El terremoto ha marcado un punto de inflexión en la trayectoria histórica de Japón que ya venía sufriendo la enfermedad propia de las economías y las sociedades muy maduras.
Hace algo más de un mes que Japón se vio azotado por la peor crisis sufrida desde la II Guerra Mundial. Empezó con un terremoto de 9.0 grados y sigue aún abierta con la imprevisible evolución del accidente nuclear en la planta de Fukushima I. Desde pocas horas después del seísmo y posterior tsunami la atención ha estado centrada, primordialmente, en los errores y aciertos en la gestión de la catástrofe atómica, y eso ha eclipsado las consecuencias directas de una ola destructora que ha dejado, por el momento, 27.000 muertos y desaparecidos; una factura de reconstrucción del noreste del país -la zona más afectada- por valor de más de 309.000 millones de dólares (unos 216.000 millones de euros) y puede acabar con la inutilización de parte de la prefectura de Fukushima durante la mayor parte de este siglo.
El impacto humano, social, económico y político del 11 de marzo de 2011 ha marcado un punto de inflexión en la trayectoria histórica de un país que, a pesar de su riqueza y nivel de desarrollo socioeconómico, venía sufriendo una esclerosis múltiple propia de economías y sociedades muy maduras.
En 2010 China superó a Japón como segunda economía mundial. Fue consecuencia del dinamismo de Pekín y del estancamiento de la economía nipona, que había comenzado a finales de los 80 con el estallido de una triple burbuja: económica, inmobiliaria y financiera. Desde entonces el PIB japonés ha alternado años de bajo crecimiento con etapas de desarrollo negativo. Tras el terremoto de Kobe de 1995, y a pesar del temor a una mayor contracción de la economía, la reconstrucción de la ciudad, con una factura de 125.000 millones de dólares, acabó llevando a un crecimiento del 2,6%. Siguieron varios años difíciles por los efectos negativos de la crisis asiática de 1997 y el impacto de los atentados del 11-S en 2001. Desde este momento y hasta 2006, el liderazgo y las políticas liberales del primer ministro Junichiro Koizumi trajeron repuntes del PIB por encima del 2%, que se terminaron con el advenimiento de la crisis global en 2008. Dos años después, había señales de aparente recuperación, aunque demasiado puntuales como para invertir los efectos del largo período de estancamiento, y que, en cualquier caso, han desaparecido tras el terremoto.
Los resultados de esta parálisis de crecimiento se han reflejado en la sociedad nipona. Japón tiene hoy en día una pirámide de población casi invertida. El 22% de los ciudadanos tienen más de 65 años y el índice de natalidad ha permanecido durante décadas por debajo de los dos hijos por mujer necesarios para el reemplazo generacional. El resultado es que hoy uno de cada cuatro japoneses no forma parte de la población activa. Este cambio demográfico ha añadido presión al modelo social y al sistema de pensiones, contribuyendo a una deuda pública ya astronómica por las generosas políticas de gasto público. En las zonas más alejadas de Tokio, por ejemplo en las prefecturas de Iwate, Miyagi o Fukushima, las más afectadas por el terremoto, la proporción de habitantes dependiente es todavía mayor como consecuencia de la huida de jóvenes hacia las regiones económicamente más prósperas. La actual crisis plantea la pregunta de si las nuevas generaciones de esas zonas querrán volver para levantar las ciudades engullidas por las olas negras de más de 8 metros del tsunami o si los habitantes disminuirán aún más.
A pesar de que Tohoku no es económicamente prioritaria y su reconstrucción no tendrá un retorno económico directo, parece existir una obligación psicológica y social, ya manifestada por políticos y líderes de opinión, de reconstruirla. El noreste es una región esencialmente pesquera, que proporciona el 20% de las necesidades de arroz del país, pero cuya aportación al PIB es inferior al 10%. Ahora será necesario construir al menos 130.000 edificios que se estima han desaparecido o han quedado dañados. Se trata de la mayor reconstrucción desde la II Guerra Mundial, con un coste tres veces superior a la de Kobe y cuyo impacto sobre el déficit público, que supera el 200% del PIB, se notará. Sin embargo, como tercera potencia en el mercado de la construcción, Japón dispone de las empresas y las habilidades necesarias para cubrir la demanda agregada derivada de la reedificación de la forma más rápida imaginable y generar un impacto económico positivo a medio plazo.
