Vista de la pantalla del portátil que muestra el sitio web de Interpol con 'Aviso rojo' de arresto para Samantha Lewthwaite. (Oli Scarff/Getty Images)

Claroscuros de la mayor organización internacional de policía. 

Haciendo buenos los rumores que le colocaban como favorito, el general emiratí Ahmed Naser el Raisi, inspector general del ministerio del Interior de su país y responsable como tal de sus fuerzas de seguridad, sobre las que pesa un largo historial de abusos, fue elegido en noviembre presidente de Interpol, la mayor organización internacional de policía.

Solo un mes antes, en octubre, Interpol anunció el levantamiento de las sanciones que le había impuesto a Siria en 2012, permitiéndole de nuevo a Damasco acceder a su sistema de información y a restablecer los contactos con otros Estados miembro. Y eso, a pesar de la posibilidad de que el régimen de Bashar al Assad lo aproveche para perseguir a disidentes en el exterior, complicar solicitudes de asilo o enredar causas judiciales.

Ambas noticias han vuelto a poner el foco sobre los intentos cada vez más descarados de regímenes autoritarios de utilizar a Interpol, comprometida sobre el papel con los derechos humanos y el principio de neutralidad, para perseguir a opositores, defensores de derechos, activistas y periodistas exiliados. Un abuso que contribuye también a socavar la credibilidad de la organización, acusada de no hacer todo lo que podría para evitarlo y convertida así en una herramienta más de la represión transnacional de estos Estados.

 

Protagonismo al alza

Interpol es una organización con sede en Lyon establecida en su forma actual después de la Segunda Guerra Mundial con el fin de facilitar la cooperación entre distintas fuerzas policiales en un momento en el que era cada vez más frecuente que se cometieran delitos en un país y se huyera a otros. Hoy está integrada por 194 países, más que las Naciones Unidas (ONU), lo que la convierte de lejos en la mayor organización policial del mundo.

La función principal de Interpol, que no es una fuerza policial y por lo tanto no tiene competencias para efectuar detenciones, investigaciones o perseguir delitos, es agilizar el intercambio de información entre cuerpos policiales nacionales, sobre todo a través de su base de datos. La organización cuenta con un presupuesto de alrededor de 140 millones de euros anuales, de los cuales poco menos de la mitad proceden directamente de los Estados miembro, con Estados Unidos, Japón y Alemania al frente, y el resto, sobre todo, de asociaciones puntuales con entidades como la FIFA o el COI.

La comunicación a través de Interpol entre los países que integran la organización se lleva a cabo mediante varios tipos de solicitudes y un sistema de circulares codificado por colores en el que cada una de ellas tiene una finalidad específica. De entre las siete que existen, la principal –y la que más polémica genera– son las rojas, unas alertas emitidas normalmente por un país miembro para informar al resto de alguien a quien está buscando para detener, ...