Los países empobrecidos son los más afectados por las consecuencias del cambio climático y llevan años solicitando un compromiso de los Estados del norte para compensar y abordar las pérdidas y daños en las comunidades del sur global. ¿Será posible conseguirlo?
El clima como base de la vida, como derecho
El clima mueve la vida, sus ciclos dependen de él, sus elementos conformantes evolucionan con las temperaturas y con las precipitaciones. El clima conduce también a nuestras sociedades, las marca una forma de hacer y entender, caracteriza la cultura e influye determinantemente en la economía.
Podríamos considerar pues a la atmósfera como un bien natural esencial para el correcto desarrollo de los otros elementos conformantes de la naturaleza y de nuestras sociedades. En esta lógica, en tanto que los bienes naturales (que devienen en recursos) son comunes, son generadores de derechos. Así, por tanto, tenemos derecho al agua (como refrendó Naciones Unidas en 2010), pero también al disfrute de la biodiversidad y de los servicios que nos proporciona. A un aire limpio y un medioambiente sano y sostenible y a que no haya un cambio climático que limite nuestra vida. Sin embargo, una vez emitidos, los gases efecto invernadero se distribuyen por toda la atmósfera y afectan e impactan de manera desproporcionada a los países empobrecidos más vulnerables en un contexto histórico de colonialismo, extractivismo y acaparamiento de recursos naturales y materias primas en el sur global. En tanto existe este Derecho, también existe la demanda de su cumplimiento pues todo Derecho apunta a la justicia como resultado de la acción de aquel. La justicia climática busca visibilizar las desigualdades y que los países ricos causantes mayoritarios del cambio climático, reconozcan su deuda con el sur global.
Emisiones, justicia climática y desigualdades
Existe una realidad contrastada, sobre todo en estos últimos años del Antropoceno y la degradación ambiental que conlleva, y es la estrecha relación entre déficits o alteraciones ecosistémicas y modificaciones en la estructura socioeconómica de la sociedad; es decir, entre los desequilibrios ecológicos y climáticos y las desigualdades sociales y económicas.
El cambio climático incide de una doble manera en ello generando dos vías de desigualdades y por tanto de injusticias.
Por una parte, podría decirse que son las grandes corporaciones energéticas las causantes más importantes del cambio climático, pero las más beneficiadas económicamente (100 empresas emiten el 71% de gases). Se genera un evidente desequilibrio con el resto de la población que debe soportar las consecuencias del mismo.
Pero además, se da otra situación injusta pues las emisiones per cápita de los distintos países son muy desiguales. El 10% de la población que más CO2 ha emitido (causante del calentamiento global) es responsable del 40% de las emisiones globales. El 50% que menos emite sólo lo es del 10%. Una relación 20 a 1. Por persona, el 10% más rico emite lo mismo que el 50% más pobre (el 1% más rico emite el doble que el 50% más pobre). El calentamiento global tiene una correlación directa en cuánto a su origen, lógicamente, con la estructura de nuestras sociedades catalizando las desigualdades de las mismas, pues los países con menos ingresos, que son los menos emisores, son los más vulnerables y con menos capacidad y recursos para recuperarse y adaptarse. El cambio climático agudiza las desigualdades y contribuye a perpetuar los ciclos de desigualdad y pobreza.
Existen distintos factores a través de los cuales se materializa el efecto agravante de la desigualdad del cambio climático. En efecto, los países empobrecidos y sectores de población más desfavorecidos suelen tener mayor exposición a eventos climáticos, vivir en peores zonas, en viviendas de peor calidad y menos preparadas para los desastres, y disponer de menos recursos e ingresos para invertir en adaptación, reducción de riesgos de desastres y para recuperarse de los daños causados por estos eventos (muchas veces carecen de recursos para contratar seguros, por ejemplo). Pero el cambio climático incrementa las desigualdades no sólo en los países empobrecidos sino también en los llamados países ricos o industrializados. Es por esto que las desigualdades a nivel local y global tienen que tenerse en cuenta en el diseño de las políticas de mitigación y adaptación para luchar contra el cambio climático.
