En América Latina las dinámicas migratorias están impactando en la formulación de las políticas públicas de los países. ¿Cómo se puede defender a las personas vulnerables para que logren el acceso a sus derechos en un contexto de grandes flujos migratorios?
Cuando Roberta, una joven abogada de la Defensoría Pública de la Unión de Brasil, presentó un habeas corpus ante el juez en Boa Vista en Roraima para evitar la expulsión de 200 migrantes venezolanos, incluidos 70 niños y niñas, no imaginó el impacto que tendría esa defensa de derechos. La judicatura brasileña no solo ordenó a la administración migratoria no expulsar del país a estas personas, por ser contrario al derecho internacional, sino dispuso medidas de no repetición.
Brenda, una abogada de la Defensa Pública del Ecuador, asumió la defensa judicial de Tania, una inmigrante que requería una intervención quirúrgica urgente para salvar su visión; la acción logró que el sistema de salud pública la atendiera. En Chile, Pablo, un abogado de la Unidad de Defensa Penal Especializada de la Defensoría Penal Pública, desarrolla estrategias para evitar la expulsión de extranjeros con arraigo familiar en el país.
La característica común de todos estos casos es que se tratan de servicios de defensa para la protección de derechos de migrantes y refugiados, que brindan los países a través de las Defensorías Públicas. Estas instituciones están a cargo de garantizar el derecho de defensa de las personas mediante la asistencia legal en procesos judiciales y, en ocasiones, orientando y patrocinando a estas ante las administraciones públicas.
Debe resaltarse el interés de las defensorías públicas de la región para asumir la defensa de estas personas, aún en contextos en donde los Gobiernos están endureciendo sus políticas migratorias. En estos casos, precisamente, son los abogados y abogadas de estas instituciones quienes ejercen la primera línea de defensa de derechos de migrantes y refugiados.
El proceso de movilidad humana que actualmente soporta Latinoamérica, con más de 5,9 millones de personas venezolanas transitando por todo el continente, además de los usuales flujos migratorios de Centroamérica y México, así como los fenómenos contemporáneos, como niños y niñas no acompañados y las caravanas de migrantes, viene generando escenarios de graves afectaciones a los derechos humanos de miles de personas. A este panorama crítico, se agrega la dramática situación sanitaria, social y económica derivada de la pandemia de la COVID-19, que ha afectado a los más vulnerables, entre ellos a las y los migrantes.
El complejo panorama migratorio ha impulsado a la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), organización que agrupa a estas instituciones nacionales de defensa jurídica de personas, a visibilizar y enfrentar en parte el problema. La iniciativa cuenta con el apoyo del programa de la Unión Europea EUROsociAL+ (FIIAPP). Para ello se partió de un diagnóstico regional sobre el acceso a la justicia de migrantes y refugiados, para dar después paso a la creación de una red y un modelo de acciones de defensa de los derechos para el acceso a la justicia de personas.
Es interesante que, en los últimos 25 años, como informa el diagnóstico elaborado por EUROsociAL+, a la par de la mejora de la gobernanza migratoria, casi todos los países de la región reformaron sus viejas leyes de extranjería de las épocas oscuras del autoritarismo. El enfoque, en ese momento, fue la seguridad y sospecha frente al migrante, y ahora se sustituyen por legislaciones que aseguran sus derechos y el principio de igualdad, reconociéndose estándares de protección que no discrimina a los extranjeros.
Sin embargo, en Latinoamérica existe una brecha entre la norma y la realidad, con muchas leyes que no se cumplen, por lo que en ocasiones resulta necesario recurrir a la justicia para la defensa y reivindicación de esos derechos. Es en este escenario donde aparecen las Defensorías Públicas asumiendo la representación de migrantes y refugiados, siendo la única alternativa de defensa que tendrán las personas en los países de acogida.
