Es hora de exigir a Obama y Calderón que cumplan sus promesas sobre derechos humanos en México.

 

Cuando el presidente mexicano, Felipe Calderón, visite la Casa Blanca esta semana, es muy probable que Barack Obama exprese una vez más el apoyo incondicional de Estados Unidos a la lucha contra el narcotráfico en México.












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Hasta el momento, este respaldo ha incluido fondos de asistencia por más de 1.300 millones de dólares (algo más de 1.000 millones de euros), destinados significativamente a las Fuerzas Armadas de México, como parte del acuerdo conocido bajo el nombre de Iniciativa Mérida. Sin embargo, el apoyo no ha contemplado sí debería incluir medidas concretas para que se cumplan los requisitos de derechos humanos acordados por ambos Gobiernos cuando suscribieron el plan.

Los antecedentes del Ejército mexicano en materia de derechos humanos son sumamente preocupantes. Los soldados destinados a operaciones de lucha contra el narcotráfico han cometido graves abusos, como asesinatos, torturas, violaciones sexuales y golpizas. Y si estas acciones por sí solos no resultan suficientemente inquietantes para la Administración Obama, el impacto que tienen en la eficacia de la guerra contra las drogas sí debería serlo. Cada vez que se cometen abusos contra civiles, los soldados contribuyen al entorno de violencia y desorden que permite la proliferación de los cárteles. Más grave aún, los delitos perpetrados por las Fuerzas Armadas socavan la confianza y la cooperación públicas que son indispensables para llevar a cabo operaciones eficazes contra el tráfico de drogas.

Estados Unidos y México incorporaron requisitos de derechos humanos a la Iniciativa Mérida -un plan integral iniciado en 2007 para afrontar el crimen organizado- con el propósito de ayudar a poner fin a esta plaga. Sin embargo, desde entonces el gobierno de Calderón ha ignorado estos estándares y ha actuado como si no existieran problemas de derechos humanos.

Cuando ambos presidentes se reunieron el año pasado en Guadalajara, Calderón llegó incluso a desafiar públicamente a los defensores de derechos humanos a que mostraran al menos un caso en el que las autoridades no hubieran actuado de manera correcta.

De hecho, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha publicado informes exhaustivos sobre más de 50 casos de abusos graves perpetrados por el Ejército desde que Calderón asumió la presidencia en 2006. La CNDH informó, además, haber recibido otras 4.000 denuncias.

Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, al igual que ONG locales e internacionales, ha documentado abusos sistemáticos por las fuerzas de seguridad del país desde que Calderón se encuentra en el poder.

El gobierno de Obama ha reconocido los problemas de derechos humanos que afectan al Ejército mexicano. Uno de los requisitos clave de la Iniciativa Mérida es que México adopte acciones para erradicar la tortura, garantizando que se juzgue a quienes cometan actos de este tipo, entre ...