La Unión Europea aprobó en 2012 un mecanismo para que los ciudadanos pudieran ejercer la democracia directa y promover directivas comunitarias: la Iniciativa Ciudadana Europea. Sin embargo, tres años después de su entrada en vigor no se han cumplido las elevadas expectativas que había generado entre el ciudadano de a pie.
Apenas tres de las 31 iniciativas han llegado a buen puerto y de ellas, de momento sólo una, sobre la gestión pública del agua, ha logrado que la Comisión Europea haya comenzado a mover su maquinaria burocrática legal para que su contenido pueda materializarse en algún tipo de norma europea en el futuro. La UE admite la necesidad de reformar esta herramienta pero el tiempo juega en su contra: este año sólo se ha presentado una petición de iniciativa frente a las 16 de 2012, una prueba de cómo están desinflándose las expectativas iniciales que había suscitado esta medida con la que Bruselas pretendía acercar la UE a los ciudadanos y que éstos no sigan viéndola como un enorme aparato burocrático y lejano.
El Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, introdujo en la UE una herramienta inédita para ejercer la democracia directa: la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE). Según el texto legal comunitario, esta medida concede a los europeos de a pie una competencia que prácticamente es exclusiva de la Comisión Europea: la de proponer directivas para la Unión. El 1 de abril de 2012 entró en vigor la medida y la expectación fue tal que el 9 de mayo de ese año se registró la primera ICE, Fraternidad 2020, que reclamaba el refuerzo de programas europeos como el Erasmus o el Servicio Voluntario Europeo, para reforzar la solidaridad entre Estados de la UE. El fracaso de esta primera ICE, que apenas logró 80.000 del millón de firmas requeridas, hizo presagiar entonces lo que sucedería en el futuro: a tres años de la entrada en vigor de este mecanismo, sólo tres ICE de 31 iniciadas han logrado superar los duros requisitos (entre ellos, el de recabar un millón de firmas en un año) y ser recibidas por la Comisión Europea. Y, de momento, la UE no ha desarrollado ni una norma a consecuencia de una de estas propuestas ciudadanas.
Según un balance realizado por la Unión, en estos tres años se han solicitado 51 iniciativas ciudadanas, de las que, de entrada, sólo han sido aceptadas 31 puesto que 20 de ellas no pertenecían al ámbito competencial de la Comisión, uno de los requisitos impuestos por la normativa europea.
El resto de requisitos es que en el plazo de un año la ECI debe alcanzar un millón de firmas de apoyo y un mínimo de firmas establecido previamente por la Comisión en al menos siete países de los 28 que componen la UE.
Esto ha hecho que de las 31 que han iniciado su andadura sólo tres hayan llegado hasta el final, 18 de ellas no lograron las firmas en el plazo establecido y 10 fueron retiradas por sus organizadores. En estos momentos, hay tres que aún se encuentran en período de recogida de firmas.
De las tres recibidas por la Comisión hasta el momento por haber cumplido con los requisitos, una, Oneforus, que pedía prohibir el uso de embriones humanos para investigación biomédica, fue rechazada por la UE al entender que este campo ya estaba bien regulado por los Estados; otra, Stop Vivisection, que reclama prohibir el uso de animales en la investigación científica, no ha sido respondida aún por la Comisión; y sólo una, Right2Water, que pide regular el agua como bien público en la Unión y evitar así la privatización de su gestión, inició hace un año su trámite legal dentro de la Comisión. Pero aparte de esto, poco más se sabe de ella.
Sus organizadores aseguran que “aunque la UE dio curso a la iniciativa el 17 de febrero de 2014, en el último año no se ha hecho nada, apenas dos consultas públicas sobre este asunto realizadas en 2014 y diversos encuentros con el sector, pero nada más, no se ha materializado nada”, según explican fuentes de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos, los promotores de la iniciativa, que, por este motivo, hicieron una manifestación frente a la sede del Parlamento Europeo de Bruselas el 23 de marzo, una protesta que no generó ninguna reacción en la Comisión.
