Manifestantes muestran su apoyo al primer ministro de Irak, Haider al Abadi en la plaza Tahrir de Bagdad. (Haidar Mohammed Alí/AFP/Getty Images)
Manifestantes muestran su apoyo al primer ministro de Irak, Haider al Abadi en la plaza Tahrir de Bagdad. (Haidar Mohammed Alí/AFP/Getty Images)

¿Cuál es el futuro del país?

La reciente irrupción de manifestantes encabezados por el clérigo chií Muqtada al Sadr en la fortificadísima Zona Verde de Bagdad sacó a relucir un dilema que viene de atrás: el sistema que gobierna el país desde 2003 necesita una drástica reforma, pero, como la clase dirigente, en muchos sentidos, se ha convertido en la encarnación de ese sistema, se resiste a cualquier cambio auténtico. La combinación de las protestas callejeras y los políticos recalcitrantes es una fórmula incendiaria, que paraliza las instituciones del Estado y amenaza con derribarlas. Mientras tanto, las condiciones de seguridad son espantosas, como demuestra la serie de atentados cometidos esta semana en Bagdad y reivindicados por Daesh.

Nos encontramos ante tres dinámicas. La primera es la disfuncionalidad del sistema político implantado en 2003. Concebido, a primera vista, para garantizar una representación justa de las distintas sectas y etnias en las instituciones, en la práctica permite que las controlen unos partidos políticos definidos por esas identidades étnicas y sectarias. La segunda es la pérdida creciente de confianza de la población en esos partidos y la ira por su falta de resultados. La tercera es la fractura de la dirección política, sobre todo entre las principales fuerzas políticas chiíes —el Partido Islámico Dawa, el Consejo Supremo Islámico de Irak (CSII) y el partido Al Ahrar de Al Sadr— y dentro de ellas, que se ha acelerado por el descontento popular y las deficiencias del sistema.

La crisis más reciente estalló cuando Al Sadr, que puede presumir de estar distanciado de los gobernantes, se hizo con el control de las protestas masivas en febrero. Canalizó la indignación popular hacia el terreno político y creó un doble enfrentamiento: entre la calle y la élite y entre su partido Al Ahrar —que situó como punta de lanza del movimiento reformista— y los demás partidos políticos chiíes.

Las instituciones del país están paralizadas: presionadas por el movimiento callejero que exige reformas pero incapaces de llevarlas a cabo por la división entre los partidos políticos chiíes. El parlamento fue la primera víctima de este pulso. El 26 de abril, el primer ministro, Haider al Abadi, aceptó sustituir a cinco ministros, una medida que habría satisfecho las demandas de Al Ahrar y, dado que iba a designar a tecnócratas, no habría perjudicado los intereses de otros partidos. Pero este acuerdo provisional fracasó cuando Al Ahrar exigió la sustitución de todo el gabinete y los llamados tres presidentes: el del Gobierno, el de la República y el del Parlamento. Por supuesto, al presidente de la República y al del Parlamento, que son cargos electos, no se les puede sustituir sin más, pero la demanda de los partidarios del clérigo tiene fuerza retórica como impugnación de todo el sistema.

Los partidos que habían votado por la modesta remodelación propuesta por Al Abadi se negaron a aprobar la sustitución ...