La crisis humanitaria en el noreste de Nigeria corre peligro de agravarse. Casi cinco millones de personas en la región (8,5 millones en toda la cuenca del lago Chad) se enfrentan a una inseguridad alimentaria severa. Sólo en Nigeria 5,2 millones de personas pueden sufrirla a mediados de 2017. La causa fundamental son siete años de insurgencia del grupo islamista militante Boko Haram.
Cinco millones de personas sufren las consecuencias humanitarias de los actos de la insurgencia de Boko Haram. La estrategia del Ejército de Nigeria para combatir la insurgencia ha sido uno de los factores detonantes. Igual que en las amenazas de hambruna previamente analizadas en Sudán del Sur, Somalia y Yemen, los donantes tienen que dotar de dinero sus promesas de ayuda a través de la ONU y, en este caso, el Gobierno nigeriano intensificar la ayuda a sus ciudadanos.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha advertido de que “más de 20 millones de personas en Sudán del Sur, Somalia, Yemen y el noreste de Nigeria están pasando hambre y afrontando un grado sin precedentes de inseguridad alimentaria”. Las organizaciones de ayuda no pueden llegar a muchos de los más necesitados, por problemas de seguridad y por falta de financiación. De hecho, han informado que es posible que se reduzcan las raciones de emergencia, precisamente cuando se aproxima la temporada de escasez de recursos para los millones de habitantes más vulnerables.
El Gobierno de Nigeria va a tener que dar un paso adelante y mostrar un mayor compromiso, gestionando el abastecimiento de alimentos y otras formas de ayuda humanitaria con más sensatez y más responsabilidad, y eliminando gradualmente las restricciones militares a determinadas actividades en el estado de Borno, algo crucial para reanimar la agricultura de la región y la economía en general.
Para garantizar el acceso es necesario romper un tabú y negociar directamente con Boko Haram. A más largo plazo, desde luego, la solución es una estrategia más amplia para acabar con la insurgencia: el Ejército no puede garantizar la seguridad por sí solo, y la incapacidad de suministrar otros bienes públicos y dividendos socioeconómicos visibles a las zonas afectadas puede desbaratar los progresos obtenidos hasta ahora contra Boko Haram. Además, dado que la crisis es resultado directo de una guerra artificial, el Gobierno nigeriano debe estudiar todas las opciones para poner fin a dicha guerra, incluida la posibilidad de negociar la paz con los rebeldes.
Guerra, desplazamiento y crisis alimentaria
El origen de la mayor emergencia humanitaria actual en África es la guerra con Boko Haram, que comenzó en 2010. En los últimos siete años, los combates han causado la muerte de más de 20.000 personas y el desplazamiento de casi dos millones, además de otras 200.000 que han huido a los países vecinos. Desde 2015, el Ejército nigeriano y un Grupo Especial Conjunto Multinacional (MNJTF por sus siglas en inglés) —en el que participan las fuerzas de seguridad de Camerún, Chad y Níger que actúan en la cuenca del Lago Chad— han acorralado a Boko Haram en el borde oriental del estado de Borno, en la frontera montañosa con Camerún, y alrededor del Lago Chad. Pero los insurgentes resisten.
La crisis se ha agravado debido a tres grandes factores. El principal, fueron los ataques de Boko Haram contra las comunidades rurales, que obligaron a mucha gente a huir. El segundo, la destrucción masiva de las infraestructuras económicas en el estado de Borno y otras partes del noreste por los combates. Pero otro motivo fue la reacción del Gobierno. El Ejército nigeriano solía expulsar a la población civil de las zonas en las que llevaba a cabo operaciones contra la insurgencia, bien para reducir las bajas civiles, bien para evitar que la población local colaborase con los rebeldes. Además, al igual que los países vecinos, prohibió o restringió el comercio de bienes y servicios, en un intento de impedir que Boko Haram recibiera suministros y dinero, y eso diezmó aún más la economía de la región. Todos estos factores, juntos, provocaron una situación en la que una población inmensa se vio incapaz de alimentarse.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA por sus siglas en inglés) ha informado de que 4,7 millones de nigerianos en la zona noreste necesitan urgentemente ayuda alimentaria. De ellos, 1,4 millones afrontan una situación de “emergencia” y 38.000 están en peligro de hambruna. En total, en los estados de Adamawa, Borno y Yobe, en el noreste del país, se calcula que 5,2 millones de personas pueden sufrir inseguridad alimentaria severa a mediados de 2017, y 450.000 niños menores de cinco años pueden padecer malnutrición aguda grave.
