La desinformación es una de las múltiples facetas que esconden las amenazas híbridas pero los ciudadanos pueden protegerse de sus nocivos efectos
La guerra híbrida tiene muchas caras: acciones militares encubiertas, ciberataques, fake news, presiones económicas… Los Estados solían encargarse de contrarrestar las amenazas convencionales y ahora tienen que hacer lo mismo con estos nuevos retos que plantean los conflictos en la zona gris. No hace falta vivir una situación de hostilidad declarada entre naciones. Esta nueva conflictividad puede suceder en cualquier momento, así que a la ciudadanía le conviene saber cómo estar preparados y qué fenómenos pueden contrarrestar por sí mismos.
La guerra híbrida busca alterar el habitual funcionamiento de una sociedad con un amplio espectro de acciones que afectan puntos sensibles en un país. Las ofensivas en este terreno son muy variadas, si se comparan con las agresiones militares de corte tradicional.
En los últimos tiempos, se han visto muchos casos de amenazas híbridas. Desde ciberataques para dejar fuera de funcionamiento servicios básicos e infraestructuras claves, generar una ola migratoria masiva difícil de gestionar para el país receptor o hasta lanzar una campaña de noticias falsas para afectar la convivencia entre la ciudadanía.
El reciente ataque de ransomware al hospital Clínic de Barcelona es una muestra del riesgo que suponen este tipo de acciones en el ciberespacio: se han tenido que aplazar consultas así como algunas intervenciones quirúrgicas —con los consiguientes problemas para los pacientes— y se han comprometido datos sensibles de los ciudadanos.
La guerra de Ucrania ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de estas acciones irregulares, pero no necesariamente tienen que darse en una situación de enfrentamiento abierto. La guerra híbrida entra en el reino de lo que se ha llamado la zona gris de los conflictos.
Sin salir del entorno del conflicto ucraniano, otra acción propia de la zona gris que ha ganado resonancia han sido los sabotajes. El ejemplo paradigmático ha sido el caso del ataque al gaseoducto Nord Stream, con periódicas teorías sobre su posible autoría. Además de los posibles efectos sobre el abastecimiento si se atacan infraestructuras de este tipo, también pueden generarse importantes efectos financieros, como incremento de seguros que acaben repercutiendo en el precio que pagan los ciudadanos por la energía.
Así lo señala el historiador Timothy Snyder en su libro El camino hacia la no libertad. Este experto explica que un conflicto híbrido puede percibirse con una escala menor a uno convencional, pero tienen un carácter permanente. No hay que olvidar que estas acciones pueden producirse constantemente, ya que son mucho menos costosas que las tradicionales, pero con unos efectos que erosionan a la sociedad.
En la última década, los organismos multinacionales han intentado dotarse de mecanismos para contrarrestar estos riesgos. La Unión Europea comenzó a tomar medidas contra estas amenazas en las conclusiones del Consejo Europeo de 2015 y a partir de ahí se ha desarrollado un marco conjunto para hacer frente a los peligros en este ámbito.
Si se quiere concretar más en estas soluciones planteadas, solo hay que mirar la creación en 2017 del Centro Europeo de Excelencia para contrarrestar las amenazas híbridas (Hybrid CoE), un organismo independiente que trabaja en estrecha colaboración con la UE y la OTAN para hacer frente a este tipo de situaciones. Engloba a 33 países, principalmente europeos.
El espectro de actuación del Hybrid CoE es amplio: ofrecer asesoramiento a los Estados miembros, fomentar la cooperación internacional o la organización de ejercicios para poner a prueba las capacidades de sus integrantes.
Más allá de la lógica responsabilidad de los organismos gubernamentales e internacionales, el ciudadano de a pie también puede tratar de defenderse ante algunas de estas acciones. En concreto, pueden estar alerta ante campañas de desinformación. Cada vez son más habituales, es extraño en la última década no encontrar información reciente sobre propagación de bulos u otras formas de posverdad.
¿Cómo contribuyen los bulos y otras manifestaciones de posverdad a la guerra híbrida? Si analizamos en detalle esta particular forma de conflictividad, no se trata de mentiras o “cotilleos” en ámbitos que puedan resultar más propios del ocio (información deportiva, del corazón…), sino aquellas noticias que buscan erosionar la convivencia en una sociedad.
Ante estas amenazas, los países democráticos son particularmente vulnerables. Sus sistemas políticos que amparan la libertad de expresión presentan muchas ventajas para la extensión de fake news. Aunque este solo es un punto de partida y hay otros factores que sí marcan una alta posibilidad de riesgo para que la ciudadanía sea víctima de una acción híbrida de este tipo.
