La fuerza internacional tendrá que permanecer más
allá de las elecciones.


Una coalición militar internacional ha intervenido en Haití para
apoyar la salida del país del presidente al que otra coalición había restablecido en el poder 10 años atrás y contribuir a la instauración de un Gobierno técnico de transición. La intervención de 1994 había derrocado al entonces dictador
Raoul Cédras y devuelto el poder al presidente democráticamente
elegido en
1990, Jean Bertrand Aristide. Mientras controló el país (cinco
años con René Préval como presidente, pero manejando los
hilos desde la organización Fanmi Lavalas), Aristide condujo Haití a
una deriva antidemocrática reminiscente de los peores años de
las dictaduras de los Duvalier: se apoyó en milicias populares, permitió y
auspició la represión política, las violaciones de derechos
humanos y la corrupción, y condujo un proceso electoral muy cuestionable,
que le llevó de nuevo a la presidencia en 2000.

¿Cómo es posible que la comunidad internacional interviniera
militarmente en 1994 para instaurar un régimen democrático pero
no estableciera garantías suficientes para que no se transformara de
nuevo en tiranía? A partir de la reinstauración de Aristide se
sucedieron en Haití una serie de misiones de Naciones Unidas y de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), encargadas de tareas tan
diversas como el mantenimiento de un entorno seguro (durante los primeros años
del nuevo régimen), la creación de una nueva policía,
la mejora de la administración de justicia o la supervisión de
los derechos humanos. Además, hasta 1999, el Consejo de Seguridad de
la ONU dedicó su atención y un número considerable de
resoluciones a Haití. Pero nada de esto evitó el deterioro progresivo
de la situación, que desembocó este año en violencia generalizada. Ésta
fue protagonizada en parte por ex miembros de las Fuerzas Armadas de Haití,
desmanteladas por Aristide en 1994 y que reclaman algún tipo de compensación
o su recomposición, pero las grandes beneficiadas fueron las organizaciones
políticas de oposición a Aristide, que vieron cómo los
incidentes forzaban a la comunidad internacional a alinearse con su posición,
apoyar la salida del país del presidente y volver a enviar a militares
y policías extranjeros a Haití.

La intervención de 2004 imita la secuencia de 1994: la fuerza multinacional
se encargó de mantener un entorno seguro hasta que una misión
de la ONU (Misión de Naciones Unidas de Estabilización en Haití,
Minustah), con componentes militar, policial y civil, tomó el relevo
con las funciones añadidas, entre otras, de apoyo al Gobierno en la
reforma de la policía, desarme y desmovilización; apoyo al proceso
político de transición, y supervisión y promoción
del respeto de los derechos humanos. Aunque el mandato de Minustah, contenido
en la resolución 1.542 del Consejo de Seguridad de la ONU, es más
elaborado que el de misiones internacionales previas, ¿qué permite
pensar que esta vez será diferente y que se conseguirá poner
a Haití en la senda definitiva de la democracia y el desarrollo económico?
Uno de los análisis predominantes en Haití tiende ...