Caída de la producción de alimentos
A medida que los agricultores, los ganaderos y los pescadores tenían que abandonar por la fuerza sus comunidades, la agricultura se convirtió en una gran víctima de la violencia. La situación se agravó cuando miles de hombres jóvenes y capaces, indispensables para trabajar en el campo, murieron a manos de Boko Haram o huyeron de los insurgentes y el Ejército. En el estado
de Borno epicentro del movimiento, la producción de los cereales básicos se desplomó entre 2010 y 2015: el sorgo un 82%; el arroz un 67%; el mijo un 55%. Hoy, el estado, que antes producía aproximadamente la cuarta parte del trigo del país, no lo cultiva. Oluwashina Olabanji, director ejecutivo del Instituto de Investigaciones del Lago Chad, dice que la producción de trigo en toda la zona del noreste “ha descendido al 20% de lo que solía ser antes, debido a la insurgencia”.
La ganadería también está arruinada. La Asociación Al Hayah de Ganaderos de Nigeria (ACBAN por sus siglas en inglés) dice que, en febrero de 2016, habían muerto 1.637 miembros de la asociación y se habían perdido más de 200.000 cabezas de vacuno, ovejas y cabras, además de 395.609 sacos de alimentos en ataques de los insurgentes en Borno. En diciembre de 2014, el sector pesquero empezó a sufrir la misma suerte, cuando Boko Haram intensificó los ataques a las comunidades en torno al Lago Chad.
Una población desplazada en masa
La guerra ha provocado el desplazamiento de casi dos millones de personas dentro de Nigeria y de 200.000 que han huido como refugiados a los países vecinos. Toda esa población sobrevive gracias a la ayuda humanitaria que llega a los campamentos de desplazados internos (DI) o gracias a la buena voluntad de las comunidades en las que se refugian. “La mayoría de los campesinos y pescadores están hoy en campamentos para personas desplazadas. Hombres y mujeres que antes producían alimentos y daban de comer a sus familias y a muchas personas a su cargo se ven reducidos hoy a la condición de mendigos y dependen de la ayuda de otros para subsistir”, ha declarado el presidente de la Asociación de Pescadores de la región, Abubakar Gamandi, a Crisis Group.
Las actividades militares, en particular el internamiento en campos (como Bama) o recintos en ciudades (como Banki, Gamboru-Ngala) de poblaciones rurales que han huido de las zonas de conflicto desde 2014, han agravado la situación alimentaria. Los campos, que dependen sobre todo de la comida que proporcionan el Ejército y los servicios de emergencia nacionales y estatales, tenían muy pocos recursos hasta que se involucraron las organizaciones humanitarias internacionales, en 2016. Como dice un trabajador humanitario, “encerrar a los DI en estos campos e impedirles la libertad de movimientos empeoró su penosa situación”.
Una economía regional diezmada
La escasez de alimentos, debida inicialmente a la caída de la producción y a los desplazamientos masivos, se ha agudizado por la destrucción de las infraestructuras económicas y las restricciones militares de varias actividades económicas fundamentales en grandes áreas del estado de Borno. Los combates han destruido el 30% de las casas, fuentes de agua, carreteras y puentes en la región, lo cual ha repercutido en la agricultura y otras actividades económicas. Los cierres de carreteras y los toques de queda limitan todavía más el comercio y las posibilidades de ganarse la vida. Además, el Ejército ha prohibido la venta de pescado procedente del Lago Chad, el transporte de alimentos, la venta de combustible y fertilizante y el transporte en motocicleta, y lo justifica como medidas inmediatas para asfixiar a los insurgentes.
En algunos casos, los argumentos parecen indiscutibles. Por ejemplo, el Ejército ha prohibido la venta de fertilizante porque es un ingrediente esencial para fabricar artefactos explosivos improvisados. Del mismo modo, ha prohibido la venta de pescado en los pueblos próximos al Lago Chad porque el impuesto que cobra Boko Haram a los comerciantes de pescado en la frontera entre Níger y Nigeria se había convertido en una fuente importante de financiación. Pero todo tiene un coste. La imposición prolongada de esas prohibiciones y restricciones hace que mucha gente no pueda ganar dinero y agrava las dificultades causadas por los ataques y los desplazamientos.
Una reacción nacional e internacional deficiente
Las reacciones de los actores internacionales y el Gobierno han dejado que desear. Los actores internacionales tardaron en ser conscientes de la gravedad y en reaccionar, en gran parte debido a la relativa escasez de informaciones —tanto nacionales como internacionales— sobre la crisis de la cuenca del Lago Chad. Algunos posibles donantes debieron de suponer que Nigeria, con todo su petróleo, podría afrontar el reto.