Como buena amenaza híbrida, las campañas de desinformación tienen muchas caras. Pueden tratar de influir en procesos electorales —como se vio con el escándalo de Cambridge Analytica— o generar estados de opinión en temas sensibles para una sociedad: desde las relaciones con organismos internacionales a la llegada de inmigrantes.
¿Por dónde empezar a protegerse ante estas campañas? En Finlandia llevan tiempo trabajando en esta cuestión, un país sensible a las injerencias de Rusia, uno de los Estados acusados más a menudo de utilizar tácticas híbridas. Ya en 2015, Charly Salonius-Pasternak y Jarno Limnéil, investigadores del The Finnish Institute of International Affairs, en un documento de trabajo recordaban que preparar a la sociedad implicaba mejorar su “resiliencia psicológica y el fortalecimiento de sus capacidades no físicas”.
Concretando un poco más, el Hybrid CoE detalló medidas para compartir la desinformación. En su informe, Countering disinformation: News media and legal resilience de abril de 2019, establecía cinco puntos clave para asegurar un entorno de medios de comunicación independientes y que basen su trabajo en hechos contrastados.
Cuatro de estos puntos se refieren a armonizar el marco legal de la UE y sus Estados miembros “para contribuir a defender la libertad de expresión y la democracia liberal”, a la vez que combaten la difusión de noticias falsas. La medida restante hacía hincapié en “mejorar la transparencia de los algoritmos operados por las plataformas de redes sociales”.
Protegerse frente a la desinformación
Los ciudadanos no deben ser usuarios acríticos de redes sociales, sino que deben tener nociones sobre cómo y por qué les llegan determinados contenidos a través de las Redes: por qué se recomiendan determinados vídeos o el tipo de noticias que aparecen en los feeds de los diferentes canales de redes sociales. Los algoritmos con los que trabajan estas empresas digitales tienen un papel principal en el contenido que llega a los ciudadanos.
Los algoritmos se encargan de proporcionarnos contenidos relacionados con nuestras búsquedas. Es decir, una persona que consuma noticias o vídeos sobre determinada tendencia ideológica cada vez verá más material relacionado con ella en sus búsquedas, incluyendo las posturas más radicales. Así, pues si se conoce el funcionamiento de estas Redes, las partes interesadas pueden colocar el mensaje que le interese.
La clave para saber cribar los contenidos que consumimos en la Red es mejorar la alfabetización mediática y digital de la ciudadanía. Este es uno de los objetivos del Observatorio Europeo de los Medios Digitales (EDMO por sus siglas inglesas) que fue creado en junio de 2020.
El propio Consejo de Europa define a la alfabetización mediática y digital como un concepto que “engloba todas las capacidades técnicas, cognitivas, sociales, cívicas, éticas y creativas que permiten a una persona acceder a información y medios de comunicación y utilizarlos de manera eficaz”.
En una línea similar se manifiesta la UNESCO al hablar de alfabetización mediática e informacional, a la que define como un medio para que “las personas puedan pensar de manera crítica y hacer clic sabiamente”.
Otro aspecto a tener en cuenta y relacionado con el funcionamiento de los canales digitales es su viralidad. Estos espacios son un buen canal para la difusión de las fake news debido a la capacidad que tienen para difundir mensajes que lleguen a mucha gente y con rapidez, si se conocen las técnicas adecuadas.
Un último elemento característicos y común a todas las amenazas híbridas —desde la difusión de un bulo hasta un ciberataque contra una infraestructura clave— es la dificultad para determinar la autoría de estas acciones. Puede ser un actor estatal o uno no estatal. Esta dificultad para saber quién está detrás ya debería poner en guardia a los ciudadanos para desconfiar de aquellas informaciones que encuentren sin una fuente originaria claramente identificable o confiable.
En sus documentos de trabajo sobre la cuestión, la UE habla de “empoderar a los ciudadanos” en su Código de buenas prácticas sobre desinformación de 2022 y más concretamente, el documento señala que “los usuarios estarán mejor protegidos frente a la desinformación mediante herramientas para reconocerla, comprenderla y señalarla”.
Un punto más concreto que señala este Código y que puede ayudar a las personas a la hora de identificar a fuentes de fake news es recurrir a fact checkers o verificadores. De nuevo, se trata de escoger una fuente que sea de confianza y utilizarla como referente para ver si la noticia que le ha llegado es verdadera o trata de alimentar un bulo.
En Horizon, la revista de la UE sobre investigación e innovación, Paula Gori, Secretaria General y Coordinadora del EDMO, da varios consejos para detectar noticias falsas.
