La guerra está impidiendo que los yemeníes tengan acceso a los alimentos. La coalición dirigida por Arabia Saudí no debería atacar el puerto más importante de Yemen, Hodeida, y ambas partes tienen que resolver cuanto antes el punto muerto en la situación del Banco Central.
Los yemeníes están muriéndose de hambre debido a la guerra. El culpable no es ningún desastre natural. Ninguna ayuda humanitaria puede resolver el problema de fondo. Sin un cambio de rumbo real e inmediato, es muy probable que varias zonas del país, en pleno siglo XXI y bajo la vigilancia del Consejo de Seguridad, se precipiten hacia una hambruna. La catástrofe que se prevé es consecuencia directa de que todas las partes en conflicto hayan decidido utilizar el país como arma y de la indiferencia —y a veces el papel facilitador— de la comunidad internacional, incluidos miembros esenciales del Consejo de Seguridad como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia.
Para evitar esa hambruna, si es que aún queda alguna posibilidad, es necesario que la coalición dirigida por Arabia Saudí, que respalda al gobierno del presidente Abed Rabbo Mansur Hadi contra los combatientes y los rebeldes hutíes aliados con el ex presidente Alí Abdulá Saleh, no inicie la batalla —que se prevé sangrienta— por el puerto más importante de Yemen, Hodeida. Asimismo es necesario que los dos bandos se apresuren a poner de lado sus diferencias y permitan que los tecnócratas del banco central aborden el problema de liquidez, paguen los salarios de los funcionarios públicos en todo el país y regulen el rial. Y eso requiere un alto el fuego y un acuerdo político duradero para que los yemeníes tengan la oportunidad de reconstruir su devastada economía.
Hambruna y conflicto
En cifras, la crisis alimentaria de Yemen es la mayor del mundo. Según Naciones Unidas, se calcula que 17 millones de personas, el 60% de la población y tres millones más que a principios de año, sufren inseguridad alimentaria y necesitan urgentemente ayuda humanitaria para no morir. Siete de las 22 provincias del país padecen una emergencia alimentaria de nivel 4, a un solo paso de la categoría 5, que es la hambruna. Entre las zonas afectadas hay provincias controladas tanto por el gobierno como por los hutíes y Saleh. UNICEF informa de que 460.000 niños sufren malnutrición aguda grave.
La crisis alimentaria está relacionada con problemas de oferta y de demanda, y tiene su origen en el hecho de que los combatientes están librando una guerra por cualquier medio y sin que les importe nada la población. Según un destacado empresario yemení, “lo verdaderamente importante de la crisis humanitaria es que tanto las fuerzas hutíes y de Saleh como los corruptos que rodean al presidente Hadi están beneficiándose de la economía de guerra, mientras el pueblo de Yemen sufre”.
Los miembros de la coalición encabezada por los saudíes han impedido en repetidas ocasiones la llegada de ayuda y bienes a la población. Lo más vergonzoso es lo que está ocurriendo en la ciudad de Taiz, donde los hutíes y los partidarios de Saleh mantienen un bloqueo completo o parcial desde 2015, con consecuencias humanas devastadoras. Impiden de manera habitual la labor de los trabajadores humanitarios: exigen que les entreguen a ellos el material de ayuda, les niegan el acceso a las poblaciones necesitadas, les revocan los visados o incluso los arrestan. Cobran inmensos aranceles sobre todas las importaciones en las zonas que controlan, en parte para financiar el esfuerzo de guerra, y manejan el mercado negro del combustible, de forma que las élites militares se enriquecen mientras los precios del transporte de artículos esenciales sube sin cesar.
La coalición encabezada por Arabia Saudí ha impedido la llegada de mercancías al puerto más grande e importante del país, Hodeida, que está bajo el control de los hutíes y Saleh. Yemen depende en un 90% de la importación de alimentos esenciales como el trigo y el arroz, y la ONU calcula que el 80% de todas las importaciones destinadas al norte del país pasan por Hodeida. Aprovechando la Resolución 2216 del Consejo de Seguridad de la ONU, de abril de 2015, que exigió un embargo de armas a la coalición hutíes/Saleh, la coalición saudí llevó a cabo un agresivo bloqueo naval durante el primer año de conflicto. Tres meses después de su intervención militar, solo estaba entrando en el país el 15% del volumen de importaciones anterior a la guerra, lo cual empujó a las agencias de la ONU a hacer las primeras advertencias sobre la hambruna. Tras una serie de retrasos burocráticos por parte del Consejo de Seguridad, la coalición y el gobierno yemení, el problema se resolvió parcialmente en mayo de 2016 mediante la creación de un Mecanismo de Inspección y Verificación de la ONU (UNVIM por sus siglas en inglés) que permitió suavizar las restricciones, pero, para entonces, los ataques aéreos de la coalición ya habían causado grandes daños en el puerto y las colas y los retrasos eran inevitables.