Sin embargo, con la caída de los precios del crudo que comenzó a finales de 2014 y el sabotaje de la producción por parte de grupos armados en el Delta del Níger durante gran parte de 2016, la economía del país cayó en recesión. Probablemente, hay otros factores que explican lo insuficiente de la reacción: la tradicional preocupación por la corrupción y la falta de transparencia en Nigeria, la afirmación del presidente Muhammadu Buhari de que las organizaciones humanitarias estaban exagerando el problema para resaltar su propia importancia, el rechazo del Gobierno nigeriano a los debates sobre
la insurgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU, las cautelas que despierta la ayuda humanitaria (derivadas de la desagradable experiencia durante la guerra de Biafra, a finales de los 70) y, más en general, las actitudes conservadoras de la población local frente a la llegada de trabajadores humanitarios extranjeros, en su mayoría occidentales. Por todo eso, la respuesta internacional tardó en ponerse en marcha y estaba muy por detrás de lo necesario.
“Nos encontrábamos ante una paradoja: una de las peores crisis humanitarias del mundo tenía dificultades para captar la atención mundial”, resume un diplomático. Las cosas empezaron a acelerarse en 2016, cuando varias organizaciones ampliaron sus programas de ayuda alimentaria. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) aumentó el número de beneficiarios mensuales, que pasó de 200.000 en octubre de 2016 a más de un millón de personas en marzo de 2017. Pero la ayuda seguía quedándose por debajo de unas necesidades cada vez mayores.
A principios de 2017, el vicesecretario general de la ONU y coordinador de la acción humanitaria para el Sahel, Toby Lanzer, dijo que solo estaba cubierto con fondos el 53% de los 739 millones de dólares previstos en los Planes de Respuesta Humanitaria 2016 para Nigeria y otros países de la cuenca del Lago Chad. A continuación, en un intento de lograr una respuesta más amplia en 2017, una misión del Consejo de Seguridad visitó la cuenca del Lago Chad e instó a que la comunidad internacional reaccionara más enérgicamente. La Conferencia Humanitaria de Oslo obtuvo unos compromisos de ayuda por valor de 672 millones de dólares de 14 donantes y dio a conocer la crisis al mundo. Pero tampoco eso logró cubrir los 1.500 millones de dólares que se calcula que hacen falta en estos momentos.
Además, solo 458 millones de dólares de las cantidades comprometidas estaban destinados a acciones humanitarias en 2017. Los 214 millones restantes eran para 2018 y más adelante. A finales de abril, el PMA dijo que no había recibido más que el 20% del dinero que necesita para 2017. OCHA dijo que a 30 de abril de 2017 solo se había cubierto el 17,2% del Plan de Respuesta Humanitaria 2017 para el noreste de Nigeria, y que se necesita más dinero con urgencia para seguir ampliando la acción humanitaria.
La falta de dinero no es el único obstáculo. La inseguridad hace muy difícil el reparto de la ayuda alimentaria. A pesar de las repetidas afirmaciones del Gobierno de que ha debilitado y diezmado a los rebeldes, los trabajadores humanitarios opinan que aproximadamente el 80% del estado de Borno y ciertas partes de Adamawa y Yobe siguen siendo peligrosos o muy peligrosos para las actividades humanitarias. El 28 de julio de 2016, la ONU suspendió por un breve periodo el reparto de ayuda cuando los insurgentes atacaron un convoy de UNICEF entre la capital de Borno, Maiduguri, y la ciudad de Bama, un incidente en el que resultaron heridos un empleado de UNICEF y un consultor de la Organización Internacional para las Migraciones.
Alrededor del 25% de los DI ha encontrado refugio en campos o instalaciones asignados por el Gobierno. El 75% restante vive en comunidades que los acogen (sobre todo en los estados de Borno, Adamawa, Yobe, Bauchi y Gombe), y al Ejecutivo y las organizaciones humanitarias les resulta más difícil localizarlos. Además, el gobierno federal no ha dado prioridad a sus necesidades. Como consecuencia de todos esos factores, no hay forma de hacer llegar alimentos a mucha gente necesitada, incluida la más vulnerable. El abastecimiento nunca ha sido constante ni sostenido. Muchos habitantes de la región ponen en duda la afirmación del gobierno de que en 2016 gastó más de 2.000 millones de dólares en ayuda humanitaria para el noreste, porque las poblaciones desplazadas y vulnerables no han experimentado todavía ningún alivio significativo.
La burocracia y la corrupción de Nigeria también complican el reparto de la ayuda, con las restricciones de visados a los trabajadores humanitarios extranjeros que entran en el país y los farragosos procedimientos de aduanas para la entrada de los artículos importados. Asimismo, ha habido casos de camiones de alimentos que se desvían a destinos desconocidos y de suministros robados por los responsables de los campamentos y los funcionarios locales.
