¿Podrá el país reconciliarse y olvidar gracias a los documentos que muestran la represión policial que acabó con la vida de miles de guatemaltecos?

Entrevista: La voz de una tortura en Guatemala.
Entrevista: La voz de una tortura en Guatemala.

El ex jefe del Comando 6 de la desaparecida Policía Nacional de Guatemala cumple desde el pasado mes de agosto una condena a 70 años de prisión. Fue sentenciado como responsable de la desaparición forzada de Edgar Sáenz Calito, un estudiante de la Universidad de San Carlos secuestrado el 6 de octubre de 1981. Era la época más cruda de la guerra civil. Entre las pruebas concluyentes figuran los archivos policiales que registraron cada una de las operaciones en el marco del conflicto. Estos documentos (80 millones de folios), que reflejan los crímenes cometidos por la Policía Nacional, salieron a la luz por la tarea realizada por el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN).

Tras 36 años de conflicto armado interno y un largo diálogo entre el Gobierno y la guerrilla, en 1996 se firmaron los acuerdos de paz. Establecían la creación de una comisión de la verdad y apuntaban que la búsqueda de la justicia solamente podía sustentarse en el conocimiento profundo de los hechos. Fue la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), mandato de Naciones Unidas, la que solicitó acceder a los archivos policiales. A pesar de que el Gobierno aseguró que no existían, en julio de 2005, la Procuraduría de los Derechos Humanos dio con el archivo policial más grande jamás hallado en América Latina. Cuando se disponía a verificar si había explosivos en un destartalado edificio policial, halló los 80 millones de folios, toneladas y toneladas de papel que dan cuenta de la historia del país y de la institución policial entre 1882 hasta 1997.

El representante del AHPN, Alberto Fuentes, asegura que fue el mismo Estado quien escondió toda la documentación en el edificio abandonado, que según parece funcionó como cárcel clandestina. Mientras él y otros activistas iniciaban un encierro en el lugar para salvar unos documentos amenazados por cucarachas y ratas, estropeados por la humedad, el entonces ministro de Gobernación, Carlos Vielman, declaraba: “¿Por qué perder el tiempo con este montón de papeles viejos?”.

De entre este “montón de papeles viejo”’ han asomado ciento de miles de fichas para el control ciudadano, denuncias por secuestros y asesinatos, evidencias de torturas o listas de escuadrones de la muerte anticomunistas. Hasta aparecieron documentos que, según el director del archivo Gustavo Meoño, “permitieron establecer el papel de Estados Unidos en la asesoría, acompañamiento, equipamiento y formación de la policía nacional”.

El más reciente es el caso de Edgar Saénz Calito, pero hay otros 53 procesos judiciales sustentados casi exclusivamente en los documentos policiales. Un caso emblemático es el del líder estudiantil y activista Fernando García. Los policías asesinos fueron descubiertos gracias, entre otros, a un documento que les condecoraba por el operativo que capturó a dos subversivos -sin especificar los nombres- el 18 de febrero de 1984. La hora y el lugar mostraban exactamente las mismas coordenadas que figuran en la denuncia de la desaparición que puso la familia y permitieron llegar a la conclusión que uno de aquellos subversivos era Fernando García. Ahora, los dos agentes cumplen 60 años de cárcel. Otros casos históricos no han logrado justicia, pero sí evidencias del crimen. Descubrieron varias fotografías que documentan el seguimiento exhaustivo que sufrió  el líder estudiantil Oliverio Castañeda antes de ser marcado en una de las imágenes con una X. La señal para clasificarlo como objetivo. Fue asesinado el 20 de octubre de 1978.

Toda la ciudadanía puede consultar el archivo. Principalmente, el Ministerio Público es quien acude a la unidad de acceso a la información, ya que se encarga de la investigación criminal. Pero también lo hacen los familiares de víctimas o sobrevivientes y distintas organizaciones. A muchas familias, les han negado tanto el crimen, como la existencia misma del pariente, porque han desaparecido todos sus registros. Meoño aún se sorprende de lo reconfortante que puede ser para una familia hallar un rastro de un ser querido en el archivo: “encontrar aquí alguna información tiene un valor reparador enorme”.

Las dos Comisiones de la Verdad en Guatemala -REMHI, encabezado por la Iglesia Católica y CEH, mandato de Naciones Unidas- coinciden en que durante el periodo entre 1975 y 1985 las violaciones de los derechos humanos se dispararon. Este dato sirvió para establecer el orden de prioridad a la hora de rescatar los documentos. La recuperación ha requerido meticulosidad en el trabajo. Maquetas del edificio, esquemas de la relación de mandos policiales y cajas debidamente etiquetadas. Aún quedan salas que huelen a papel mojado sin clasificar.

