Estados Unidos y Canadá demuestran hoy que existen formas diferentes de entender la multiculturalidad, pero ¿ha sido siempre así? La experiencia de ambos países con las poblaciones indígenas dentro de su territorio ofrece una visión histórica de cómo la gestión de la diversidad ha marcado el desarrollo de Norteamérica. Y de cómo continúa haciéndolo.
Ya no se llevan las películas de indios y vaqueros. Lejos quedaron aquellos filmes en los que John Wayne o Clint Eastwood daban una lección a los malvados pieles rojas. Hoy en día, todos hemos interiorizado que los derechos humanos, la tolerancia y el respeto deben primar a la hora de relacionarse con otras culturas y etnias. ¿Todos? ¡No! Actualmente, Estados Unidos y Canadá encarnan dos modelos diferentes de entender la diversidad, pero ¿es esto una respuesta al multiculturalismo derivado de la globalización o tiene raíces más profundas? La respuesta es una nueva trilogía.
Parte I: la colonización
A raíz de la colonización de Norteamérica, la relación entre Canadá y sus poblaciones nativas era de relativa interdependencia. Los colonos necesitaban las tierras indígenas para su agricultura, pero los nativos canadienses recibían a cambio reservas reconocidas en ciertos territorios, derechos de caza y pesca, beneficios económicos y el compromiso de mantener abiertas escuelas en reservas indígenas. En 1876, Canadá aprobó la Ley India que regulaba qué tribus y grupos se reconocían como indios y cuál debía ser la relación entre éstas y el Gobierno. Esta ley se desarrolló como respuesta a los numerosos tratados que las diferentes provincias habían ido estableciendo con las distintas tribus indígenas y fijó, por primera vez, una política común a nivel federal para lidiar con los nativos y sus reservas. La Ley fue, por tanto, aprobada de forma unilateral por el Gobierno canadiense sin contar con las tribus indígenas, como sí hacían los tratados, provocando así el rechazo de numerosas comunidades nativas. Además, los métis o inuits no eran considerados nativos americanos bajo esta Ley, al no pertenecer a ninguna de las tribus con las que se firmaron los primeros tratados de cesión y adquisición de tierras y, por tanto, no disfrutaban de las mismas condiciones y derechos respecto a reservas que sí tenían las comunidades reconocidas por el marco legal.
Más al sur, las relaciones entre colonos y nativos se desarrolló de forma similar. En Estados Unidos también existía un reconocimiento de la soberanía de las tribus indígenas recogido incluso en la Constitución. Esto llevó a la firma de varios tratados de cesión de tierras y derechos de explotación de recursos. Sin embargo, y pese al reconocimiento formal de la soberanía de las tribus indígenas, en 1871 el Congreso decidió regular los asuntos indígenas a través de leyes parlamentarias u órdenes ejecutivas, mucho más ordinarias dentro del sistema legal estadounidense. Así, las tribus nativas comenzaron a convivir en dos modelos: uno en el que las tribus indígenas vivían en reservas, con su propia autoridad tribal; y otro, el que comenzó a partir de 1871, en el que las tribus comienzan a habitar también en tierras de fideicomiso cedidas por el Gobierno. Es decir, a medida que Canadá y Estados Unidos consolidaban su formación y adherían territorios bajo su jurisdicción, la relación entre las tribus indígenas y los gobiernos de ambos países fue volviéndose cada vez más asimétrica.
Parte II: la era oscura
En definitiva, ya no había diligencias ni salones, pero la convivencia entre las poblaciones indígenas de Canadá y Estados Unidos y sus respectivos gobiernos no ha estado exenta de tensiones territoriales. Por ejemplo, la Ley India canadiense de 1876 marcó el inicio de un período oscuro en la historia del país que sólo comenzaría a conocer su ocaso a partir de 1970. En 1884, una enmienda a esa Ley obligaba a que los niños indígenas fueran internados en escuelas de día, internados o escuelas industriales. Dado que muchas tribus vivían en lugares remotos, esto suponía que muchas comunidades debían enviar a sus niños a otras áreas lejanas de Canadá, limitando así el contacto con sus raíces aborígenes. Así, alrededor de 150.000 niños indígenas fueron separados de sus familias para ser educados en la cultura canadiense, dejando atrás sus tradiciones, en lo que se conoce como escuelas residenciales. Estos niños, a su vez, sufrían serias agresiones físicas y sexuales por discriminación debido a su origen y se estima que unos 6.000 –alrededor del 4% de ellos- murieron a causa de estos abusos.