El resultado de la suma de los retrasos en la financiación y la falta de dinero, la inseguridad generalizada, el reparto insuficiente e irregular y la burocracia y la corrupción en la administración está claro: en abril de 2017, solo se había conseguido llegar a 1,9 millones de personas de los 5,2 millones en peligro de inseguridad alimentaria severa.
Los riesgos del fracaso
Si no se consigue mantener, y mucho menos ampliar, la ayuda alimentaria y de otros tipos, las consecuencias serían devastadoras. En muchas comunidades a las que no pueden llegar los trabajadores humanitarios, el peligro de hambruna es inminente. Sin un reparto de alimentos continuo, muchos morirán de inanición, y muchos más, de enfermedades. Con el comienzo de la estación de lluvias, en mayo, las enfermedades se propagarán con más facilidad, sobre todo en los campos de DI, y los que carezcan de alimentos correrán más peligro. Y entre los supervivientes habrá miles de niños con raquitismo, que serán una carga para el futuro desarrollo de la región.
También puede haber repercusiones en materia de seguridad. Sin suficiente comida en los campos, decenas de miles de DI y refugiados están ya tratando de volver a sus hogares para aprovechar la estación de lluvias, cultivar sus tierras y arreglárselas como puedan. Unas personas que vuelven de forma apresurada e impulsadas por el hambre a unas zonas inseguras y que pueden sufrir ataques de Boko Haram sin que el Ejército sea capaz de protegerlas.
Además, el deterioro de la situación podría animar a muchos a atravesar el Sáhara para dirigirse a las costas de Europa. En 2016, Nigeria ya fue el tercer país que más migrantes envió a cruzar el Mediterráneo. Casi todos eran emigrantes económicos del sur del país, no refugiados de la guerra, pero, si se prolonga la crisis alimentaria en el noreste, la ola migratoria podría aumentar. El coordinador humanitario jefe de Nigeria, Ayade Olatunbosun-Alakija, ha advertido: “El mundo puede ser testigo de un éxodo masivo de un país de 180 millones de habitantes si no se le ayuda cuanto antes”.
Millones de jóvenes seriamente empobrecidos, desnutridos y desplazados, en busca de alimentos y otras formas de sustento, constituyen no sólo una catástrofe humanitaria sino la posibilidad de un peligro para la estabilidad de la región a largo plazo. Pueden integrarse en grupos de bandidos, trabajar para políticos locales en la lucha contra sus rivales electorales o acabar reclutados por grupos yihadistas y extremistas. El gobernador Shettima, del estado de Borno, avisa de que “si no nos ocupamos de los 52.000 niños a los que ha dejado huérfanos Boko Haram, debemos estar preparados para que, de aquí a 15 años, ellos vuelvan y se ocupen de nosotros”.
Qué se debe hacer
La medida más inmediata que puede tomar la comunidad internacional para impedir que la región caiga en la hambruna es apoyar los programas de alimentos en marcha y ampliar su presencia. Para ello habría que materializar las donaciones prometidas en Oslo y cumplir la voluntad expresada por la misión del Consejo de Seguridad de la ONU que visitó los países de la cuenca del Lago Chad a principios de marzo de 2017, y que se comprometió a evaluar la situación humanitaria y a buscar más recursos con el fin de cubrir los casi 1.000 millones de dólares que faltan para financiar la labor humanitaria en 2017. Es fundamental que el desembolso se haga con urgencia y de manera ordenada, para lo que las organizaciones humanitarias y sus socios locales deberán coordinarse mejor, compartir informaciones sobre las rutas de acceso, sobre todo ahora que comienzan las lluvias, y aumentar la capacidad de almacenamiento en cada lugar, en previsión de la llegada de más suministros.
Además, para resolver la crisis alimentaria, el Gobierno debe mostrar un compromiso más firme de ayudar a sus ciudadanos. Tiene que evitar el uso indiscriminado de la fuerza, centrarse en mejorar la seguridad de los retornados, negociar con Boko Haram y emplear una estrategia más global para derrotarlos y aumentar las provisiones de ayuda alimentaria y otras necesidades urgentes y emplear
Dado que la crisis alimentaria actual está provocada por un conflicto armado, su solución definitiva depende de que se resuelva ese conflicto. Las operaciones militares contra Boko Haram no son más que una opción entre varias para terminar con la violencia. Con el precedente sentado por las negociaciones que desembocaron en la puesta en libertad, en octubre de 2016 y mayo de 2017, de más de 100 niñas secuestradas, el Gobierno de Nigeria debe explorar la posibilidad de tratar de lograr un fin negociado para toda la guerra.
El artículo original ha sido publicado en International Crisis Group.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia
