Lograr la paz tras un conflicto armado es una de las cuestiones más complejas de alcanzar, pero es crucial que venga acompañada del derecho a la verdad y la rendición de cuentas para que la memoria histórica cumpla su objetivo y la humanidad recuerde.
El 2023 que celebramos el año de Picasso, coincidiendo con el 50 aniversario de su fallecimiento, Gernika revela lo que una pequeña villa del norte de España significa para la memoria colectiva. Miles de personas de todas las nacionalidades acuden a diario al Museo Reina Sofía de Madrid para ver el cuadro convertido en un referente contra la barbarie y las guerras, intentando comprender lo que representa cada una de las figuras del lienzo. El toro, la madre con el niño en brazos, la bombilla o el caballo son parte de esta obra de arte que surge de la imaginación de un genio sobre un hecho concreto en el marco de una Guerra Civil.
El 26 de abril de 1937 la Legión Cóndor bombardeó la villa vasca de manera indiscriminada dejando tras de sí cientos de muertos y heridos y una ciudad completamente destruida. La aviación nazi atacó el pequeño pueblo, de aproximadamente 5.000 habitantes, en apoyo al general Franco para derrocar la Segunda República. El objetivo era atacar una de las localidades más representativas de los vascos y hacerlo en un día de mercado en el que la ciudad bullía con cientos de personas que acudían a comprar. El ataque es considerado uno de los primeros contra la población civil en el mundo y un precedente de lo que sucedió posteriormente en la Segunda Guerra Mundial o, incluso, actualmente en algunas ciudades ucranianas como Mariupol o Bucha. Esa comparación fue realizada en abril de 2022 por el presidente Zelensky en un discurso ante el Parlamento español. No en vano, y a pesar del Derecho Internacional Humanitario que insiste en su protección, en los conflictos armados la mayoría de las víctimas son población civil.
El 24 de abril de 2023, 86 años después del bombardeo, se ha declarado la Casa de Juntas de Gernika-Lumo lugar de memoria. La Casa de Juntas y el Árbol, el roble, quedaron en pie como símbolo de la resistencia frente a la barbarie. La Dirección General de Memoria Democrática ha declarado la Casa de Juntas como primer lugar de memoria en España, lo que conlleva una serie de medidas concretas de conservación y difusión de lo sucedido con el objetivo de no olvidar. Pocos supervivientes del bombardeo todavía viven para ver este reconocimiento, pero la memoria, como parte de las garantías de no repetición, es uno de los pilares de la justicia transicional, junto con la verdad, la justicia y la reparación. Las generaciones futuras y las instituciones vascas toman el relevo de los que no sobrevivieron a los bombardeos para garantizar la memoria histórica.
Naciones Unidas ha desarrollado profundamente estos cuatro pilares incluyendo el derecho a la verdad y la lucha contra la impunidad como uno de los requisitos necesarios para avanzar en los procesos de justicia transicional y construcción de la paz. Numerosas resoluciones y decisiones; un Relator Especial sobre la Promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; y la proclamación del día 24 de marzo como el Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las violaciones graves de derechos humanos, en recuerdo al aniversario del asesinato del salvadoreño Monseñor Romero, ponen énfasis en la importancia de conocer la verdad sobre lo acontecido. Solo una verdad objetiva e imparcial proporciona a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y a la sociedad afectada llevar adelante un proceso de justicia transicional conforme a los estándares internacionales. La Resolución 68/165 sobre el derecho a la verdad de Naciones Unidas (2014) es clara al reflejar la importancia de “recabar información, constatar los hechos y revelar de forma efectiva la verdad sobre lo ocurrido”, alentando a los Estados a crear mecanismos judiciales o no judiciales para investigar las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, señaló hace unos días en Madrid que “cada bando quiere ganar y muchas veces una guerra no necesita un ganador” o “condenamos sin dudas la violación de los derechos de Ucrania por Rusia, pero no sirve para nada decir quién tiene la razón. Hay que parar la guerra, porque solo se puede conversar cuando la guerra pare”. Sorprende que un alto mandatario internacional pueda expresarse con esa ligereza ya que conocer la verdad objetiva y reconocer que hemos llegado a esta situación por una invasión ilegal de un país soberano no es que “no sirva”, es que es un derecho esencial del pueblo ucraniano y de todas las víctimas de la guerra. De no haberse producido en febrero de 2022 la invasión de Ucrania no habrían muerto miles de civiles ni millones de refugiados y desplazados estarían sufriendo la penalidad del exilio. Tampoco se habrían producido las graves consecuencias que han afectado a la comunidad internacional, desde la crisis energética o la de los alimentos básicos que han agravado la crisis alimentaria en los países más pobres del mundo. Cabría preguntarse si el presidente brasileño estaría hablando en estos mismos términos si se hubiera invadido su país o si, por el contrario, no trataría de luchar por la integridad territorial y la libertad de su pueblo poniendo énfasis en la verdad de lo acontecido.
