Miembros del grupo indígena venezolano Warao fotografiados en el refugio de la ONU Janokoida, en abril de 2019 en Pacaraima, Brasil (Victor Moriyama via Getty Images)

En América Latina las dinámicas migratorias están impactando en la formulación de las políticas públicas de los países. ¿Cómo se puede defender a las personas vulnerables para que logren el acceso a sus derechos en un contexto de grandes flujos migratorios?

Cuando Roberta, una joven abogada de la Defensoría Pública de la Unión de Brasil, presentó un habeas corpus ante el juez en Boa Vista en Roraima para evitar la expulsión de 200 migrantes venezolanos, incluidos 70 niños y niñas, no imaginó el impacto que tendría esa defensa de derechos. La judicatura brasileña no solo ordenó a la administración migratoria no expulsar del país a estas personas, por ser contrario al derecho internacional, sino dispuso medidas de no repetición.

Brenda, una abogada de la Defensa Pública del Ecuador, asumió la defensa judicial de Tania, una inmigrante que requería una intervención quirúrgica urgente para salvar su visión; la acción logró que el sistema de salud pública la atendiera. En Chile, Pablo, un abogado de la Unidad de Defensa Penal Especializada de la Defensoría Penal Pública, desarrolla estrategias para evitar la expulsión de extranjeros con arraigo familiar en el país.

La característica común de todos estos casos es que se tratan de servicios de defensa para la protección de derechos de migrantes y refugiados, que brindan los países a través de las Defensorías Públicas. Estas instituciones están a cargo de garantizar el derecho de defensa de las personas mediante la asistencia legal en procesos judiciales y, en ocasiones, orientando y patrocinando a estas ante las administraciones públicas.

Debe resaltarse el interés de las defensorías públicas de la región para asumir la defensa de estas personas, aún ...