Cartel con la imagen del Fiscal General del MP con el lema "Renuncia" como parte de un paro nacional contra el gobierno del Presidente Alejandro Giammattei y la Fiscal General Consuelo Porras el 29 de julio de 2021 en Ciudad de Guatemala, Guatemala. (Josue Decavele/Getty Images)

Con la mirada puesta en el horizonte de las elecciones generales del mes de junio, Guatemala atraviesa una deriva general del Estado de derecho que amenaza la legitimidad institucional. La judicialización de la política, la reducción de espacios para la sociedad civil y la falta de contrapesos hacen tambalear los pilares democráticos del país centroamericano.

“Guatemala es asombrosa e imparable”. Con estos adjetivos describió Alejandro Giammattei el país que dirige durante la presentación del informe anual de gestión en un año que calificó como “El Año de los logros”. En enero, desgranó lo que, a su juicio, fueron los mayores aciertos de 2022. Entre otros, el crecimiento económico del 4%, la estabilidad de la moneda y la lucha contra el coyotaje (tráfico ilegal de personas). Para la prensa local y las organizaciones de la sociedad civil, sin embargo, el discurso presidencial presentó una verdad de medias tintas donde se echó en falta un sano ejercicio de autocrítica en materias como la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos.

A favor de Giammattei, las cifras macroeconómicas. El Banco Mundial destaca que la economía de Guatemala es la más dinámica de Centroamérica, con un crecimiento estable comparado con otros países de la región. Sin embargo, la merma de ingresos en las arcas públicas atenaza la óptima cobertura de los servicios básicos, impidiendo que esta estabilidad ayude a reducir las brechas sociales.

Las voces discordantes con el oficialismo hablan de declive democrático, judicialización de la política, cooptación de las instituciones del Estado, agenda de impunidad y atentados contra la libertad de expresión. “El deterioro democrático en la región es preocupante, especialmente en materia de derechos humanos. Guatemala, al igual que Nicaragua, ha aprobado normativas que reducen el espacio de las organizaciones de la sociedad civil y de los activistas de derechos humanos, que están siendo perseguidos y criminalizados”, denuncia Edie Cux, presidente de la ONG local Acción Ciudadana.

En el plano internacional, las organizaciones de derechos humanos también llaman la atención sobre la degradación de los indicadores democráticos en Guatemala. El informe de 2023 de Human Rights Watch destaca la poca transparencia de nombramientos en dos instituciones clave para velar por el equilibrio de los poderes del Estado: la Fiscalía General y el Defensor del Pueblo. En el caso de la Fiscal General, el informe le atribuye la responsabilidad de bloquear investigaciones sobre corrupción e interponer causas de forma arbitraria contra periodistas, abogados y jueces independientes. Además, la fiscal general ha sido muy cuestionada por los cambios que ha realizado en el seno del Ministerio Público, entre ellos, la designación del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche. El responsable de la FECI ha sido señalado por el Departamento ...