Los ODS no incumben únicamente a gobiernos y organizaciones. Para conseguir una sociedad inclusiva, es necesario que todo el mundo se sienta aludido y se implique. La ciudadanía en su conjunto debe dar contenido a los ODS. Sólo así será posible consolidar sistemas auténticamente democráticos en los que exista verdadera transparencia, participación y rendición de cuentas por parte de los gobiernos, empresas e instituciones.

El reto está en generar canales fiables para asegurar la participación ciudadana real y reforzar el interés por aportar de forma valiosa y continuada. Una participación que, como subraya la Agenda 2030, no puede dejar a nadie atrás por cuestiones territoriales, origen social, idioma, sexo, etnia, religión o excluir a las personas con discapacidad. Queda en manos de cada sociedad poner más atención a elementos identitarios no tan subrayados en la Agenda, como la orientación sexual o el estatus migratorio. Disponer de foros inclusivos e independientes, alimentados por información veraz, permitirá que la sociedad civil pueda expresarse con todos sus matices.

A través de campañas de sensibilización, los ODS están comenzando a ser un concepto más cercano. En encuestas recientes recogidas por la SEGIB, el logro de una educación de calidad (ODS 4), la reducción de las desigualdades (ODS 10), el fin de la pobreza (ODS 1), la promoción del trabajo decente y el crecimiento económico (ODS 8), y el logro de la paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16), aparecen como los cinco objetivos considerados más relevantes para avanzar. Queda reflejada la valoración positiva de los Objetivos, pero un escaso conocimiento de los indicadores concretos.

Los ODS se basan en consensos sociales, académicos y científicos que permiten establecer una guía, pero concretar soluciones aún es tarea pendiente. Desde contribuir a los sistemas de recogida de datos para detectar los problemas a fortalecer el análisis de la información, pasando por la revisión de los procesos para garantizar su efectividad y transparencia, la sociedad en su conjunto debe aportar a la consecución del mundo que plantea la Agenda 2030. Una participación que tiene que ir más allá de las consultas y que tiene que acercar a la ciudadanía al plano en el que se toman decisiones.