En Estados Unidos también se establecieron internados para educar a los niños indígenas y avanzar en su asimilación cultural. El Teniente Richard Henry Pratt fue el primero en establecer uno de estos colegios en 1879, tras haber visto cómo la educación en cárceles a presos nativos americanos había conseguido una forma de alienación cultural en los mismos. Así, decidió comenzar un modelo de educación de niños indígenas fuera de las reservas, acuñando la frase “matar al indio, salvar al hombre” que se convirtió en el lema de este modelo educativo. Pese a que el sistema de internados fue más extendido en Estados Unidos -con más de 500 centros- que en Canadá -donde sólo existían alrededor de 130- no existen datos fiables de los abusos que en ellos se produjeron. Sin embargo, los profesionales sanitarios afirman que los adultos que fueron parte de ese sistema educativo presentan ahora importantes secuelas psicológicas.
Canadá. (Carlo Allegri/AFP/Getty Images)
Parte III: la justicia desaparecida
En 2008, el Gobierno del conservador Stephen Harper pidió perdón por los abusos y violaciones de derechos que había cometido Canadá con sus poblaciones aborígenes y estableció la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, con el objetivo de investigar, esclarecer y resarcir a las familias de las víctimas por esos abusos sufridos en el pasado. Incluso el propio nombre de la comisión levantó ampollas en las poblaciones de las Naciones Originarias (reconocimiento oficial que hoy se da en Canadá a los nativos americanos), puesto que la palabra reconciliación implica el restablecimiento de una relación que un día fue cordial, algo que éstas niegan. Fue esta comisión la que proporcionó las cifras devastadoras sobre los abusos en las escuelas residenciales. Esta concluyó en 2015 con una serie de recomendaciones para el Ejecutivo. El actual primer ministro, Justin Trudeau, afirmó durante la campaña electoral de 2015 que trabajaría para poner en marcha estas recomendaciones y en 2016 anunció la creación de un comité nacional con la participación de las Naciones Originarias, los Inuit y los Métis para supervisar el proceso y evaluar el progreso de las medidas. Pese a estos avances, no son pocos los que critican que Trudeau no ha cumplido su promesa de reconciliación y justicia con los aborígenes.
Uno de los problemas aborígenes a los que se debe enfrentar Trudeau es la brutal violencia de género contra las mujeres indígenas. Un estudio realizado en 2014 por la Policía Montada concluyó que, entre 1980 y 2012 al menos 1.017 mujeres aborígenes habían sido asesinadas y otras 108 habían desaparecido en misteriosas circunstancias. Ante estas cifras, la Montada decidió realizar otro estudio en 2015, en el que se recogía que las mujeres indígenas suponían el 16% de las víctimas de homicidio del país, mientras que representan solamente el 4,3% de la población. Estas tienen tres o, incluso, cuatro veces más posibilidades de ser asesinadas o de desaparecer que las mujeres canadienses no aborígenes. El ministro de Asuntos Indígenas del Gobierno de Harper declaró en 2015 que el 70% de estos asesinatos eran cometidos por hombres indígenas y que, por tanto, no existía una discriminación étnica sino de género dentro de las tribus de las Naciones Originarias. Estas pronto reaccionaron afirmando que no existían datos respecto a la etnicidad de los agresores, abriendo una nueva brecha entre las Naciones Originarias y el Ejecutivo. En 2016, las poblaciones indígenas se organizaron para concienciar a la población canadiense sobre este problema, ya que consideran que la Policía Montada y los gobiernos provinciales y federal no toman las acciones necesarias para investigar estos crímenes debido a la supuesta discriminación étnica. Bajo el lema ‘justicia desaparecida’, las tribus realizaron una campaña de movilización, elevando la cifra de mujeres asesinadas o desaparecidas hasta 4.000. La campaña tuvo éxito y el Gobierno federal puso en marcha una investigación para atajar este drama social, aunque los colectivos indígenas critican que no se esté contando con las familias de las mujeres afectadas a la hora de llevar a cabo esta investigación.