A pesar de su magnitud, el archivo policial no permite sacar a la superficie toda la guerra sucia del Estado durante más de tres décadas de conflicto armado. Las actividades del Ejército, que se centraron en las zonas rurales, dejaron 660 masacres, según la CEH. De éstas no hay ni rastro entre los papeles de la extinta policía nacional. Aún así, para Meoño, el acceso total, irrestricto, a un archivo de esta magnitud “ha representado la oportunidad de sustentar la recuperación de la memoria histórica sobre bases muy sólidas, a la vez que la oportunidad de esclarecer la verdad basándonos en documentos oficiales”. Una verdad a la que las comisiones no habían podido acceder y que evidencia violaciones de los derechos humanos e incluso “actos de terrorismo de estado”, sentencia Meoño. Incluso existen indicios que en las instalaciones del archivo funcionaron cárceles clandestinas.

Hasta la fecha se han digitalizado unos 15 millones de documentos y un acervo se encuentra a salvo y accesible en un portal web, gracias a la colaboración de la Universidad Texas (Austin, Estados Unidos) desde diciembre del 2011. En Guatemala, todo el mundo puede acceder a la historia de  la policía. Una historia cuya represión, para el sociólogo Edelberto Torres-Rivas, se basó en “la ideología anticomunista”. Ante la dificultad para definir “quién es comunista y quién no lo es, la violencia fue entonces contra toda la sociedad”, concluye. Así lo demuestran los datos publicados por REMHI, que atribuyen el 93% de los crímenes al Estado.

Existe otro archivo útil para esclarecer los hechos. Se trata del Diario Militar, un documento de la inteligencia militar que fue entregado de forma anónima en 1999, aunque no fue hasta el año 2009 cuando el Estado reconoció su veracidad. Aparecen registrados operativos, secuestros, detenciones secretas, asesinatos e información de las víctimas, entre 1983 y 1985. Unos datos que han contribuido en la búsqueda de desaparecidos y su identificación. El director de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), Fredy Peccereli, subraya que el año pasado, identificaron a cinco personas que aparecen en el Diario Militar. Fueron ejecutadas en Comalapa (Quitxaltenango). Al mismo tiempo, muchas de las órdenes consignadas en el Diario Militar constan como ejecutadas por miembros de la policía, según los documentos del AHPN.

Los militares fueron clave para ejecutar la represión en Guatemala. Quien fue presidente en el período más violento, Efraín Ríos Montt, ha sido juzgado por un tribunal nacional acusado de genocidio. El militar fue condenado el 10 de mayo de 2013 a 80 años de cárcel. La celebración de la sentencia histórica duró poco. La Corte Constitucional guatemalteca admitió los recursos presentados por la defensa y la anuló.

Quien gobierna Guatemala actualmente, también fue militar durante el conflicto. Las últimas elecciones dieron la victoria a Otto Pérez Molina, un general con una larga carrera en la contrainsurgencia. En 1982, el actual presidente fue jefe de operaciones en el triángulo del Ixil, en el noroeste del país, donde se cometieron numerosas matanzas de civiles. Está bajo sospecha. Hasta la activista indigenista y candidata para el Frente Amplio de Izquierdas, Rigoberta Menchú, llegó a acusar Pérez Molina de "aniquilar a las comunidades mayas". Como mayor del Ejército en julio de 1982 llegó a ciudad de Nebaj en Quiché. Estuvo allí hasta el 16 de abril de 1983, con el sobrenombre de Tito Arias. Precisamente, durante el juicio contra Ríos Montt, el pasado mes de abril, el testigo Hugo Bernal, que fue mecánico del cuerpo de ingenieros del destacamento militar Nebaj-Quiché, declaró que “los militares, los soldados, a órdenes del mayor Tito Arias, conocido como Otto Pérez Molina, coordinaban la quema y el saqueo de la gente”. Añadió que “las personas que llegaron a ser ejecutadas en el campamento llegaban golpeadas, torturadas, con la lengua quitada, con las uñas quitadas, entre otras lesiones”. De momento, no hay ninguna causa abierta contra Pérez Molina. Juan Francisco Soto, presidente del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) advierte que la "ley guatemalteca contempla los mecanismo para que ningún funcionario sea totalmente inmune".

El miedo ha estado latente en Guatemala tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. Sin embargo, Soto cree que se ha empezado a quebrar y producto de ello, son los procesos judiciales que se llevan a cabo. Pero son largos y difíciles porque la defensa intenta, repetidamente, entorpecer y dilatar los casos. El proceso por genocidio en Guatemala iniciado en el año 2000, cuando la Asociación para al Justicia y la Reconciliación, con el apoyo de CALDH, presentó una querella en contra del Gobierno de Lucas García y su alto mando militar. Un año más tarde, se presentó la querella contra el general Ríos Montt, su ministro de Defensa que era el general Oscar Humberto Mejía Víctores y el jefe de Estado Mayor, el general López Fuentes. Desde que anularon la sentencia contra Ríos Montt, la esperanza cuelga de un hilo. En Guatemala, según Torres-Rivas, “hay una batalla contra el olvido”.

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