La sociedad civil jordana responde ante la situación insostenible a la que debe hacer frente, tras las medidas que ha tomado el Gobierno para pagar la deuda al FMI.
El pasado 19 de enero y, tras largas negociaciones, el Parlamento de Jordania aprobaba los presupuestos generales para el año 2017. La preocupación es fruto de los nuevos créditos concedidos por el Fondo Monetario Internacional al reino hachemí el pasado verano, que ascienden a unos 720 millones de dólares estadounidenses (unos 680 millones de euros). Según cifras oficiales citadas por la agencia de noticias italiana ANSA, el déficit fiscal durante 2017 podría alcanzar los 1.200 millones de dólares, lo que supone un 2,8% del PIB jordano.
La economía del país empezó a desinflarse en 2011, cuando muchas empresas movieron sus sedes y capitales a Dubái. Desde entonces el crecimiento anual del PIB se sitúa en torno al 3%, lejos del 7% de años anteriores. El cierre de fronteras debido a los conflictos ha afectado al comercio con los países de la región, mientras que la producción agrícola sufre descensos año tras año. Jordania importa petróleo para producir el 99% de su electricidad, así que tiene una necesidad imperiosa de apostar por energías renovables. El desempleo se sitúa en torno al 15%, agravado por el flujo de refugiados sirios pero también de inmigrantes de otros países, muchos de ellos trabajan de manera ilegal, lo que ha creado un mercado negro del trabajo difícil de controlar. Desde 2011 el país subsiste principalmente a los flujos gracias a la ayuda internacional, de los que es uno de los principales receptores.
La solución adoptada para hacer frente a la situación ha enfadado y hundido aún más a una población que apenas puede llegar a fin de mes con unos salarios mínimos muy bajos, un elevado índice de desempleo, en especial entre los jóvenes, y la persistente presión de la crisis siria. Pese a ello, el primer ministro jordano, Hani Mulki, declaró que “la actual situación económica en Jordania no es la más difícil, comparada con periodos previos, como la crisis de 1989. La economía es fuerte y se sostiene a pesar de los efectos de las llamadas Primaveras Árabes desde 2011, la crisis económica global, los cierres de fronteras y la acogida de refugiados sirios”.
Recortes y subida de impuestos, la receta tradicional del FMI
Los planes del Gobierno jordano pasan por recaudar 3.000 millones de dinares jordanos, unos 4.500 millones de dólares, en los próximos años, incluyendo 450 millones de dinares en 2017, 520 en 2018 y 570 en 2019.
Las medidas tomadas incluyen subir los impuestos a productos como los combustibles. Los precios de gasolina, queroseno y diesel han sido aumentados entre un 3% y un 8%, aunque las bombonas de gas mantienen su precio de siete dinares durante el mes de febrero. También se han aumentado los impuestos a productos como el tabaco, las bebidas no alcohólicas, los servicios de telecomunicaciones, las tasas para la tramitación de pasaportes y los impuestos a los bienes de importación.
El sector que más se ha visto afectado ha sido el de la construcción, con el aumento de los impuestos sobre el acero, que se une a los altos precios de otros materiales. Según declaró Munir Abu Assal, vicepresidente de la Jordan Housing Developers Association a The Jordan Times, “esta decisión tiene un impacto catastrófico en el sector de la construcción e incrementará los precios de los apartamentos en una media de 2.000 dinares jordanos”.
Otras medidas adoptadas de cara a reducir el déficit público son los recortes en los salarios de los funcionarios, de un 10% para aquellos que ganen más de 2.000 dinares mensuales y el establecimiento de un salario máximo para funcionarios públicos de 3.500 dinares mensuales. Además, funcionarios del Gobierno jordano deberán viajar en clase turista en aquellos vuelos cuya duración no supere las cuatro horas.
Sin embargo, el dato de que las exportaciones agrícolas han descendido un 35% en comparación con el mismo periodo de 2016 arroja dudas sobre cómo el Gobierno va a reducir el déficit dependiendo solo de los impuestos sobre los ciudadanos. Hay que recordar que el comercio ya se ha visto muy afectado por los cierres de las fronteras con Siria e Irak, con las consiguientes dificultades a la exportación de la producción nacional. Además, la no renovación de la ayuda que recibía de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, principalmente debido al descenso de los ingresos procedentes del petróleo, suma nuevos interrogantes a la capacidad de maniobra de la Administración.
Se espera que el Ministerio de Economía presente un programa detallado sobre cómo el Gobierno va a reducir el déficit público y conseguir los ingresos necesarios para sortear la crisis económica, respetando las instrucciones de su majestad Abdalá II de proteger a los jordanos de clase baja y media de los efectos de la subida de impuestos.
