Es hora de exigir a Obama y Calderón que cumplan sus promesas sobre derechos humanos en México.

 

Cuando el presidente mexicano, Felipe Calderón, visite la Casa Blanca esta semana, es muy probable que Barack Obama exprese una vez más el apoyo incondicional de Estados Unidos a la lucha contra el narcotráfico en México.












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Hasta el momento, este respaldo ha incluido fondos de asistencia por más de 1.300 millones de dólares (algo más de 1.000 millones de euros), destinados significativamente a las Fuerzas Armadas de México, como parte del acuerdo conocido bajo el nombre de Iniciativa Mérida. Sin embargo, el apoyo no ha contemplado sí debería incluir medidas concretas para que se cumplan los requisitos de derechos humanos acordados por ambos Gobiernos cuando suscribieron el plan.

Los antecedentes del Ejército mexicano en materia de derechos humanos son sumamente preocupantes. Los soldados destinados a operaciones de lucha contra el narcotráfico han cometido graves abusos, como asesinatos, torturas, violaciones sexuales y golpizas. Y si estas acciones por sí solos no resultan suficientemente inquietantes para la Administración Obama, el impacto que tienen en la eficacia de la guerra contra las drogas sí debería serlo. Cada vez que se cometen abusos contra civiles, los soldados contribuyen al entorno de violencia y desorden que permite la proliferación de los cárteles. Más grave aún, los delitos perpetrados por las Fuerzas Armadas socavan la confianza y la cooperación públicas que son indispensables para llevar a cabo operaciones eficazes contra el tráfico de drogas.

Estados Unidos y México incorporaron requisitos de derechos humanos a la Iniciativa Mérida -un plan integral iniciado en 2007 para afrontar el crimen organizado- con el propósito ...