Según fuentes de este ente europeo, la Comisión “se encuentra aún revisando su normativa sobre agua potable, que es uno de los puntos centrales de la iniciativa ciudadana”. Junto a esto, añaden las fuentes, “se están analizando los resultados de las consultas públicas realizadas el año pasado sobre acceso y calidad del agua y se trabaja también en la mejorade la transparencia y la calidad de los datos sobre el agua potable en la UE”.
Sin duda, objetivos muy lejanos de los pretendidos por la iniciativa, que reclama“garantizar la gestión pública del agua en los 28 Estados miembros y frenar la liberación que está sufriendo este sector en Europa por parte sobre todo de multinacionales francesas”, según explica Pedro Arrojo, profesor de Economía de la Universidad de Zaragoza y portavoz en España de Right2Water.
Otro de los varapalos para extender la confianza social de estas Iniciativas Ciudadanas Europeas ha sido la no admisión por parte de la Comisión de la ICE promovida para frenar las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio que la UE negocia con Estados Unidos (el TTIP, en sus siglas en inglés).
A pesar de que esta iniciativa alcanzó el año pasado casi 1,7 millones de firmas y todos los requisitos para lograr ser recibida por la Comisión, ésta finalmente la rechazó por dos motivos: “La UE adujo, por un lado, que las negociaciones sobre este tratado son un acto preparatorio sin efectos directos en los ciudadanos; por otra parte, porque, según argumentaron, no era posible reclamar una acción en contra de una medida, sólo se puede pedir una acción propositiva, en positivo. Es decir, se puede pedir que haya una ley o una normativa pero no que se bloquee una normativa”, explica Michael Efler, portavoz de esta ICE.
Tras esta negativa, los promotores de esta ICE contra el TTIP mantienen interpuesto un recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia, que aún no se ha pronunciado.
Las dificultades reales de que una ICE llegue a ser tramitada por la Comisión Europea han hecho que el ánimo con que fueron recibidas al principio se haya desinflado por completo.
Si el primer año de entrada en vigor de la normativa que permite las ICE fueron presentadas 16 iniciativas ciudadanas, en 2013 lo hicieron nueve, cinco en 2014 y apenas una este año.
Por países, además, también han tenido un calado muy diferente. A lo largo de estos tres años, la mayoría de las propuestas han partido de comités formados, sobre todo, por franceses, seguidos de alemanes, británicos, italianos y españoles. El resto de nacionalidades está muy lejos en el ránking.
En cuanto a las firmas recibidas por todas las iniciativas ciudadanas presentadas, entre las 31 aceptadas por la Comisión han recibido un total de seis millones de firmas. Una cifra muy baja teniendo en cuenta los 500 millones de ciudadanos que hay entre los 28 Estados miembros.
Sobre el balance de estos primeros tres años de las Iniciativas Ciudadanas Europeas, el vicepresidente de la UE Frans Timmermans ha señalado que “se trata de uno de los pilares para reforzar la confianza en las instituciones europeas para promover la participación activa de los ciudadanos de la UE en el proceso de toma de decisión europeo”.
Pero, pese a este tono triunfal, Timmermans admite que la Unión “debe buscar vías innovadoras para animar más a los ciudadanos y para el uso más efectivo de esta herramienta. Es un instrumento muy importante y debemos asegurar que esté a la altura de su completo potencial”.
Entre los elementos a cambiar se encuentra el mecanismo propio para firmar las iniciativas. El 55% de las firmas hasta ahora se han presentado online, a pesar de que el mecanismo es muy complejo, tedioso y confuso, por lo que desanima a los propios participantes, los ciudadanos.
La normativa europea sobre las ICE establece que cada tres años desde su puesta en marcha se haga un balance y una revisión para mejorar su funcionamiento. El primero de esos balances, el realizado este año, demuestra que o se reforma el mecanismo y se hace creíble, útil y efectivo, o se corre el riesgo de que acabe siendo una de esos instrumentos muy prometedores sobre el papel pero sin una relevancia social cierta cuando se trata de aplicarlos a la realidad.