En Estados Unidos, las tribus aborígenes no tienen un papel tan destacado y reconocido como lo tienen las Naciones Originarias canadienses, y el Gobierno no se ha mostrado dispuesto a mantener un diálogo profundo y sostenido en el tiempo con ellas pese a su reconocimiento como naciones soberanas bajo la Constitución estadounidense. La Casa Blanca se ha limitado a dotar a las tribus de autonomía y de permitir su desarrollo económico en sus reservas, dando lugar a los conocidos casinos de nativos americanos. Estos casinos han ayudado significativamente a proporcionar un sustento económico a una población que sufre una significativa discriminación laboral. Según un estudio sobre el impacto económico y social de los casinos, los jóvenes indígenas han vuelto a las reservas, la población se ha incrementado en torno a un 11% y el empleo ha crecido hasta un 26% en algunos condados. Sin embargo, el mismo estudio apunta a que esto también ha provocado un incremento de la criminalidad y un efecto negativo en la estabilidad económica de los hogares de los condados, trazando una línea clara con la inclinación al juego.
Pese a las posibles consecuencias beneficiosas de los casinos, la situación de las poblaciones nativas americanas en el país es precaria. Según el Departamento del Censo de Estados Unidos, la tasa de pobreza entre los nativos americanos duplica la media nacional, mientras que la tasa de suicidio de los jóvenes indígenas entre 15 y 34 años es 1,5 veces mayor que la de la población general. De hecho, el suicidio es la segunda causa de muerte de los jóvenes indígenas entre 10 y 34 años. Además, las jóvenes nativas americanas tienen 2,5 veces más posibilidades de ser agredidas sexualmente que la media de las mujeres estadounidenses y, según declaran, más del 90% afirman que esa violencia proviene de individuos fuera de su tribu. Una proporción similar presentan los niños indígenas que sufren abusos frente a la media nacional. Según los informes del Fondo para los Derechos de los Nativos Americanos, estas cifras son una consecuencia directa de la discriminación que sufren los indígenas en Estados Unidos.
En 2010 el Informador Especial de Naciones Unidas para los Derechos de los Aborígenes corroboró la violación sistemática de derechos que se produce en Estados Unidos. El informe del alto funcionario señalaba la inexistencia de mecanismos efectivos para fomentar la participación de las tribus indígenas en los procesos de decisión dentro de la Administración estatal. Las conclusiones apuntan, por ejemplo, a la necesidad de tomar en consideración el impacto económico y humano que los esfuerzos de conservación medioambiental o los macro-proyectos de inversión pueden tener en las reservas. En 2017, la nueva Informadora afirmó que EE UU estaba dando pasos en la dirección correcta, pero reconoció que muchas de las recomendaciones hechas en 2010 siguen sin ponerse en práctica. Además, señaló que los recortes presupuestarios del Gobierno de Trump pueden poner aún más en jaque el bienestar de los nativos americanos.
En definitiva, tanto Canadá como Estados Unidos han tenido que gestionar la diversidad dentro de su propio territorio desde su misma fundación. Durante gran parte de los últimos 200 años, ambos países siguieron un modelo similar en el que el poder del Gobierno se hacía cada vez más fuerte frente a las tribus indígenas. Hoy día, la sociedad y el Ejecutivo canadienses parecen más dispuestos a mirar atrás y trabajar por la convivencia pacífica con las Naciones Originarias, los Inuit y los Métis. Por otra parte, en Estados Unidos es la sociedad civil la que sigue llevando la voz cantante en la lucha por garantizar los derechos humanos básicos de los nativos americanos. Por tanto, ya no se llevan las películas de indios y vaqueros, pero tenemos sobre la mesa las tres partes de un inquietante thriller.
