El país se encuentra en la situación más delicada desde que comenzaron las revueltas en 2011. Si las partes implicadas no llegan a un consenso habrá un conflicto en el que no ganará ningún grupo y Yemen saldrá derrotado.
La complicada transición de Yemen se encuentra en la encrucijada más peligrosa que ha atravesado desde 2011. Los hutíes, un movimiento chií zaidí también conocido con el nombre de Ansar Allah, están movilizándose en la capital y organizando manifestaciones para reclamar la destitución del Gobierno y la reanudación de los subsidios al combustible que se eliminaron en julio. Pero lo más preocupante es que sus partidarios tribales -muchos de los cuales están vinculados al ex presidente Alí Abdulá Saleh, derrocado en las revueltas de 2011- están levantando campamentos de protesta en las afueras de la ciudad, con la amenaza implícita de un asedio o una invasión militar. La situación es tensa y existe una auténtica posibilidad de violencia. Para superar la situación será necesario volver a los principios básicos acordados en la Conferencia de Diálogo Nacional (CDN) que concluyó en enero de 2014: rechazar la exclusión política y resolver las diferencias mediante la negociación política.
Durante más de un año, los hutíes lucharon contra varios enemigos en el extremo norte del país y ampliaron su control territorial al mismo tiempo que debatían el futuro del mismo en la CDN. Muchos yemeníes, entre ellos los miembros del partido de Saleh, el Congreso General del Pueblo (CGP), y los seguidores del presidente Abdo Robo Mansur Hadí, aplaudieron discretamente al ver cómo los hutíes combatían y debilitaban a una coalición informal de enemigos comunes: el clan al Ahmar, los salafistas y varias filiales tribales y militares del partido islamista suní, Islah. Sin embargo, cuando los hutíes capturaron la ciudad de Amran, a 50 kilómetros al norte de Saná, se apoderaron de una base militar y mataron a su comandante, la dinámica política cambió. Aumentó la inquietud nacional e internacional por la posibilidad de que los hutíes –cuyas aportaciones positivas a la CDN les habían granjeado el respeto de muchos sectores-, en realidad, no estuvieran tan entregados a la causa del cambio pacífico y la pluralidad, tal como habían denunciado siempre sus detractores.
El debate sobre las verdaderas intenciones de los hutíes se intensificó a finales de julio, después de que el Gobierno de consenso, repartido entre el CGP y el antiguo bloque de oposición –incluido Islah-, eliminara los subsidios al combustible. Con la amenaza de la bancarrota, el Estado no podía hacer otra cosa, pero la forma de acabar con las subvenciones, de pronto y sin una campaña de información pública ni una estrategia general y transparente de reformas económicas, fue un desastre político. Los hutíes aprovecharon la situación de inmediato y movilizaron a ciudadanos de todas las tendencias políticas. Hubo protestas para exigir que se restablecieran los subsidios, se destituyera al Ejecutivo y se pusieran en práctica las recomendaciones de la CDN, como la lucha contra la corrupción y la inclusión de otros grupos y partidos en el Gabinete.
Las exigencias hutíes tienen amplio eco y, si fueran objeto de consenso, podrían reforzar el apoyo popular a la tambaleante transición del país. Esta es una oportunidad para forjar un acuerdo que deje claro el reparto de poder y el calendario de aplicación de las conclusiones de la CDN. En junio de 2014, la organización International Crisis Group advirtió de que esa falta de acuerdo es una amenaza para la transición y una causa de conflicto. Ahora bien, la movilización continua de los hutíes en torno a la capital es peligrosa y contraproducente, porque puede desembocar en violencia si el Gobierno rechaza sus demandas.
Aunque las ambiciones hutíes son confusas y cambiantes, las protestas forman parte de un proceso de negociación con el que el movimiento aspira a hacerse dominante en el norte y más poderoso en la esfera nacional. Mientras sus dirigentes plantean reivindicaciones al Gobierno central de Saná, sus milicias luchan contra tribus y unidades militares afiliadas a Islah en la provincia de Jawf, en lo que se considera un intento de presentar una situación, de hecho, que obligue a renegociar la estructura federal de seis provincias propuesta por la CDN.
