Activistas de Rebelión por la Extinción y Planeta Amazonas organizan una acción para concienciar a la entrada del Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica 2019 en París, Francia. (Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images)

He aquí los avances y retrocesos en los derechos de los pueblos indígenas en una América Latina que ha sufrido múltiples crisis en los últimos años. ¿Cuáles son las principales reclamaciones en la actualidad?¿Los nuevos gobiernos en Brasil, Colombia y Chile podrían traer nuevas oportunidades para estas comunidades?

No es fácil hacer un balance del impacto de los movimientos indígenas en América Latina en un período en el que la centralidad mediática ha sido ocupada por muchos otros temas. En los últimos años la pandemia de la Covid-19, la crisis económica, la polarización y el malestar ciudadano han abierto las páginas de los periódicos, relegando a menudo las demandas de las comunidades indígenas. Sin embargo, y a pesar de todo lo acontecido, las personas pertenecientes a los pueblos indígenas y sus movimientos han seguido interviniendo en política, resistiendo y luchando. Parafraseando (muy libremente) al escritor Augusto Monterroso, cuando despertamos de la pesadilla de la pandemia, los pueblos indígenas y sus reclamaciones todavía estaban allí.

Hace algo más de una década, en mayo de 2010, escribí un artículo en el que se pretendía hacer un balance del llamado Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (que se extendió desde 1995 hasta 2004) que declaró la Asamblea General de Naciones Unidas. En dicho texto se indagaban las razones que dieron visibilidad a las demandas de los pueblos indígenas y, sobre todo, analizaba el impacto político de sus movilizaciones en la región, poniendo un especial énfasis en la conquista de derechos; el control sobre determinados recursos y territorios; y el hecho de alcanzar cargos muy relevantes en algunas instituciones a través de competir electoralmente en formaciones indígenas de (entonces) nuevo cuño.  

Hoy, ya iniciado el 2023, es más complejo hacer un balance de los impactos de los pueblos indígenas en la política latinoamericana durante estos últimos años. Eso es así, en gran medida, por la menor visibilidad que han tenido dichos pueblos en las arenas políticas nacionales (con la excepción de Chile, que ya se mencionará) y por la centralidad que han conquistado otros temas, como el legado de la crisis sanitaria, la desaceleración económica, el incremento de la pobreza y la desigualdad y, sobre todo, por la irrupción fulgurante de figuras (y fuerzas) políticas con un discurso totalmente contrario a la diversidad, la inclusión y el multiculturalismo. La retórica elaborada por el ex presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en su mandato ha sido, sin duda, el paradigma de lo ahora señalado. 

En este sentido se puede indicar que a lo largo de la última década ha habido un cierre de las oportunidades políticas que se abrieron, para los movimientos indígenas, a finales del siglo XX. Sin embargo, este fenómeno no quita un elemento crucial para la continua presencia en la política —de una forma u otra— de dichos pueblos en la región, a saber, el hecho de que la mayoría de los recursos estratégicos del siglo XXI (agua, biodiversidad, gas, petróleo, minerales, tierras raras o bosques) estén ubicados en zonas en las que ellos habitan. Esta constatación hace prever que episodios tristemente célebres como los acontecidos hace años en Bagua (Perú), Awas Tingni (Nicaragua) o Ralco (Chile), se puedan multiplicar en el futuro y, con ellos, volver a poner en el centro del debate la situación y encaje de los pueblos indígenas en cada uno de los países latinoamericanos. El aprendizaje organizativo de las comunidades durante las últimas décadas y la consagración de derechos específicos como consecuencia de las reformas constitucionales y legislativas constituyen un factor decisivo para que ello suceda. 

