Honduras: un camino lleno de incertidumbres

Juan Orlando Hernández asume nuevo mandato con la mirada en la reconciliación nacional de Honduras. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta?

El presidente entra en su segundo mandato poniendo fin a 38 años de alternancia en un país sumido en la peor crisis política e institucional desde la expulsión del exdirigente Manuel Zelaya en 2009.

“Mi compromiso es trabajar por todos los hondureños sin importar por quién votaron […] Es bueno que exista la reelección, pero sólo una vez […] Las reformas electorales deben ser profundas, y de ser necesario, también cambios constitucionales, porque estamos listos para efectuar el diálogo que nos lleve a la reconciliación nacional”. Estas son algunas de las frases pronunciadas por el presidente Hernández en el discurso de investidura. Fue una ceremonia austera, sin fastos, adaptada al clima de polarización y división social que vive el país desde que se desatara la crisis postelectoral tras los comicios generales de noviembre, que algunos analistas califican como la peor crisis política desde que el expresidente Manuel Zelaya fuera obligado a abandonar el país en el año 2009.

El presidente Juan Orlando Hernández – JOH, sus iniciales, como se le conoce popularmente– asume un inédito segundo mandato en un contexto de alta polarización social enmarcado en la polémica de su reelección. Si bien esta está prohibida por la Constitución, los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema se apoyaron en varios recursos de inconstitucionalidad para modificar la Carta Magna en 2015 y permitir que un presidente electo pueda presentarse de nuevo al cargo. La supuesta inconstitucionalidad de la reelección fue el principal tema de debate durante la campaña electoral y uno de los argumentos de la oposición para no reconocer los resultados de las elecciones generales celebradas en noviembre de 2017, que dieron la victoria a Juan Orlando Hernández, de la agrupación conservadora, Partido Nacional, por el margen más estrecho de la historia democrática hondureña. Hernández obtuvo el 42, 95% de los votos, poco más de un 1% por delante su principal contendiente, Salvador Nasralla, candidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, que agrupa a diferentes formaciones políticas afines al socialismo.

Tras la votación, las alegaciones de fraude electoral y la desconfianza social en las instituciones desencadenaron saqueos, bloqueos de carreteras y enfrentamientos en las calles que obligaron a decretar el estado de excepción como medida extraordinaria para intentar frenar la ola de violencia. Según un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh), las revueltas postelectorales han dejado hasta el momento 31 fallecidos entre manifestantes y miembros de la seguridad pública del Estado y más de 800 detenidos.

El presidente Juan Orlando Hernández busca en el diálogo la salida a la crisis política y ha tendido en reiteradas ocasiones la mano a los representantes de la oposición para intentar negociar por la vía del consenso una solución al conflicto social. Sin embargo, hasta hoy tanto Salvador Nasralla como el expresidente y coordinador de la Alianza de Oposición, Manuel Zelaya, continúan llamando a sus seguidores a la movilización sin reconocer a Juan Orlando Hernández como presidente electo de Honduras. “Las manifestaciones postelectorales no han llegado al nivel desestabilizador que esperaban sus promotores. Tarde o temprano, Nasralla y el expresidente Zelaya se sentarán a dialogar con el Gobierno; No hay otra salida”, reflexiona el analista político hondureño y director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, Miguel Cálix, en unas declaraciones para la BBC.

Reformas electorales y constitucionales pendientes

Honduras no puede ir en 2022 a otro proceso electoral con las mismas reglas. La fragilidad del sistema ha desembocado en una espiral de manifestaciones violentas y de ahí la necesidad de pactar reformas electorales y eventuales cambios constitucionales subrayada por Juan Orlando Hernández en su discurso de investidura. El país centroamericano tiene pendiente despolitizar el sistema electoral comenzando por aprobar reformas que quedaron en el tintero del Legislativo anterior, como la ciudadanización de las Mesas Electorales Receptoras (conformadas hoy por representantes de los partidos políticos y alianzas), la regularización de la reelección presidencial y abrir el debate sobre una posible segunda vuelta en las elecciones presidenciales.

Estas reformas serán debatidas en el Congreso elegido en los comicios de noviembre, donde la nueva composición favorece a los conservadores de Juan Orlando Hernández: de un total de 128 diputados, el Partido Nacional se adjudica 61 escaños. El respaldo necesario para aprobar proyectos de ley lo obtendrá fácilmente de los seis escaños de partidos afines: Alianza Patriótica (4), Partido Demócrata Cristiano (1) y Unificación Democrática (1). Sin embargo, el presidente Hernández estará obligado a debatir con la oposición si quiere evitar que su legislatura sea etiquetada de ‘autoritarista’ o ‘dictadura’, adjetivos que ya han salido a la luz con motivo de la reciente elección del órgano directivo del Congreso, controlado en su integridad por el Partido Nacional y miembros de algunas de las seis formaciones políticas afines.

