La agenda en política exterior del Estado español sitúa en primera línea el Sahel. ¿Cuáles son los retos y las amenazas a las que se enfrenta?
España dejó de mirar de reojo al Sahel hace algo más de una década. Cuando las mafias de tráfico de personas comenzaron a explorar en 2005 las rutas migratorias desde Mauritania y Senegal con dirección al territorio español, a través de las Islas Canarias. También Marruecos, mucho antes, mediante los presidios españoles de Ceuta y Melilla en el litoral marroquí. Entonces, el Estado español entendió la importancia del continente africano y en especial de los países de la subregión del Norte de África. Hasta el momento, la estrategia española pasaba en especial por su vecino más directo: Marruecos. La relación es evidentemente ancestral por el pasado colonial (anterior a esta, Guinea Ecuatorial fue descolonizada por España en 1968). El africanismo español se limitó al Norte de África (siglo XIX) y apenas se atendió con interés el Sahel hasta este siglo tras las llegadas masivas de emigrantes procedentes de los países del África Occidental, así como de Senegal, Malí, Níger o Burkina Faso. La opinión pública española comenzó a familiarizarse con estas nacionalidades. Entonces el estallido de las crisis migratorias forzó acuerdos bilaterales entre España y Unión Europea con los países neurálgicos en la salida de embarcaciones para controlar los flujos migratorios llegados al territorio español. Esta es la dinámica actual.
El aumento de la inseguridad en la región a causa de la escasez de alimentos, la extrema pobreza en las zonas periféricas de los países sahelianos y el recurso a la actividad criminal por parte de los grupos armados surgidos en tierras desérticas o medio desérticas, con efectos negativos en la llamada frontera sur de Europa, han despertado en España un interés especial no sólo en el campo de la seguridad (amenazas), sino también de la cooperación y el desarrollo (inseguridad alimentaria, sanitaria…) y en el ámbito político-institucional (ausencia de instituciones, mala gobernanza, corrupción…). En cuanto a la diplomacia económica, en algunos países del Sahel Occidental (Senegal, Mauritania y Malí), la inversión española ha aumentado de forma notable en los últimos años y la relación del tejido empresarial español con los países de la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados del África del Oeste) es cada vez más estrecha en varios sectores, entre otros, el de las infraestructuras, que supone una necesidad urgente para los países de la parte occidental del continente. España, en el contexto europeo, es muy competitivo permitiéndole ocupar una posición privilegiada en el campo de las oportunidades económicas en África.
Sin embargo, la intervención española en el Sahel se enfoca especialmente hacia aquellos problemas de seguridad y defensa que puedan afectar a España e incluye terrorismo, piratería o tráficos ilícitos. Habrá que esperar al año 2009 para una toma de consciencia integral sobre las amenazas en el Sahel, cuando tres ciudadanos españoles eran secuestrados por un comando de una organización terrorista en una carretera que unía la capital mauritana con Nuadibú (al norte del país magrebí) y trasladados hasta el norte de Malí. Allí grupos armados de naturaleza yihadista llevaban años entrenado y participando en la red de crimen organizado, un fenómeno reciente en la región que conllevará la puesta en marcha de nuevas estrategias de los países de la CEDEAO y de la Unión Europa.
La captura de Alicia Gámez, Albert Vilalta y Roque Pascual obligó al Estado español a iniciar una fuerte política exterior en el país saheliano, estableciendo relaciones con los jefes de Estado de la zona (Amadou Toumané Touré en Malí, Blaie Compaoré en Burkina Faso, Mohamed Ould Abdelaziz en Mauritania) para la puesta en libertad de los cooperantes españoles. Este secuestro —el primero para España, aunque anteriormente se había producido un secuestro masivo de 32 europeos— visibilizó a una organización terrorista de la que apenas se comenzaba a investigar con profundidad en España. Se trataba del Grupo por la Predicación y el Combate (GSPC) que luego se llamó Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) tras rendir lealtad a la organización de Al Qaeda en 2007. La nueva nomenclatura le dio un nuevo impulso mediático que le permitió ganar en credibilidad y en la integración entre sus filas de nuevos combatientes. A través de la movilización de la yihad, en un contexto de guerra fría entre Estados Unidos y sus intervenciones militares en Oriente Medio, se unieron muchos jóvenes magrebíes motivados por los argumentos del difunto Bin Laden de fagocitar una Guerra Santa que les llevaría al deseado proyecto de reunificación de las tierras del islam, así como a la búsqueda de una propia identidad. Este era el eslogan inicial que permitió la adhesión a las filas de Al Qaeda, aunque no sólo respondió a factores de carácter internacional, también internos relacionados con la falta de solvencia económica y con los sistemas autócratas impuestos en los países del Magreb. AQMI se consolidó bajo estas siglas mediante un reordenamiento de sus propias filas que al poco tiempo se tornaron muy locales y a lo sumo regionales (es decir, integrantes mauritanos, malienses y nigerinos). Así las cosas, AQMI consiguió evolucionar, durante sus años álgidos coincidiendo con el régimen de Amadou Toumané Touré (ATT), desbancado de la silla presidencial tras un golpe de Estado en 2012.