La situación va a empeorar mucho más, ahora que la coalición parece decidida a salir del estancamiento militar existente desde septiembre de 2015 e intentar capturar la costa del Mar Rojo, donde se encuentra Hodeida. La coalición dice que la toma del puerto es necesaria para interrumpir la llegada de armas a los combatientes hutíes y de Saleh y obligarlos a sentarse a negociar. El argumento es cuestionable, porque la última iniciativa de paz del enviado especial de la ONU no la rechazó el bloque de hutíes y Saleh, sino el gobierno de Hadi respaldado por los saudíes, y tanto la armada de la coalición como el UNVIM ya observan el puerto, aunque no sea una vigilancia perfecta.
En cualquier caso, los peligros humanitarios de la campaña son evidentes. A diferencia de Adén y las zonas del sur, allí no recibirían a las fuerzas de la coalición como liberadoras, y las tropas hutíes y de Saleh han tenido tiempo más que suficiente para preparar posiciones de defensa. Lo más probable sería una batalla prolongada que podría cerrar y destruir aún más este puerto. Aunque la coalición consiguiera hacerse con la ciudad, no está nada claro que tenga la voluntad ni la capacidad de garantizar la llegada de las importaciones, a través del frente, hasta el norte controlado por los hutíes y Saleh, donde reside la mayor parte de la población yemení. Es más, casi todos los habitantes creen que el gobierno de Hadi utilizaría el control del puerto para asfixiar todavía más la economía de las zonas enemigas con el fin de intentar romper la alianza o suscitar una revuelta interna, una posibilidad que la coalición saudí lleva mucho tiempo prediciendo. Los costes de una estrategia así recaerían de forma abrumadora sobre la población civil, y los combatientes serían los últimos en morir de hambre.
Los trabajadores humanitarios dicen que, incluso con una capacidad reducida, no hay un puerto equiparable a Hodeida, ni en situación ni en infraestructuras. Si atacan la ciudad y cierran el puerto, se convertirá en el mayor tapón para una crisis alimentaria ya inmensa.
No obstante, el problema más acuciante en estos momentos es el de la demanda. A pesar de las enormes dificultades, todavía se encuentra comida en los mercados, incluso en Saná. Sin embargo, los yemeníes de todo el país tienen cada vez menos posibilidades de comprarla. Después de dos años de combates sobre el terreno y bombardeos aéreos, la economía está hecha pedazos. Las familias y las comunidades están al borde del abismo, después de haber vendido lo que tenían, haber gastado sus ahorros y haber agotado sus redes de apoyo. La situación es especialmente grave para los más de tres millones de desplazados internos y los residentes de provincias como Hodeida, que ya eran los más pobres antes del conflicto. También está cobrándose un precio especialmente alto en el caso de las mujeres y las niñas, que suelen ser las últimas que comen y, en diciembre de 2016, constituían el 62% de los cuatro millones de personas que padecían malnutrición aguda.
Un elemento clave de esta crisis de poder adquisitivo es la incapacidad del banco central para pagar regularmente los salarios del sector público desde agosto de 2016. Ello se debe a la disminución del tesoro público, una grave crisis de liquidez y la incapacidad del banco de transferir recursos financieros en las zonas controladas por los bandos rivales. El problema se ha politizado. Antes de la decisión del presidente Hadi, el 19 de septiembre, de trasladar el banco central de Saná a Adén, existía un acuerdo tácito entre las partes del conflicto para permitir que la institución operase relativamente libre de injerencias. Los diplomáticos y los economistas estaban bastante de acuerdo en que el banco se había mantenido imparcial, había facilitado la importación de una lista cada vez más reducida de artículos básicos, había protegido el valor del rial y había seguido pagando los salarios del sector público en unas circunstancias económicas cada vez más difíciles. Pero eso no duró. Sin los ingresos de los hidrocarburos, que en 2014 representaron aproximadamente la mitad del presupuesto del Gobierno, ni la ayuda de los donantes, la solvencia y la liquidez inmediata sufrieron un gran deterioro.
El gobierno dijo que el traslado del banco podría impedir que el bando de los hutíes y Saleh utilizara sus fondos para la guerra y permitir que el banco pagara los salarios del sector público y estabilizara la economía. En Adén, el banco ha emitido la moneda necesaria para solventar la crisis de liquidez (una medida que el gobierno de Hadi impidió cuando el banco estaba en Saná); una empresa impresora de Rusia ha enviado al menos 160.000 millones de riales (alrededor de 596 millones de euros) a Adén como parte de un encargo de 400.000 millones de riales (1.500 millones de euros). Sin embargo, existe poca transparencia sobre el uso que se ha dado a ese dinero. Además, desde el traslado, se han pagado algunos salarios en el sur pero muchos menos en el norte, y el sistema bancario prácticamente ha desaparecido, lo cual supone una presión añadida para la oferta, puesto que los importadores ya no tienen acceso al crédito.