Limpiar la cara de las instituciones

Junto a las necesarias reformas electorales y constitucionales, Juan Orlando Hernández se enfrenta a la tarea de remontar una aguda crisis de confianza en las instituciones, desacreditadas por casos de clientelismo y corrupción. Pero los pocos pasos que ha dado hasta ahora el nuevo Congreso no han hecho más que alimentar la polémica. La reforma a la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República aprobada por la Cámara recientemente ha sido muy criticada por la Misión Anticorrupción de la Organización de Estados Americanos (Maccih), que la ha tachado de ‘Pacto de Impunidad’. La Maccih denuncia que esta modificación a la Ley “pretende frenar las investigaciones presentes y futuras de los altos funcionarios que se han apropiado de dinero público”. La reforma obligará a que las investigaciones sean trasladadas al Tribunal Superior de Cuentas, que ahora tiene un plazo de hasta tres años para concluir las pesquisas.

En la actualidad, la Maccih investiga a más de 60 diputados y exdiputados, incluyendo al presidente del Congreso, por malversación de caudales públicos. Según sostiene el titular de este organismo, Juan Jiménez Mayor, “el drenaje de recursos del Estado hacia Organizaciones No Gubernamentales para que terminen en los bolsillos de diputados ha sido una costumbre del Parlamento hondureño”. Días después de la aprobación de dicha reforma, los tribunales de justicia determinaron archivar los casos de cinco excongresistas acusados de corrupción y enviar toda la documentación al Tribunal Superior de Cuentas.

Juan Orlando Hernández emprendió durante su primer mandato una carrera por limpiar la imagen de la institución de seguridad, la Policía Nacional, con una comisión encargada de depurar agentes y mandos relacionados con prácticas corruptas y negocios con las maras (pandillas), que hasta ahora ha logrado identificar a 2.500 agentes implicados, la tercera parte de ellos de alto rango. Sin embargo, la prensa sigue levantando casos de corrupción en el seno del cuerpo de seguridad del Estado. El último, un informe confidencial publicado por Associated Press en el que se desvela que el recién nombrado jefe de la Policía Nacional, José David Aguilar Morán, facilitó en 2013 el libre tránsito de un cargamento de 780 kilos de cocaína.

Desempleo y coste de vida, principales escollos

JOH basó su campaña electoral en ensalzar los éxitos de su primer mandato bajo el eslogan “Lo bueno debe continuar”. En el discurso de investidura recordó los avances en materia económica, la reducción de homicidios y renovó su compromiso en ejes como el empleo, el desarrollo social, los derechos humanos, la educación y la salud. El período 2014-2018 se cierra en Honduras con cifras macroeconómicas estables: reducción del gasto de fondos públicos, control del índice de precios y aumento del acceso al crédito para los sectores productivos de bajos recursos. Todos los indicadores apuntan a que la economía podría crecer entre un 3,8 y un 4,1% en 2018.

Las cifras macroeconómicas no figuran sin embargo entre los principales problemas de la ciudadanía. Desde el exterior podría creerse que la mayor preocupación de los hondureños es la seguridad, en un país con uno de los mayores índices de criminalidad per cápita del planeta y con las maras infiltradas en los barrios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, capital económica del país. Sin embargo, un reciente estudio de opinión de CID Gallup Latinoamérica citado por la prensa local refleja que el desempleo y el coste de vida son las principales preocupaciones de los hondureños. Según un estudio regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la tasa de desocupación juvenil en América Latina es aproximadamente el triple que la de los adultos en la zona, con los porcentajes más altos de jóvenes desocupados en Guatemala (55%) y Honduras (53%).

El hasta hoy único presidente que repite en el Altar Q – Despacho Oval hondureño – inaugura este histórico segundo mandato con la promesa de alcanzar consensos en torno a las reformas que beneficien a toda la población. Pero antes deberá cerrar por la vía de la negociación una de las peores crisis políticas acaecidas en el país o entrar sin retorno en la inestabilidad. Como asegura Lester Ramírez, investigador de Transparencia Internacional en Honduras, “el país está en una situación muy frágil y es incierto lo que pasará mañana”. Juan Orlando Hernández pasa a la historia por ser el primer presidente en repetir cargo pero tiene cuatro años por delante para demostrar a los ciudadanos que apoyaron su candidatura si mereció la pena votar por que lo bueno deba continuar.