Fuentes de conflictividad
Esta organización ha sido el causante de la desestabilización en el Sahel, aunque no el único. Desde los tiempos precoloniales, el territorio ha significado fuente de conflictos porque ha servido de tránsito de las poblaciones autóctonas —sometidas a profundas jerarquías tribales— y de cruce de rutas que transcurren entre el norte y el sur; el este y el oeste. El espacio ha estado, directamente, relacionado con la movilidad social o con las aspiraciones sociales y políticas y el intercambio comercial. Es decir, el territorio ha jugado un rol crucial en la construcción de los antiguos grupos nómadas que históricamente se han dedicado al nomadismo y al comercio transfronterizo transportando oro, sal y comercializando con esclavos, una de las actividades más intensas en las tierras sahelianas. En este sentido, las poblaciones nómadas supieron siempre ingeniárselas para sortear las dificultades de un denso territorio desértico y llevar a cabo las travesías transnacionales para ganarse la vida. También supieron ingeniárselas ante las dificultades generadas por la colonización francesa (en el siglo XIX) que representó un primer freno contra el modo de vida de las familias nómadas para las que el tránsito o la circulación constituyeron los pilares básicos del comercio transfronterizo.
El desembarco de la administración colonial trajo métodos urbanos que transformaron los parámetros sobre los que se asentaban las diferentes comunidades tribales. A partir de 1930, la llegada del automóvil revolucionó el transporte sahariano y los comerciantes invirtieron en la compra de camiones que les ahorró el tiempo en el transporte de mercancías. De esta manera cubrían más distancias y el resultado era favorable porque incrementaba las rentas del negocio. Sin embargo, encontraron con la colonización limitaciones de circulación impuestas por la potencia ocupante que provocaron la pérdida de coherencia en el territorio. Fueron trazadas líneas fronterizas que pondrían con el tiempo barreras en forma de aranceles a un espacio libre donde el autóctono se consideraba un ser integralmente libre vinculado al intercambio comercial transfronterizo. Este intercambio de productos mediante las fronteras, a pesar de las dificultades, siguió desarrollándose con la independencia de Malí en 1962, bajo una ilegalidad tolerada y siempre de manera más o menos organizada. Los antiguos nómadas se han adaptado a las circunstancias y a los nuevos contextos por supervivencia y a principios del siglo XXI lo han vuelto a hacer, implicándose en las operaciones de secuestros de europeos que han representado una industria millonaria y, por supuesto, en el tráfico de drogas procedentes de América Latina, en el caso de la cocaína, y Marruecos, del hachís.
La seguridad
El impacto del crimen organizado provocará una reconfiguración del espacio con la aparición de nuevos grupos armados movidos por recursos económicos y militares (a partir del año 98), así surgirán organizaciones de naturaleza yihadista escindidas de la matriz de AQMI, como MUJAO (2011), Al Mourabitún (2012), Ansar Dine (2013) y más recientemente el Frente de Liberación de Macina (2014). El componente tribal en cada uno de estos grupos es fundamental teniendo en cuenta el tipo de sociedad caracterizada por una estructura social y política tribalista, en donde las relaciones de fuerza se miden según la posición jerárquica dentro de una comunidad. Así, España debe hacer frente a una población estratificada dentro de la comunidad tuareg, árabe, peul o songhai que se extienden a lo largo de la franja del Sahel. Además de los batallones inspirados en la ideología yihadista, existen otros grupos armados de carácter secesionista (los que han venido protagonizando las sublevaciones armadas en el norte de Malí contra el poder central para alcanzar la independencia) y que igualmente se construyen teniendo en cuenta el elemento tribal pero también la capacidad militar de cada uno de ellos. Estos son al igual origen de la inestabilidad de la región.