Las protestas han colocado al presidente Hadí en una situación difícil. Al principio le dieron una oportunidad para hacer cambios en su ineficaz Gobierno y reforzar su posición frente a los centros de poder de Saleh e Islah. Pero, cuando vaciló y fracasaron los primeros intentos de negociación, las dos partes intensificaron sus campañas. Los hutíes levantaron campamentos frente a las sedes de los ministerios y alrededor de Saná, y el presidente dio su apoyo a una “Alianza Nacional” para organizar contramanifestaciones.
El 2 de septiembre, Hadí anunció un acuerdo que respondía, en parte, a las demandas de los hutíes. Proponía, entre otras cosas, nombrar un Gobierno más integrador y bajar los precios del petróleo aproximadamente un 30%, una medida que se aplicó al día siguiente. La iniciativa no era perfecta, ni mucho menos: se presentó a los hutíes como un hecho consumado y concedía al presidente poderes extraordinarios para nombrar al primer ministro y a los titulares de Defensa, Interior, Finanzas y Exteriores con escasa aportación o supervisión ajena. El CGP e Islah firmaron el acuerdo, pero algunos de sus miembros han expresado sus reservas. Los representantes hutíes rechazaron la oferta, dijeron que la reducción del precio del combustible era insuficiente, exigieron una reforma económica más amplia y criticaron el nuevo método de formar gobierno. El grupo ha incrementado sus actividades de protesta en la capital, al parecer con la idea de que la agitación dará fruto. El 7 de septiembre, en un peligroso indicio de lo que podría ser el futuro, las fuerzas gubernamentales hirieron a decenas de personas y mataron por lo menos a dos al intentar impedir que los manifestantes levantaran tiendas y obstruyeran una importante carretera al aeropuerto de Saná.
La iniciativa del presidente, con enmiendas, podría y debería servir de base para un acuerdo de consenso. La alternativa es un conflicto tan grave, al menos, como el de 2011, cuando se enfrentaron en la capital dos partes del Ejército, una que apoyaba a Saleh y la otra, a los rebeldes. La situación actual es más peligrosa, porque el panorama político nacional está muy fragmentado y es multipolar. Ninguna de las grandes fuerzas políticas –los hutíes, el CGP de Saleh, Islah, Hadí- pueden controlar sin ayuda la capital, y tampoco está claro que pudieran contener a sus seguidores si estalla la violencia. Además, una conflagración en Saná provocaría casi con seguridad un intento caótico de obtener la independencia en el sur, que está desgarrado por las luchas políticas y las actividades de Al Qaeda. Desde el punto de vista regional, el paisaje también ha cambiado y se ha polarizado en función de las distintas facciones, y la extensión de la violencia podría acentuar esas divisiones en todo Yemen.
Es necesario que el enviado especial de la ONU, Jamal Benomar, siga mediando para alcanzar un acuerdo, pero la responsabilidad fundamental es de los yemeníes, que deben actuar en función de los intereses nacionales. Ya se han acordado muchos principios: formar un nuevo Gobierno más integrador, con ministros a los que contribuirán a designar los hutíes, aclarar las competencias de la Autoridad Nacional a la hora de llevar a la práctica los acuerdos de la CDN y concretar un calendario de aplicación para las conclusiones de la CDN, entre otras cosas. Lo más urgente es lograr un consenso sobre los subsidios al combustible y ofrecer garantías de una reforma económica más amplia. Hay que firmar un pacto que permita enfriar la situación e iniciar las negociaciones sobre los detalles de ese calendario de aplicación. De no ser así, las tensiones crecientes podrían desbaratar los avances hechos hasta ahora en las negociaciones e incluso destruir el incipiente acuerdo político logrado en la CDN.
Por su parte, el presidente Hadí debe agilizar las negociaciones, en las que hasta ahora ha habido demasiados intermediarios y pocas decisiones. Además, tiene que tomar medidas para asegurar que los servicios de seguridad del Estado no hagan provocaciones innecesarias en una situación ya volátil. Los hutíes también deben hacer algo. Sus críticos les acusan de tener intenciones siniestras, desde establecer una teocracia de estilo iraní hasta construir un Estado dentro del Estado a la manera de Hezbolá. Han de demostrar que no es cierto, para lo que tienen que aceptar sin reparos la propuesta del presidente, recomendar modificaciones claras en los puntos con los que no estén de acuerdo y estar dispuestos a aceptar una solución que no dé respuesta a todas sus demandas. Si no, habrá un conflicto en el que no ganará ningún grupo y Yemen saldrá derrotado.