Aspectos positivos, pero insuficientes
Una medida positiva ha sido el incremento del salario mínimo, aunque resulta totalmente insuficiente. De 190 dinares ha pasado a 220, un aumento que no es comparable a la subida de precios que se lleva dando en el reino durante años. Teniendo en cuenta que la línea de la pobreza en Jordania se estima en 300 dinares, casi un 15% de los jordanos estarían viviendo bajo el umbral de la pobreza.
Otra noticia positiva es que Jordania ha asegurado el 60% de los fondos requeridos bajo el Plan Jordano de Respuesta a la crisis Siria de 2016, el doble de lo que había asegurado durante los tres años anteriores. Esto supone la continuación de la ayuda internacional por parte de los principales donantes para el reino hachemí en apoyo de la ayuda a los refugiados sirios, las comunidades de acogida y la inversión en otorgar mayor estabilidad a la sociedad jordana.
El economista Wajdi Makhamreh se ha mostrado en desacuerdo con las medidas tomadas por el Gobierno, porque no están basadas en estudios recientes ni se ha consultado a centros de investigación independientes. El columnista de economía Khaled al Zubaidi también criticó las medidas en base a la ineficiencia de sucesivos gobiernos jordanos para abordar los problemas centrales de la economía jordana, que incluyen recortar el tamaño de la fuerza de trabajo foránea, que se calcula en 800.000 personas. Por un lado, hay inmigrantes de otros países árabes, principalmente, de Egipto y del Sureste Asiático, además de Siria, que trabajan en empleos de baja cualificación y en el sector agrícola. Por otro lado, el boom de la ayuda humanitaria ha provocado un gran flujo de inmigración de profesionales muy cualificados que ocupan altos puestos en las principales ONG internacionales y a los que los jordanos acusan de encarecer el coste de la vida. Además, Al Zubaidi también apuesta por proveer incentivos reales a los diversos sectores económicos, disminuir el tamaño del sector público e invertir en infraestructuras.
La respuesta social
Los jordanos no han tardado en responder a las nuevas medidas económicas. Ante lo que se considera un abuso, los ciudadanos han reaccionado boicoteando distintos productos. Primero se organizó un boicot contra los cartones de huevos y las patatas, que incrementaron su precio hasta incluso un dinar más que el mes anterior. El sindicato de productores avícolas señalaba que el incremento de precios es debido a la menor producción en los meses de invierno y que los supermercados habían añadido un plus para incrementar su margen de beneficio. Sin embargo, la Sociedad de Protección al Consumidor secundó la campaña, que fue seguida por muchos hogares y activistas.
El segundo boicot que tuvo lugar fue a las compañías telefónicas. A través de las redes sociales se organizó un boicot de 24 horas en el que los usuarios retiraron sus tarjetas SIM de los teléfonos para demostrar el impacto que un día puede tener sobres los ingresos de dichas compañías. El enfado venía especialmente motivado por la idea de imponer tasas a los servicios de llamadas vía Internet como WhatsApp o Viber, vitales para muchos jordanos que no pueden permitirse otro tipo de servicios. Pocas horas antes del lanzamiento de la campaña “Sakkar khattak” (Apaga tu línea telefónica), el organizador de la protesta, Essam Zabin, fue arrestado por las autoridades jordanas. Aunque el éxito de la iniciativa fue relativo, algunos consideran de importancia el hecho de que los ciudadanos secunden medidas de este tipo, aunque sólo sea para mostrar su descontento.
Finalmente, se llamó a un boicot a las estaciones de servicio debido al alza de los precios de los combustibles. Esta convocatoria fue más difícil de seguir, debido a lo necesario del uso de los vehículos particulares en Jordania.
Otro tipo de reacciones han sido las protestas que han tenido lugar en ciudades como Karak y Tafila contra las medidas del Gobierno. Karak es una de las ciudades donde las tribus tienen mayor peso. Sin embargo, las protestas se confundieron con sucesos violentos que tuvieron lugar tras el asesinato de un joven relacionado con tráfico de drogas y que derivaron en disturbios el pasado 18 de febrero. El pasado fin de semana las protestas se extendieron a la capital, Amán, donde en torno un millar de personas salieron a la calle, Salt y Madaba, entre otros lugares.
De acuerdo con el analista Fahed Khitan, la única forma de hacer frente a la deuda es renegociar los términos de la misma con el FMI. Aunque se desconoce cómo reaccionará la población ante estas y futuras medidas económicas, el Gobierno se prepara para acoger la cumbre de la Liga Árabe en marzo y la del Foro Económico Mundial para Oriente Medio y Norte de África en mayo, que deben arrojar luz sobre los desafíos que afronta la región y, en particular, el reino hachemí, incluidos los económicos. La Administración jordana debe pensar más allá de castigar aún más a sus propios habitantes y buscar medidas que hagan más sostenible su economía, una vez que la burbuja de la crisis siria desaparezca.