La región ha avanzado en la modernización de la gobernanza migratoria y en los marcos regulatorios. Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Uruguay cuentan con nuevas legislaciones migratorias que reconocen los derechos humanos de los migrantes. Mientras que iniciativas de cambio normativo ya existen en Colombia, Paraguay y Chile, pendientes de aprobación en los respectivos parlamentos. Los nuevos marcos regulatorios existentes son instrumentos adecuados para reivindicar los derechos de los migrantes y refugiados, pero son aún de escaso conocimiento por parte de los operadores de justicia. Por lo que las Defensorías Públicas tienen en este ámbito el desafío no solo de conocer y utilizar este marco jurídico para lograr acortar las brechas de incumplimiento normativo existente, sino de promover su conocimiento en el sistema de justicia.
El diagnóstico expone los grandes flujos migratorios que se vienen dando en la región, describiendo los enormes desafíos en relación a la prestación de servicios públicos por parte de los Gobiernos. Particularmente, para la regularización documentaria, donde destacan soluciones innovadoras como las acontecidas en el caso de la migración venezolana por parte de Colombia y Perú, que lograron, antes de la llegada de la pandemia, en muy corto tiempo, regularizar a más de un millón de personas, mediante procedimientos temporales fáciles, rápidos y de relativo bajo costo para las administraciones migratorias. En otros países, se han buscado soluciones como amnistías, visados especiales o acceso a documentación de excepción. Los Estados avanzaron en modernizar sus legislaciones migratorias estipulando la igualdad de derechos entre nacionales y extranjeros. Además, reconocieron una interpretación extensiva del derecho de asilo recogida en la Declaración de Cartagena de 1984. No obstante, muy pocos operadores de justicia tienen conocimiento de estos avances normativos, siendo necesario avanzar en un enfoque de acceso real a derechos, lo que pasa por brindar servicios que atiendan a sus necesidades jurídicas.
Por su lado, el informe destaca el caso de Brasil con la llamada Operación Acogida, que ha logrado regularizar a un número importante de personas. Han brindado refugio a miles de venezolanos y venezolanas —se ha protegido a más de 36.000 personas en decisiones colectivas—. Han incluido a indígenas warao, aplicando la Declaración de Cartagena. Este proyecto del gobierno brasileño, con apoyo de agencias internacionales y la sociedad civil, que venía atendiendo antes de la pandemia grandes flujos migratorios, brinda protección internacional en un esquema integral, ofreciendo documentación y diversos servicios, incluidos orientación jurídica y representación por defensores públicos en casos de niños, niñas y adolescentes, mujeres, indígenas y otros grupos vulnerables. Existen experiencias en la región que demuestran que es posible lograr una migración ordenada, regular y segura.
El diagnóstico presenta también el otro lado de la migración, que se expresa en miles de personas indocumentadas, con procesos colectivos de expulsión que se vienen presentado aun en plena pandemia y con múltiples desafíos por situaciones humanitarias. De igual modo, se exponen los contextos de xenofobia que vienen insertándose fuertemente en los países, pero también con algunas prácticas para enfrentarlo. En el abordaje de estos y otros temas, se identifican las necesidades jurídicas de las personas migrantes y refugiadas, con particular énfasis en niñas y niños, mujeres, adultos mayores, personas con habilidades diferentes, personas con enfermedades, personas privadas de libertad, LGTBIQ+, entre otros, presentándose las diversas soluciones que se exhiben en la región, como aquellos casos que defienden Roberta, Milagros y Pablo, funcionarios de las Defensorías Públicas de América Latina.
Defender a personas vulnerables para lograr el acceso a sus derechos en un contexto de grandes flujos migratorios es una de las acciones más importantes que se pueden identificar en la región. Servirá ello para derechos como la documentación, la salud, la seguridad alimentaria, la protección de empleo digno y protección social, la educación, la inclusión financiera y, en general, para un acceso a la justicia que permita un ejercicio real de los derechos humanos.
No son momentos fáciles los que atraviesa la región y las dinámicas migratorias están impactando fuertemente la formulación de políticas públicas con nuevas exigencias y desafíos que se deben cumplir, en circunstancias de un drama universal como la pandemia. En este contexto es destacable que entidades regionales como la AIDEF y las Defensorías Públicas del continente estén pensando en cómo atacar estos problemas y proteger derechos. Sin duda, iniciativas que merecen todo el apoyo de la comunidad internacional.
