A un año de la elección del aspirante a reformador Jimmy Morales como presidente, varias investigaciones de corrupción están arrojando sombras sobre su círculo de allegados. Algunos nombramientos recientes han aportado juventud y oxígeno a su debilitado Gobierno, pero aún existen muchos obstáculos para la renovación política.
El presidente aspirante a reformista de Guatemala, Jimmy Morales, ganó las elecciones del año pasado por una mayoría aplastante gracias a un eslogan simple pero eficaz: “ni corrupto ni ladrón”. En uno de los países más violentos, desiguales y empobrecidos de América Latina, su elección fue parte de un tsunami anticorrupción que comenzó en abril de 2015, liderado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público. La trama que surgió en abril de 2015 en torno a las autoridades aduaneras le costó la cabeza a altos funcionarios, desencadenó protestas masivas por todo el país y al final derribó la administración plagada de corrupción del ex presidente Otto Pérez Molina, quien fue encarcelado inmediatamente después de su dimisión.
La ex vicepresidente de Pérez Molina, la mayoría de su gabinete, decenas de políticos y numerosos empresarios destacados ahora esperan ser juzgados en conexión con el fraude aduanero y un aluvión de casos relacionados. En consecuencia, Guatemala se encuentra en una encrucijada. O bien sigue adelante con sus medidas anticorrupción sin precedentes, o vuelve a caer en un pasado asolado por la corrupción, en el que las redes ilícitas buscaban malversar, sobornar y extorsionar fondos públicos para beneficio propio, sin consecuencias adversas.
El año pasado demostró cómo las instituciones del sistema de justicia están ahora dispuestas a usar la persecución judicial para desenmarañar al Estado y los partidos políticos de los grupos criminales. La capacidad de Guatemala ...