Impactos climáticos y vulnerabilidad
Las diferencias en los impactos del cambio climático se ven claramente entre países y grupos desfavorecidos en fenómenos como los desastres climáticos. Según la Organización Meteorológica Mundial, los desastres naturales han aumentado un 43,8% en los últimos 10 años, causando 2 millones de muertes (el 91% de los países en desarrollo). Adicionalmente estima un coste de 3,64 mil millones de dólares causado por estos desastres.
Por otra parte, también es importante recalcar que el cambio climático no es ciego al género y las mujeres y las niñas sufren en mayor medida los efectos del cambio climático lo que agrava la desigualdad preexistente. Las mujeres tienen 14 veces más probabilidades de morir en un desastre natural, los medios de vida de éstas son más dependientes de los recursos naturales por lo que son más vulnerables al cambio climático. Además, tienen más dificultad en acceder a créditos o fondos para cubrir los daños derivados del cambio climático o de acceder a espacios de toma de decisión.
Otro de los impactos del cambio climático son las migraciones climáticas que son un fenómeno complejo vinculado a impactos climáticos de desarrollo lento (subida del nivel del mar, desertificación,…) y de desarrollo repentino (inundaciones, ciclones, …). Naciones Unidas estimó que 30,7 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en 2020 como consecuencia del cambio climático. El Banco Mundial estima que para 2050 el número de personas desplazadas por motivos climáticos será de 216 millones de personas. Estamos por tanto ante un fenómeno que va a suponer un enorme reto durante las próximas décadas y que debería ser abordado a nivel global buscando soluciones y mecanismos que pongan en el centro los derechos de las personas desplazadas.
Financiación y justicia climática
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático/CMNUCC (Cumbre de Río de 1992) reconoce el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, el cambio climático necesita de soluciones y acuerdos globales, pero establece que no todos los países tienen las mismas obligaciones respecto de esos desafíos. Los países ricos y grandes emisores tienen una deuda con el sur global y deben contribuir en mayor medida a la lucha contra el cambio climático poniendo a disposición fondos y recursos para los países y comunidades más afectadas del sur global. En 2009, en la COP de Copenhague los países desarrollados se comprometieron a movilizar cien mil millones de dólares anuales en 2020, acuerdo que fue ratificado en el Acuerdo de París en 2015. En 2010 (Conferencia de Cancún) se estableció el Fondo Verde por el Clima como instrumento de financiación para la lucha de los países en desarrollo contra el cambio climático tanto para medidas de adaptación como de mitigación.
El Acuerdo de París de Naciones Unidas afloró como un acuerdo muy prometedor y la solución que paliaría los distintos problemas y generaría unos compromisos ambiciosos y necesarios para lograr alcanzar el objetivo de no superar 1,5°C de calentamiento global para finales de siglo. La realidad es que lamentablemente no ha sido así. Los países no han cumplido lo acordado y las emisiones globales de CO2 siguen incrementándose. La acción climática y cambios que necesitamos se siguen postergando y los compromisos y planes presentados son insuficientes para un reto de esta magnitud. Por otra parte, los mecanismos de mercado que plantea el Acuerdo en su Artículo 6 están muy lejos de considerarse adecuados en un contexto de justicia climática. El camino hacia el abismo se sigue recorriendo.
No obstante, dentro de una lógica posibilista, quizás pragmática, que no debemos rechazar en pro de buscar soluciones de emergencia climática y el apoyo a los países más afectados.
La realidad el objetivo de financiación climática comprometido en la Cumbre de Copenhague en 2009 y extendido en la COP26 de Glasgow es manifiestamente insuficiente para consolidarlo como un mecanismo para compensación justa con el sur global (se plantean 100.000 millones de euros cuando sería necesario 60 veces más para cubrir los costes más realistas de los impactos climáticos) en justa reciprocidad de los daños causados, cuando además ni siquiera se han liberado la totalidad de los fondos. Basándonos en el Adaptation Gap Report del PNUD (2020), se estima que los países en desarrollo ya están asumiendo en la actualidad un coste de adaptación de 70 mil millones de dólares al año, mientras que este coste podría alcanzar hasta 300 mil millones al año en 2030 y hasta 500 mil millones al año en 2050.