No menos importante tras un conflicto armado es garantizar la rendición de cuentas y enjuiciar a los perpetradores de las violaciones del derecho internacional humanitario y de los crímenes cometidos, ya sea a través de tribunales internacionales, nacionales o mixtos. Evitar la impunidad de criminales de guerra es imprescindible para que los autores asuman su responsabilidad y culpabilidad y las víctimas satisfagan su derecho a la justicia. En esta ocasión, lo sucedido tras el bombardeo de Gernika no es un buen ejemplo al no haberse enjuiciado a los perpetradores y, en consecuencia, las víctimas no haber obtenido justicia ni reparación. Al contrario, la politización de lo acontecido y el desarrollo posterior de la contienda armada derivó en un relato tergiversado de la verdad y en una ausencia absoluta de responsabilidad penal. Con certeza en Ucrania, gracias a un sistema internacional de derechos humanos enormemente desarrollado desde la Segunda Guerra Mundial y un contexto histórico diferente, no pasará lo mismo. Disponemos de precedentes positivos como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia o del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La justicia penal internacional está trabajando desde el inicio del conflicto y la comunidad internacional debe buscar los mecanismos adecuados para que los autores de la invasión y de los crímenes respondan de sus actos sin dilación. La Corte Penal Internacional ha emitido recientemente órdenes de detención por presuntos crímenes de guerra de deportación y traslado ilegal a Rusia de niños y niñas ucranianos desde zonas ocupadas de Ucrania. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, reveló que hay documentadas numerosas ejecuciones y ataques contra civiles ucranianos por parte de las fuerzas militares rusas, incluyendo grupos armados afiliados como el grupo Wagner. No menos grave es la certificación de Naciones Unidas del trato dado a los prisioneros de guerra ucranianos y, en menor medida, a los prisioneros de guerra rusos. Todas ellas deben ser investigadas y juzgadas al considerarse violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario.
Aunque los esfuerzos se centren en obtener justicia para las víctimas directas del ataque será imposible resarcir a los millones de afectados por esta guerra. Sin duda, los principales perjudicados son los ucranianos que han sufrido directamente la invasión en pérdida de miles de vidas humanas, destrucción y devastación del país, infancia y juventud sin acceso a educación, aumento de la pobreza que podría alcanzar al 90% de la población ucraniana si la guerra continúa, como apunta el PNUD, y en millones de refugiados que vagan por Europa en busca de solidaridad. Un año después del inicio de la guerra el aumento de los precios y productos básicos a nivel mundial, la crisis energética, el incremento del coste del transporte internacional, entre otros, dejan millones de víctimas colaterales del conflicto que jamás serán compensadas. Evidentemente, sin entrar a analizar el impacto de la invasión para el orden internacional y regional puesto que sus enormes consecuencias, con el enfrentamiento activo y la internacionalización del conflicto, todavía no han llegado a su cenit.
Lograr la paz tras un conflicto armado es, como hemos visto cientos de veces a lo largo de la historia, una de las cuestiones más complejas de alcanzar. La historia ha demostrado que no existen recetas mágicas y que es imprescindible adaptarse al contexto específico de cada país, región o entorno apoyándose en experiencias previas exitosas y en el multilateralismo, cuando sea posible. Poco tiene que ver un acuerdo de paz tras una invasión, una guerra civil, una guerra mundial o un caso de violencia política derivado de una insurgencia o un grupo paramilitar. La diplomacia y la comunidad internacional, especialmente Naciones Unidas, deben trabajar sin descanso en producir las condiciones que vislumbren el camino para el alto el fuego en Ucrania y se abran escenarios para la paz. Cuando eso se produzca sería conveniente que el derecho a la verdad y la rendición de cuentas se pongan sobre la mesa para que la memoria histórica cumpla su objetivo y la humanidad recuerde, sea cual sea el desenlace de la guerra, que en suelo ucraniano en el siglo XXI hubo un agresor y un agredido.