Lo que sí ha cambiado respecto a hace unos lustros es que las luchas actuales de los pueblos indígenas se llevan a cabo con menos aliados (nacionales e internacionales), sin tanta consideración por parte de los gobiernos y, en general, sin tanto impacto mediático. Por ello la disminución de la visibilidad no es fruto de una menor intensidad de sus luchas, sino de la menguante atención que prestan aquellos que antes eran atentos observadores y de una mayor hostilidad de quienes en otro tiempo eran indiferentes o simplemente los ignoraban. Así, las luchas de los pueblos indígenas se han centrado más en los conflictos socio-ambientales que en la contienda partidista para conseguir cargos electos e incidir en la política nacional. 

Elisa Loncon, presidenta de la Convención Constituyente de Chile, sostiene una bandera mapuche durante una manifestación a favor del proyecto de constitución propuesto por la asamblea el 1 de septiembre de 2022 en Santiago de Chile. (Jonnathan Oyarzun/Getty Images)

La excepción a lo expuesto arriba, sin embargo, se dio en Chile donde en el proceso de elección de miembros de la asamblea constituyente se consiguió reservar 17 curules indígenas: siete mapuche, dos aymara y uno de cada uno de los otros pueblos indígenas, a saber, changos, rapa nui, atacameños, diaguitas, quechuas, colla, kawashkar y yaganes. Gracias a esta medida en el proceso constituyente que elaboró un texto constitucional (que terminó siendo rechazado en las urnas) se dio una gran visibilidad a determinadas demandas indígenas, como son el reconocimiento de dichos pueblos en el seno del país, la plurinacionalidad, el respeto y demarcación de territorios indígenas, la educación bilingüe y el respeto a la justicia consuetudinaria. Destaca, en este proceso, que la primera presidenta de la Convención fue Elisa Loncon, una mujer mapuche que, en la inauguración de la cámara expuso: “Estamos instalando aquí una manera de ser plural, una manera de ser democráticos, una manera de ser participativos. Por eso, esta Convención que hoy día me toca presidir transformará el Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, en un Chile que cuide la madre tierra, que limpie las aguas, contra toda dominación pu lamgen”. Con todo, y como es sabido, en el plebiscito celebrado el día 4 de septiembre de 2022 para aprobar o rechazar el texto constitucional se dio un veredicto negativo: el 61,86% de los sufragios fueron en contra. Con dicho resultado, el proyecto de carta magna que introducía elementos innovadores, con especial mención al carácter plurinacional de la sociedad chilena, al respeto a la ecología y a ciertos derechos sociales y económicos, fue rechazado. En este marco, el éxito que tuvo la campaña mediática en contra de dicho proyecto, que se centró sobre todo en tergiversar y descalificar las demandas indígenas, da cuenta del peso que tiene el pensamiento colonial en amplios sectores de la sociedad.

Pero más allá del episodio de la constituyente chilena, lo que ha generado mayor atención y alarma en relación a los pueblos indígenas han sido los conflictos socio-ambientales. Eso es así porque tanto los macro-proyectos extractivos como la penetración de la minería ilegal en territorios indígenas ha conllevado unos impactos sociales, ambientales y de salud que han supuesto olas de desplazamiento forzados de múltiples comunidades. 

En este contexto la conflictividad indígena ha derivado en un nuevo ciclo de activismo más localizado, que puede comprenderse a la luz de las teorías de la “privación relativa”, que se refieren a la distancia que existe entre expectativas que se creen legítimas (y que se proclamaron hace unas décadas) y una realidad que conlleva expolio y expulsión. La privación relativa se vincula a lo que el primer Relator Especial de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, definió como la “brecha de implementación” de los derechos de los pueblos indígenas. Sobre esta cuestión Stavenhagen expuso que “a pesar de los avances en legislación y convenios internacionales, el retroceso en la práctica se debe a la fuerte ofensiva de las grandes empresas de hidrocarburos, agroindustriales y sobre todo extractivas, que tienen por objeto (explotar) recursos que hay en zonas indígenas (…), situación que aumenta los conflictos entre los pueblos indígenas y los Estados, quienes, independientemente de su color político, en muchas ocasiones son juez y parte en las concesiones extractivas y no actúan como garantes de los derechos de los pueblos indígenas”.

