El país ha dado grandes pasos en la lucha contra el cambio climático, pero la reciente ley brasileña que modifica el Código Forestal puede suponer un gran retroceso. Al gigante latinoamericano aún le quedan muchas tareas verdes por cumplir en el terreno de la inversión en materia de innovación o los subsidios.
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Desde la celebración de la conferencia de Bali en 2007, Brasil, responsable de aproximadamente el 4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), viene desempeñando un rol prominente en las negociaciones climáticas. Aquel año, fue prácticamente el único país que trajo buenas noticias al anunciar un recorte del 14% en sus emisiones con relación al año anterior, resultado de la disminución de la deforestación de la selva amazónica. Esta tendencia se ha mantenido en los últimos cinco años.
En 2009, en la conferencia de Copenhague, Brasil fue el primer país en desarrollo en presentar objetivos de reducción de sus emisiones agregadas. Durante la reunión, el gigante latinoamericano dijo estar dispuesto a reducir entre el 36% y el 39% de sus emisiones con relación a la llamada curva Business as Usual (BAU), lo que, en términos absolutos, representaría una reducción de más del 20% en relación al año base de 2005. El anuncio se basó en una proyección de subida del PIB brasileño de un promedio de entre un 4% y un 6% hasta 2020, lo que, de momento, no parece muy factible. Eventualmente, eso ayudará al país a alcanzar las metas voluntarias anunciadas en Copenhague.
En la COP17, la conferencia del clima celebrada en Durban en diciembre de 2011, Brasil logró nuevos avances. El país desempeñó un importante papel diplomático, mediando entre el grupo BASIC –Brasil, Suráfrica, India y China–, la Unión Europea y Estados Unidos, ...
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