He aquí las razones tras el cambio de tendencia en las políticas penitenciarias del país en relación a los delitos por posesión y tráfico a pequeña escala de drogas.

Prisioneros en el jardín de la una cárcel en el Estado de California. Justin Sullivan/Getty Images
Prisioneros en el jardín de la una cárcel en el Estado de California. Justin Sullivan/Getty Images

Entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre serán excarcelados del sistema de prisiones federal estadounidense unos 6.000 presos. La mayoría de ellos cumplen condenas por delitos relacionados con la posesión y el tráfico a pequeña escala de drogas que, sin embargo, la legislación previa consideraba delitos graves. Hace unos meses, un cambio en las directrices para el establecimiento de sentencias rebajó –con efectos retroactivos–la gravedad de delitos como pequeños hurtos y posesión de drogas. Cuando se complete este proceso se iniciará otro similar que durará hasta noviembre de 2016 y gracias al cual están prevista la excarcelación de otros 8.500 presos. El destino ellos será el arresto domiciliario, el traslado a casas de acogida como paso intermedio en su reinserción y, en el caso de los inmigrantes ilegales, su deportación.

 

Nueva tendencia

Las cárceles estadounidenses comenzaron a llenarse progresivamente desde 1971, durante de la Administración de Richard Nixon,  que declaró la “guerra” al consumo de estupefacientes, calificándolo como el enemigo público número uno de Estados Unidos. Con el gobierno de Ronald Reagan, las políticas de mano dura terminaron de consolidarse. El endurecimiento de las penas de cárcel por posesión y tráfico de drogas  ha condicionado en buena medida, desde entonces, la paulatina sobrepoblación de las cárceles federales estadounidenses, destruyendo las vidas de cientos de miles de personas y generando un gasto público ingente. De esa población reclusa, además, la mayoría de encarcelados –en torno a un 75%– son negros e hispanos. Y todo ello sin conseguir disminuir el tráfico de drogas ilegales: EE UU es desde hace décadas el mayor consumidor mundial de drogas ilegales. También es, por cierto, uno de los mayores mercados para las drogas psicoactivas legales: especialmente antidepresivos, ansiolíticos y somníferos. Un lucrativo negocio que, en muchos casos, ha generado también severos problemas de adicción.

El cambio de enfoque parece ser profundo entre la clase política y judicial estadounidense. Por una parte, se ha ido ampliando la permisividad del consumo de marihuana: en la mayoría de los casos con fines medicinales, pero también para su uso recreativo en el estado de Colorado. Asimismo, se han retirado las penas mínimas obligatorias por posesión de drogas: en 2010 se levantaba la obligación de imponer una pena mínima de cinco años por posesión de crack. En julio de este año, el presidente Barak Obama otorgó el indulto a 46 presos que cumplían sentencias relacionadas con delitos por drogas –el doble que en los indultos de comienzos de año–, aprovechando para destacar que esas personas no eran criminales “a pesar de haber cumplido penas de hasta 20 años de cárcel”.

El discurso de Obama se inscribe dentro de las negociaciones mantenidas desde hace dos años entre Republicanos y Demócratas para cambiar –con efectos retroactivos– ...