En la misma línea, según el informe de la CEPAL, los conflictos relacionados con la tierra y los territorios en comunidades indígenas son consecuencia de los siguientes problemas: un inadecuado o inexistente resguardo jurídico de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, aguas, recursos naturales, biodiversidad y territorio; la afectación de lugares sagrados; una deficiente o inexistente evaluación independiente del impacto ambiental, social, económico y territorial de proyectos extractivos; el incumplimiento del deber estatal de consulta y medidas para proteger derechos de los pueblos indígenas antes de concesionar o autorizar la ejecución de proyectos; la exclusión en la participación en los beneficios; y la criminalización de la protesta social indígena cuando se opone a o denuncia proyectos que afectan a sus derechos y territorios. Sin duda uno de estos problemas, o la superposición de varios, es lo que ha desencadenado múltiples estallidos de protesta en toda la región. Uno de los ejemplos más visibles de lo expuesto fue el paro nacional de 18 días en Ecuador, liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (FENOCIN), y a la que se sumaron otros colectivos, y en el que se presionó al Gobierno para que retirara políticas de carácter muy regresivo para la mayoría de los ecuatorianos y para que respetaran derechos sobre territorios y recursos de los pueblos indígenas. El desenlace que puso fin a la movilización fue la firma del Acta por la Paz el 30 de junio de 2022, en el que el Ejecutivo manifestó la retirada de algunas de sus políticas económicas más contestadas y prometió hacer una moratoria a la ampliación de la frontera extractiva y petrolera, y respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas de educación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada; organización y autodeterminación de pueblos. 

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, se encuentra en un escenario en el pabellón brasileño con mujeres indígenas de la Amazonía en la cumbre climática de la ONU COP27 (Christophe Gateau/picture alliance via Getty Images)

Episodios semejantes al ecuatoriano, pero sin una capacidad de presión equivalente por parte de las comunidades indígenas, también se han vivido en Paraguay, México, Guatemala, Colombia, Perú, Venezuela o Brasil, siendo el caso brasileño el más crítico. La deforestación rápida y a gran escala de la Amazonía impulsada por la administración de Bolsonaro supuso privilegiar una agenda política que respondía a los intereses de empresas y terratenientes frente a los derechos de los pueblos indígenas constitucionalmente reconocidos. Como señala IGWIA, “en nombre del desarrollo nacional, la administración bolsonarista atentó contra los procesos y las instituciones encargadas de la demarcación de tierras indígenas, liberando el acceso a territorios protegidos para su explotación económica”, y en esta lógica se toleraron agresiones contra pueblos indígenas, tal como aconteció con el pueblo Guaraní-Kaiowá al reclamar su territorio tradicional en la región del Mato Grosso do Sul. Está por ver si con la llegada de la tercera administración de Lula puede hacer cumplir la promesa que realizó en su primer discurso como presidente electo, en el que prometió una política de “desforestación cero” en la Amazonía y respeto a las causas de los pueblos originarios. En una dirección similar se expresó el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien, al igual que Lula, tomó posesión con promesas para los pueblos indígenas de su país y con el apoyo (crítico) de la mayor parte de líderes y organizaciones indígenas. 

A la luz de lo expuesto en este texto, es difícil hacer un balance optimista de lo acontecido a lo largo del último año respecto al avance de los derechos de los pueblos indígenas. Las múltiples crisis experimentadas en el último lustro y la expansión de las industrias extractivas han tenido un impacto nocivo para la mayoría de las personas pertenecientes a estas comunidades, sin embargo la combinación de nuevos reclamos localizados y la aparición de gobiernos con mayor sensibilidad —como los de Lula, Petro o Boric— pueden suponer un avance en la concreción de sus derechos.