Todos los grupos armados luchan por el control de un espacio floreciente en actividades criminales de manera que resulta difícil encontrar las fronteras entre los actores del narcotráfico, el yihadismo y el secesionismo. Los tres grupos rompieron con los equilibrios de poder (2012) hasta entonces logrados con el Estado y se levantaron en armas provocando una división del país entre norte y sur. Una intervención internacional liderada por Francia en 2013 trató de restablecer la integridad territorial. Dicha intervención fue aprobada tras una resolución de Naciones Unidas e implicó la colaboración de otros socios de la UE como España (la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013 apunta el Sahel como una de las zonas vitales en la próxima década en la que será necesario actuar para garantizar la seguridad española). Cuatro años después, en el norte de Malí sigue librándose un conflicto multidimensional porque no sólo actúan los guerrilleros secesionistas dispuestos a alcanzar un acuerdo de paz con la Administración central, también los yihadistas malienses en desacuerdo con cualquier normalización política.
El Gobierno español apoyó la misión internacional enviando tropas al sur de Malí en Koulikoro (suroeste) para la formación y adiestramiento de fuerzas autóctonas en el marco de la misión europea (EUTEM). Las Fuerzas Armadas participan con más de cien efectivos en el país en colaboración bilateral con Francia. Igualmente, un contingente español (destacamento Marfil) apoya desde Senegal en el transporte aéreo a la operación Berkane, liderada por Francia en el Sahel en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
La necesidad de construir un ejército en Malí es acuciante, pero difícil en un corto plazo de tiempo, puesto que el poder central es incapaz, por escasez de medios y recursos humanos, de neutralizar a los grupos rivales y competidores del norte. Otras misiones civiles con participación española bajo bandera de la UE se han empezado a desarrollar en el campo de la formación y capacitación de cuerpos y fuerzas de seguridad de Malí (EUCAP) —también en Níger— en aras de una mayor estabilidad en un país que sufre, actualmente, una división de facto entre el norte (se negocia una acuerdo de paz bajo los auspicios de la ONU que transfiera poderes a las nuevas élites militares del norte) y el sur.
En este sentido, la implicación de los países de la UE y de España, particularmente, es importante para la gestión de unas debilitadas fronteras atravesadas por los grupos del crimen organizado, indisociables del fenómeno yihadista o secesionista. El apoyo a los Estados del Sahel, en concreto a Malí, es necesario para hacer frente a las ideologías rigoristas procedentes de los países del Golfo cuyo adoctrinamiento salafista está pervirtiendo el islam sufí de tendencia malikí que ha predominado en el Sahel. Además, es crucial un acompañamiento a los Estados para que en el futuro puedan proporcionar nuevas herramientas a una creciente juventud desempleada, cuyas parcas posibilidades de futuro les obliga a caer en las filas armadas o en las rutas migratorias buscando un mejor porvenir. Los flujos migratorios no menguan precisamente por la falta de oportunidades que ofrecen sus países de origen y les conducen hacia puentes de tránsito a Europa como Libia, cuyo vacío securitario, desde la guerra de 2011, ha permitido a las mafias utilizar esta vía para el tráfico de seres humanos. Las fuerzas armadas españolas también participan en una misión de la Unión Europea en aguas del Mediterráneo, frente a las costas libias, para luchar contra un modelo de negocio millonario que cada día pone en riesgo la vida de cientos de personas.
Las relativamente recientes guerras en el Norte de África (Libia) y el posterior conflicto surgido en Malí e incluso Nigeria han contribuido a la fabricación de una nueva agenda para la política exterior española que sitúa en primera línea el Sahel. El interés no sólo se limita a la clase política; la producción española histórica, académica y periodística sobre la región del Sahel empieza a desarrollarse contribuyendo a que la región sahelo-sahariana se convierta en zona de estudios para todos.
Actividad subvencionada por la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores
