La condena del guerrillero congoleño Thomas Lubanga por utilizar niños soldado revela tres realidades sobre la Corte Penal Internacional: la justicia se toma plazos muy largos, los casos se pueden politizar demasiado y los procesos se concentran exclusivamente en África.

 

CPI
Dos niños soldado en la provincia de Ituri en 2006

LIONEL HEALING/AFP/Getty Images

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La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido su primer veredicto el 14 de marzo de 2012 desde que fuera creada. Thomas Lubanga ha sido condenado por formar y utilizar a niños soldado. La pena se conocerá más tarde y será importante comprobar si se trata de una condena dura y ejemplar como sería la cadena perpetua. Al principio de los años 2000, Lubanga era un rebelde de mediana importancia en el este de la República Democrática del Congo; formaba parte de la milicia que defendía a uno de los grupos étnicos, los Hema, en una guerra compleja, fratricida y regional. Por fin se juzga y condena la violencia de esta llamada Guerra Mundial Africana, que desde los 90 ha devastado el Congo y se ha extendido por los Grandes Lagos. Actualmente no hay guerra declarada pero el conflicto sigue latente, alimentado por la explotación escandalosa de recursos naturales (en la que participan las milicias), las incursiones de Ruanda y Uganda, y los problemas relacionados con el derecho a la tierra y las diferentes etnias. El veredicto es ejemplar y refuerza a la CPI al institucionalizar la penalización de crímenes contra la humanidad. Sin embargo, se trata de una jornada histórica emborronada por tres controvertidas realidades sobre la CPI: la justicia se toma plazos muy largos, los casos pueden estar muy politizados y los procesos se concentran exclusivamente en África.

Hace nueve años que Luis Moreno Ocampo es fiscal jefe de la CPI y su mandato está de hecho a punto de terminar, con lo que sus detractores acusan a la CPI de jugar un papel más que inútil, contraproducente, por ser la justicia tan lenta y tan cara. Tanta movilización de profesionales, tiempo y dinero… y por ahora sólo se ha juzgado a una persona. Además, como ha ido exigiendo el rigor del proceso, el caso se limita exclusivamente al tema de los niños soldado aunque haya habido masacres y abusos generalizados, y se concentra en la provincia de Ituri durante el reducido periodo 2002-2003. Muchos lamentan una justicia “mínima” ante los graves y extendidos crímenes.

Hoy celebramos tan solo un ‘medio paso’ para la justicia internacional y la CPI, cuya actuación futura augura más controversia

La segunda crítica subraya la politización del caso Lubanga, que ha sido claramente instrumentalizado a nivel nacional. Siguiendo uno de los principios de la CPI, el Congo remitió este caso a la justicia internacional “por imposibilidad de ser juzgado internamente”. Pero el presidente congoleño, Joseph Kabila, probablemente puso este caso en bandeja ante la CPI para dorar su propia imagen internacional. De hecho su Gobierno facilitó declaraciones de testigos (algunas, se probó en el proceso, resultaron ser falsas) y ha manejado los plazos del juicio. Pero Lubanga no era jefe supremo de ningún bando y no parece haber hecho cosas que muchos otros no hayan hecho, transformándose en chivo expiatorio. Lo peor de este contexto en el que el país colabora con la CPI es que el tribunal se ve obligado a mantener cierta deferencia. En este caso se han descartado posibles acusaciones dentro del bando y los aliados de Kabila, con lo que la justicia es sólo parcial.

Finalmente, aunque la CPI esté investigando casos potenciales en Afganistán, Georgia, Colombia, Honduras y República de Corea, trabaja en una larga lista de países africanos: República Democrática del Congo, Uganda, República Centroafricana, Sudán, Kenia, Costa de Marfil, Libia, Nigeria y Ruanda. Esto se debe a que, como bien pensamos a priori, hay muchos conflictos en África, pero también a que muchos países africanos han aceptado la jurisdicción de la CPI mientras que en otros continentes hay reticencias. En casos como Sudán o Libia, en los que la acusación no ha emanado del propio Estado sino del fiscal de oficio o por solicitud del Consejo de Seguridad de la ONU, muchas voces africanas han acusado a la CPI de un doble rasero internacional que se concentra en el continente más frágil y marginado del mundo. Aunque difícilmente se puede argumentar que la CPI sea un instrumento neocolonial, hay que tomar en serio las reservas emitidas en foros como la Unión Africana. Líderes de todo el continente se han negado, por ejemplo, a intentar detener al presidente sudanés Al Bashir, acusado por la CPI. También es difícil justificar situaciones como la de Estados Unidos, que no ratifica el Tratado de Roma ni reconoce a la CPI, pero sí apoya su acción en casos selectos ante el Consejo de Seguridad.

La crítica a una justicia lenta y limitada se contrarresta con las garantías que, a cambio, se obtienen en el proceso. No hay duda así de que Lubanga es culpable de lo que se le acusó, y de que ha tenido derecho a un proceso justo que incluso fue suspendido y retomado. Sin embargo, las críticas que surgen de la politización y enfoque selectivo africano restan credibilidad a la CPI que, en su ansia por probar su utilidad y valor, acepta que se pueda instrumentalizar la institución. Por eso hoy celebramos tan solo un medio paso para la justicia internacional y la CPI, cuya actuación futura augura más controversia.

 

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