Si analizamos la financiación climática actual comprobamos que la mayoría de los fondos (80% según las últimas estadísticas) se destinan a instrumentos de endeudamiento, siendo el 40% de ellos no concesionales (préstamos sin ningún tipo de condición favorable), mientras que sólo el 20% se destina puramente a subvenciones, contribuyendo así a un incremento del endeudamiento y empobrecimiento de los países del sur global que se están endeudando para hacer frente a una emergencia climática que no han provocado.
Por otra parte, la mayoría de este financiamiento climático (75%) se destina a acciones de mitigación. El financiamiento para la adaptación sólo representa el 25%, por el cual no se respeta el balance establecido en el Acuerdo de París, según el cual “se debería buscar un equilibrio entre la adaptación y la mitigación” ya que es la adaptación la que está más vinculada con la respuesta en el sur global y lo que vienen reclamando desde hace décadas.
En relación a las pérdidas y daños asociados a los desastres y eventos climáticos extremos y fenómenos de progresión lenta (subida del nivel del mar, …) causados por el cambio climático, no existe ningún mecanismo de financiación para la reconstrucción, rehabilitación o reubicación de personas afectadas por desastres. Los países empobrecidos llevan años solicitando un compromiso de los Estados del norte para compensar y abordar las pérdidas y daños en los países y comunidades del sur global. El gobierno español y la UE deberían apoyar en esta COP la inclusión en la agenda oficial de la COP27 la propuesta para crear un nuevo instrumento para pérdidas y daños para poder dar respuesta a las personas que están ya sufriendo las peores consecuencias del cambio climático. Esta financiación deberá ser en forma de subvenciones o donaciones y no de instrumentos de deudas y deben de ser adicionales a la Ayuda Oficial al Desarrollo o la Acción Humanitaria
Situación y esperanza ante la COP27
Los últimos informes de Naciones Unidas (PNUMA) indican que de mantenerse la actual tendencia, las emisiones de CO2 a nivel planetario implicarán un aumento de temperatura de 2,6°C a final de siglo. Si se quiere cumplir el Acuerdo de París el cambio ha de ser drástico y debe de producirse ya.
La experiencia de las últimas COP y los acuerdos alcanzados son claramente insuficientes. Objetivos que se quedan muy cortos (e incumplidos) para la magnitud del reto pendiente. Podría decirse que cada vez estamos más lejos de los consensos adecuados. Los márgenes para reducir las emisiones y frenar el cambio climático son cada vez más estrechos, pero no tanto para la adaptación o los programas de pérdidas y daños adecuados y claros en cantidad y en calidad, con el que poder paliar los efectos en los países más vulnerables.
La COP26 pretendía definir esa hoja de ruta, pero no lo consiguió. La COP27, donde se ha logrado por fin introducir en la agenda oficial el tema de pérdidas y daños, tiene como objetivo esencial el establecer el marco de actuación para estas pérdidas y daños derivados del cambio climático en el sur global, si bien una duda late a este respecto ¿cómo incidirá la guerra de Ucrania en la COP27? Lo que esta invasión de Rusia ha puesto de manifiesto es la fragilidad del modelo energético europeo y la necesidad de alejarse de las perversas dependencias geopolíticas que conlleva las energías fósiles. Por otra parte, ¿qué papel ocupará China en la COP27 cuando posee grandes intereses en África?
Lo cierto es que hay una sensación generalizada de que son precisos mayores compromisos de colaboración ante el enorme reto de la actual emergencia climática. La ciudadanía cada vez tiene más conciencia de que no se puede esperar más. Las recientes manifestaciones en diversas partes del mundo, los movimientos de activismo civil de jóvenes y científicos, así como la lucha permanente de las organizaciones ambientalistas están exigiendo más y más para que los gobiernos tomen las decisiones que requiere el problema. Está en juego mucho. Todo.