Más inquietante todavía es el hecho de que el banco no ha recibido la necesaria inyección de divisas extranjeras que los partidarios de Hadi esperaban obtener de los Estados del Golfo contaban después del traslado a Adén. Los escasos ingresos domésticos que se generan no se están depositando en las cuentas del banco central, porque los distintos centros administrativos del país actúan de manera autónoma. Ni los territorios controlados por los hutíes y Saleh ni la provincia de Marib, técnicamente en manos del gobierno de Hadi y principal productora de gas y petróleo para consumo interno, están poniendo sus ingresos a disposición del banco central de Adén. El gobierno de Hadi tampoco está depositando los ingresos generados por las exportaciones de crudo del yacimiento de Masila, en Hadramut, que volvió a funcionar en agosto de 2016, sino que está utilizando una cuenta bancaria externa, en Arabia Saudí, sin ninguna supervisión de los gastos. Sin acceso a las divisas extranjeras, la introducción de más riales en el mercado provocaría una inflación.
Cada bando culpa al otro de la catástrofe económica. El Gobierno dice que no puede pagar los salarios en los territorios hutíes y de Saleh hasta que estos envíen los ingresos de los impuestos y las exportaciones al banco de Adén (a escala nacional, esos ingresos eran aproximadamente el 30% de los ingresos públicos antes de la guerra). Las autoridades hutíes y Saleh acusan al gobierno de intentar matar de hambre a la población del norte y se niegan a reconocer el banco de Adén y a compartir sus cuentas. Y, mientras las dos partes se pelean, los yemeníes, en efecto, mueren poco a poco de hambre.
Qué hace falta
Buscar una solución a la inminente hambruna es un reto complejo que exige medidas inmediatas con el fin de prevenir un agravamiento de la situación y proporcionar ayuda que pueda salvar vidas entre los más necesitados. Los yemeníes pasan hambre como consecuencia de la guerra, pero todavía es posible detener e incluso invertir la tendencia si los actores políticos tienen voluntad de hacerlo. Es preciso tomar varias medidas urgentes.
En primer lugar, la coalición encabezada por los saudíes debe interrumpir el plan para invadir el puerto de Hodeida. En segundo, las autoridades del bando hutíes/Saleh, el Gobierno yemení y la coalición saudí tendrían que colaborar con el enviado de la ONU para alcanzar un acuerdo que permita a los tecnócratas del banco central en Adén y Saná elaborar un plan con el fin de reanudar el pago de los salarios del sector público en todo el país, las transferencias de efectivo en concepto de ayuda social a los más pobres y el desempeño de las operaciones bancarias básicas sin injerencias políticas hasta que se logre un acuerdo político de conjunto. Este pacto debe contener varios elementos: la cooperación entre el banco central de Adén y su sucursal de Saná, donde todavía están las infraestructuras y la mayoría de los tecnócratas; un acuerdo de las fuerzas hutíes/Saleh y el Gobierno de no inmiscuirse en las decisiones tomadas por los tecnócratas del banco central ni desviar las inyecciones de liquidez del banco para otros fines; el compromiso de todas las partes para garantizar que los ingresos de los hidrocarburos, las aduanas y los impuestos se depositen y queden reflejados en el banco central nacional y que el banco tenga acceso al menos a algunos bancos comerciales y a los bancos centrales extranjeros en los que tiene depositadas reservas (en la actualidad, sus cuentas están bloqueadas, en parte por las incertidumbres de los bancos extranjeros sobre el traslado de Saná a Adén y el nombramiento de una nueva dirección del banco por parte del presidente Hadi); el acuerdo de pagar los salarios del sector público en todo el país sobre la base de las nóminas de 2014 (para excluir a cualquiera que hayan podido añadir las autoridades hutíes desde el golpe de febrero de 2015); y, por último, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos deben ayudar a financiar, junto con el Banco Mundial y otros donantes, los 500 millones de dólares aproximados que se necesitan para hacer transferencias de emergencia a los yemeníes más pobres durante un año, sobre la base de las listas de asistencia social de 2014.
Para que estas medidas provisionales sirvan de algo, tendrán que ir acompañadas de un alto el fuego y un acuerdo de paz que dé a los yemeníes la posibilidad de reconstruir las instituciones del Estado y la economía. Para ello las autoridades del bando hutíes/Saleh y el gobierno deben reabrir inmediatamente el diálogo con el enviado especial de la ONU para obtener el alto el fuego y reanudar las negociaciones basadas en su hoja de ruta; el Consejo de Seguridad de la ONU tendría que tomar medidas inmediatas para reanimar la vía política, mediante la aprobación, en virtud de la autoridad que le otorga el Capítulo VII, de una nueva resolución que exija un alto el fuego inmediato, acceso sin restricciones a los trabajadores humanitarios y la vuelta a las negociaciones de acuerdo con la hoja de ruta marcada por la ONU, que requiere que las dos partes hagan concesiones.
El artículo original ha sido publicado en International Crisis Group.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia
