en vigor a partir de 2020 la realidad es que se trata de un acuerdo descafeinado que ha decepcionado a muchos. Los países del G77 lamentaron que la Conferencia de Varsovia quedara por detrás de las expectativas.

Las delegaciones acordaron el desbloqueo de la cuestión de la financiación a largo plazo de medidas contra el cambio climático. Pero fue un “llamamiento” a los países desarrollados para alcanzar la movilización de 100.000 millones de dólares para 2020 a partir de fondos públicos y privados. Lo que se necesita son cifras concretas, para reforzar las medidas de adaptación en los países en desarrollo. En lugar de eso, sólo hubo formulaciones vagas.

A la espera de lograr el difícil consenso para la lucha contra el cambio climático, es necesario aprobar medidas concretas. ¿Cómo aumentar el apoyo –financiación y tecnología– a las regiones más pobres y vulnerables ante los efectos adversos de la variación de la temperatura?

El grupo de los 48 países más pobres de la ONU ultimaron en el marco de la conferencia un conjunto de medidas para hacer frente a los “efectos inevitables” del cambio climático en sus territorios. Se elaboraron planes de adaptación y acción nacionales que trabajan como catalizador de ayuda para llevar a cabo de forma sistemática varias actividades dirigidas a la adaptación, a través de un incremento de la concienciación.

Una mejor preparación así como sistemas de alerta temprana significa no solo menos víctimas mortales, sino una sensible reducción de los daños. Eso es especialmente así en el caso de los tifones que, a diferencia de las erupciones o los terremotos cuya predictibilidad es más difusa, se registran por estación y seguirán ocurriendo de forma regular.

No se pueden evitar las catástrofes naturales. Sí es posible, en cambio, proteger mejor las infraestructuras minimizando los riesgos. La tecnología es un componente clave. Con la mejora de la planificación y el mantenimiento y la decidida apuesta por una reestructuración de los edificios se consigue reducir los posibles daños. Se crea un lugar más seguro que, a su vez, incrementa la productividad. Los desembolsos requeridos, más que gastos, son inversiones con las que se consigue una mayor capacidad de respuesta y, en definitiva, salvar vidas en caso de emergencia.

Los modos en que una sociedad se adapta –mejor o peor– a la incertidumbre que le plantea la naturaleza, marcan la diferencia entre un riesgo natural y un desastre. Es lo que la geografía moderna denomina “vulnerabilidad social”. En el proceso del acceso de población a territorios ambientalmente expuestos, como ocurre en Filipinas, el Estado debe tener una mayor y eficaz presencia reguladora. Algo insuficiente hasta ahora en el mundo en desarrollo. La ausencia de la coordinación necesaria entre las instituciones pertinentes: defensa civil, policía, bomberos, equipos médicos, etcétera, es casi absoluta.

Pese a todo, hay situaciones que no se pueden prever y ante las que la población no se puede defender. Por eso no se trata sólo de qué manera deben ayudar los países industrializados a los que están en vías de desarrollo a adaptarse al cambio climático. También hay que discutir cómo los más desarrollados pueden asumir el coste de los daños causados por fenómenos extremos.

En cuanto a los pronósticos económicos, el tifón limitará el crecimiento y acelerará la inflación en los próximos meses. Sin embargo, es improbable que el daño afecte a su nuevo estatus de economía en ascenso del Sureste Asiático. Esto se debe en parte a que, aunque la región afectada alberga cerca de una quinta parte de la población de Filipinas, su contribución al PIB es de apenas un 12,5%.

Filipinas, antaño descrito como el “enfermo de Asia”, creció un 6,6% el 2012, en segundo en la región después de China. Pero se confía en que se superará esa cifra. Gracias a una mejora en sus finanzas públicas la calificación de crédito fue elevada por primera vez hasta el grado de inversión.

Algunos economistas del sector privado sostienen que el impacto de la tormenta en el crecimiento del cuarto trimestre será relativamente modesto, ya que la recuperación después de desastres naturales puede ser a menudo rápida, debido al impulso de la inversión en la reconstrucción.

Una cosa está clara y es que la catástrofe de Filipinas refleja que la necesidad de encontrar un equilibrio entre economía, medio ambiente y sociedad tiene más vigencia que nunca.

 

 

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