La planificación de la reconstrucción recae en un debilitado Partido Democrático del Japón (PDJ) que, además, tiene una escasa experiencia de gobierno de poco más de año y medio. El primer ministro Naoto Kan, que tenía un índice de aprobación del 20% antes de la catástrofe, ha realizado puntuales apariciones en público, caracterizadas por mensajes de aliento a la nación de carácter churchilliano más que por demostraciones claras de control de la situación. El resto de partidos, sobre todo el Partido Liberal Democrático que gobernó el país durante 55 años hasta su derrota en manos del PDJ, fueron cautos en un principio y se apuntaron al mensaje de unidad nacional, pero ya han empezado a criticar a Kan por su gestión del Japón post tsunami.
En esta nueva coyuntura, el resultado de la ecuación sobre el futuro del país estará en función de cuatro variables: el coste económico, la crisis nuclear, la solidez del Gobierno y el contexto internacional.
La primera variable será la gestión del impacto económico directo y a medio plazo. El Banco Central de Japón ha ejercido su papel estabilizador y ha evitado un desplome de las bolsas, tras la volatilidad de los primeros días en el Topix y el Nikkei. Sus movimientos, no obstante, han traído una apreciación del yen que puede afectar a las exportaciones de multinacionales niponas, ya afectadas por lo repetidos cortes de luz. En el medio plazo, y por el gasto que supondrá la reconstrucción, las previsiones son ligeramente optimistas. Para hacer frente a los elevados costes de reconstrucción, el Ejecutivo debe considerar, entre otras opciones, si opta por una política de aumento de los impuestos para cubrir los costes, una medida impopular pero que viene siendo reclamada desde fuera del país desde hace años.
Bien distinta es la perspectiva a largo plazo, condicionada, no sólo por los problemas estructurales de la economía, sino, y sobre todo, por la variable de la crisis nuclear. En esta primera catástrofe nuclear 2.0, el mundo ha seguido al minuto la evolución del humo de los reactores, los riesgos de fusión de los núcleos, la filtración de plutonio y, más recientemente, el vertido de agua radioactiva al mar. Si esta crisis irresuelta lleva a un replanteamiento de la política energética nipona, Japón necesitará un esfuerzo de inventiva para conseguir un mix energético en el cual, el menor peso de lo nuclear y lo fósil, quede compensado por las renovables, sin que ello afecte la capacidad o los costes de producción. Sea cual sea la repercusión de la crisis atómica en el futuro energético, el accidente ha sacado a la luz el peligroso e inestable vínculo entre el Gobierno (y el Ministerio de Economía al frente), el lobby nuclear y TEPCO, la mayor compañía eléctrica del país.
La evolución de la política doméstica es la tercera variable. El primer ministro Kan ha mantenido desde el primer día una visible calma, que no se ha traducido en una imagen de liderazgo fuerte. La respuesta ante la destrucción ha sido rápida, a diferencia del terremoto de 1995, que costó una derrota al entonces partido en el poder. La información ha sido mucho más transparente que en anteriores ocasiones pero no lo suficiente como para que se haya aprobado su gestión: un 58% de los japoneses critica la gestión del Estado. Quizás de ahí que en las elecciones a gobernador en algunas de las grandes prefecturas celebradas el 10 de marzo, el partido de Kan perdiese todas las contiendas. Un mal presagio para las legislativas de 2013, o unos eventuales comicios anticipados. El PDJ ha pedido con insistencia una dirección de unidad nacional, al cual apoyan la mayoría de ciudadanos. Ante una crisis prolongada como la actual, necesitada de un líder sólido y decidido, pocas salidas parecen más acertadas que una apuesta por la unidad de partidos.
El programa electoral con el que el PDJ llegó al poder prometía cambios profundos en la manera de hacer política. En lo doméstico las transformaciones no se han producido, pero sí en las relaciones con el exterior, la cuarta variable. Dos episodios significativos han seguido a la catástrofe. El primero ha sido el apoyo moral y en recursos de países vecinos, antiguos territorios coloniales y hasta ahora notablemente distantes en su política exterior hacia Japón. En la edición del 11 de marzo de 2011, el Diario del Pueblo en China, el periódico oficial del régimen, incluía una carta de Kan en la que agradecía el apoyo del vecino asiático. El segundo, la rápida asistencia llegada de Estados Unidos. El aliado estadounidense ha lanzado la operación Tomodachi, es decir amigo, para contribuir en la reconstrucción. Ambos hechos apuntan hacia una reubicación del país en el escenario internacional.
La evolución de estas cuatro variables, algunas más aleatorias que otras, servirá para resolver una ecuación que puede pasar, en el corto y medio plazo, por un cierto optimismo en lo económico, pero que hace prever cambios estructurales a más largo plazo para detener un eventual ocaso nipón.
