La Unión Europea aprobó en 2012 un mecanismo para que los ciudadanos pudieran ejercer la democracia directa y promover directivas comunitarias: la Iniciativa Ciudadana Europea. Sin embargo, tres años después de su entrada en vigor no se han cumplido las elevadas expectativas que había generado entre el ciudadano de a pie.
Apenas tres de las 31 iniciativas han llegado a buen puerto y de ellas, de momento sólo una, sobre la gestión pública del agua, ha logrado que la Comisión Europea haya comenzado a mover su maquinaria burocrática legal para que su contenido pueda materializarse en algún tipo de norma europea en el futuro. La UE admite la necesidad de reformar esta herramienta pero el tiempo juega en su contra: este año sólo se ha presentado una petición de iniciativa frente a las 16 de 2012, una prueba de cómo están desinflándose las expectativas iniciales que había suscitado esta medida con la que Bruselas pretendía acercar la UE a los ciudadanos y que éstos no sigan viéndola como un enorme aparato burocrático y lejano.
El Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, introdujo en la UE una herramienta inédita para ejercer la democracia directa: la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE). Según el texto legal comunitario, esta medida concede a los europeos de a pie una competencia que prácticamente es exclusiva de la Comisión Europea: la de proponer directivas para la Unión. El 1 de abril de 2012 entró en vigor la medida y la expectación fue tal que el 9 de mayo de ese año se registró la primera ICE, Fraternidad 2020, que reclamaba el refuerzo de programas europeos como el Erasmus o el Servicio Voluntario Europeo, para reforzar la solidaridad entre Estados de la UE. El fracaso de esta primera ICE, que apenas ...
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