El primer consejo de esta experta que puede utilizar cualquier persona es el, ya mencionado, fomento del pensamiento crítico. Es bueno cuestionarse el origen y la intencionalidad de una noticia por mucho que se alineé con nuestras preferencias ideológicas. En segundo lugar, y en línea con lo anterior, es la conveniencia de verificar la información con otra fuente que sea de nuestra confianza.
Gori también destaca que tendemos a compartir noticias sin verificar “cuando estás asustado o enfadado”. En este sentido, recuerda el caso del inicio de la pandemia de la Covid-19, cuando se extendieron muchos bulos sobre el origen del virus por la incertidumbre que se vivía entonces.
Otro consejo de esta experta remarca que “sólo comprendiendo la desinformación se puede hacer frente a ella”. Una afirmación que lleva a una última recomendación o advertencia por parte de la responsable de EDMO y que dice que estas campañas buscan alimentar la desconfianza del ciudadano al hacerle creer que todo es mentira.
En Finlandia hay un buen ejemplo del camino a seguir para concienciar a la ciudadanía sobre la mejor manera para evitar creerse las fake news. Desde 2014, este país ha incluido en su prestigioso sistema educativo asignaturas para aprender a discriminar las noticias falsas publicadas en entornos digitales.
El caso finés es paradigmático pero en el marco de la UE, además de la formación, también se apuestan por otras medidas. Alemania cuenta con un lustro de experiencia en acciones legales contra el discurso de odio en las Redes Sociales. De igual manera, Francia también habla de actuaciones penales para los responsables de difundir noticias falsas en los canales digitales. En enero de 2023, el presidente Emmanuel Macron insistió en esta cuestión en vistas a las elecciones al Elíseo de abril.
Sobre las medidas a tomar contra estos nuevos riesgos, Pol Bargués, investigador del CIDOB y uno de los coordinadores del informe de esta institución Amenazas híbridas, orden vulnerable, ha explicado a esglobal que la educación y la formación es un paso importante, pero, y en relación al ejemplo de Finlandia, este experto remarca que conviene ir más allá, “no es la respuesta definitiva”.
Para Bargués el problema no se limita a una falta de formación, recuerda que el problema existe en sociedades con buenos índices de educación académica. El experto del CIDOB detecta otros factores de riesgo. En concreto, dibuja cuál puede ser el terreno abonado para que triunfe una campaña de desinformación: “cuando una sociedad está más apática, siente desafección política y está menos cohesionada existe un peligro mayor de que se extiendan las campañas de desinformación”.
Bargués cree que “algunas prácticas del neoliberalismo fomentan esta apatía de la población hacia las instituciones democráticas y es clave revertir esta tendencia”. En definitiva, considera que, en una sociedad más estable, “las amenazas híbridas relacionadas con la desinformación no tendrían tanto recorrido”.
Cuando se le pregunta por casos concretos, el investigador del CIDOB pone el ejemplo de cómo “Rusia invierte mucho en publicar noticias para que la población en los Balcanes desconfíe de la UE”. Bargués reconoce que “es difícil medir el impacto concreto de estas campañas, pero en las encuestas de cada año va bajando la consideración que tiene la población de esa región hacia la Unión Europea”.
Este experto del CIDOB no es la única voz que señala hacia el Kremlin. El propio Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ha mostrado en varias ocasiones su preocupación por las acciones rusas en los Balcanes, incluso ha expresado su preocupación en el Parlamento Europeo, tal y como hizo el 8 de marzo de 2022.
Fuera del ámbito europeo, pero siguiendo con las campañas de desinformación rusa destaca la campaña promovida contra los Cascos Blancos. Esta ONG siria ha documentado las atrocidades cometidas por el régimen de Damasco, pero desde el Kremlin se lanzó el mensaje de que eran colaboradores de Al Qaeda y otros grupos islamistas. El colectivo internacional de periodistas de investigación, Bellingcat, destapó estas falsas afirmaciones.
Pero la desinformación no es un monopolio ruso. Otros ejemplos donde ésta ha causado una gran conflictividad social y política lo encontramos en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 o el papel de algunas cuentas de Facebook que incentivaron el odio hacia los rohingya en Myanmar.
En definitiva, la desinformación es una de las acciones de guerra híbrida que puede afectar más fácilmente a la ciudadanía. No se trata solo de colar simples bulos sino, como se ha visto con algunos ejemplos aquí citados, contribuyen a erosionar la convivencia y el normal funcionamiento de una sociedad democrática.
