Mientras avanzan los preparativos electorales en la República Democrática del Congo, el presidente Joseph Kabila ha anunciado que no va a presentarse a la reelección. Tal vez confía en que esa importante decisión mitigue las presiones externas para asegurar unas elecciones libres y limpias. Pero los observadores internacionales deben mantener su escrutinio.
El 8 de agosto de 2018, fecha límite para presentar las candidaturas, la coalición de la mayoría que gobierna la República Democrática del Congo (RDC) anunció que su candidato a las elecciones presidenciales previstas para el 23 de diciembre sería Emmanuel Ramazani Shadari. El anunció terminó, por ahora, con las especulaciones de que el presidente Joseph Kabila, actualmente en el poder, iba a presentarse a un tercer mandato, infringiendo la Constitución nacional de 2006. En lugar de ello, Kabila ha decidido nombrar a un “delfín” leal para sucederle. La decisión de no presentarse es un elemento importante y positivo, el resultado de años de pacientes presiones tanto desde dentro como desde fuera del país.
Al seleccionar a un nuevo candidato, el partido gobernante ha dejado clara su intención de presentarse a las elecciones sin el presidente actual. Seguramente espera que la presión nacional e internacional para garantizar unas alecciones limpias disminuya ahora que parece que se va a respetar la Constitución. Desde luego, Kabila querrá asegurar que ha hecho lo que siempre dijo —respetar la Carta Magna— y que, por tanto, la comunidad internacional debe apartarse. Si eso ocurre, si la atención se reduce, el régimen tendrá todo el control y podrá manejar a su antojo la convocatoria y los procedimientos electorales. Es decir, seguiría habiendo peligro de manipulación.
Aunque da la impresión de que Kabila va a respetar las leyes y va a dejar su cargo, unas elecciones manipuladas podrían generar una nueva crisis política, con consecuencias que podrían ser peligrosas para el país y sus vecinos. Para evitarlo, los observadores internacionales, en particular la Unión Africana (UA) y la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC en sus siglas en inglés), deben mantener una vigilancia muy rigurosa del proceso electoral en la RDC. En concreto, con el fin de reforzar la credibilidad de las elecciones, deberían respaldar una auditoría del censo de votantes y una inspección de las máquinas de voto, además de obligar al régimen de Kabila a rebajar la represión política.
La presión sobre el régimen
En teoría, las elecciones presidenciales deberían haberse celebrado en diciembre de 2016. Las maquinaciones del régimen para conservar el poder —primero, con el intento de modificar la Constitución para que Kabila pudiera presentarse a un tercer mandato, y después, con el aplazamiento de las elecciones— sumieron al país en una crisis política profunda. La Iglesia Católica, una de las instituciones fundamentales del país y muy activa en política desde siempre, se ofreció a mediar entre el Gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil. La consecuencia fue el acuerdo de San Silvestre, de 31 de diciembre de 2016, que sirvió de base para gestionar el retraso electoral, salvaguardó la limitación de mandatos de los presidentes y alivió las restricciones a las libertades políticas.
Al margen del acuerdo, el régimen ha hecho todo lo posible para mantenerse en el poder. En concreto, trastocó la aplicación del acuerdo de San Silvestre —por ejemplo, al designar a un nuevo primer ministro con amplias consultas y al persistir en el enjuiciamiento político de opositores— y despreció las numerosas preocupaciones expresadas por la oposición y los observadores externos sobre los preparativos electorales.
En los meses previos al límite de presentación de candidaturas del 8 de agosto, la comunidad africana e internacional aumentó las presiones sobre el régimen para obligarle a respetar la Constitución y el acuerdo. Lo más destacado fue la declaración del presidente angoleño João Lourenço en una rueda de prensa celebrada en mayo en el Palacio del Elíseo de París, en la que dijo que Kabila no debía volver a presentarse. También los grupos internos desempeñaron un papel fundamental. En los días anteriores al anuncio de Kabila, varios grupos de la sociedad civil, entre ellos la organización laica de la Iglesia Católica, amenazaron con reanudar las protestas callejeras si decidía presentarse a la reelección.
Una vez más, el régimen intentó resistirse. En julio canceló de forma unilateral las visitas del secretario general de la ONU, António Guterres, el presidente de la Comisión de la UA, Faki Mahamat, y la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, que habrían dado gran visibilidad a la presión internacional. Ese mismo mes, el régimen tanteó a varios países vecinos para que aliviaran dicha presión: Kabila hizo una visita de dos días a Angola y envió una amplia delegación a Ruanda.
Es evidente que, al final, las presiones han funcionado, porque el régimen no cambió la Constitución para permitir que Kabila volviera a presentarse, sino que designó a Shadari como sucesor. Sin embargo, aunque el régimen cedió a la demanda principal, hasta ahora ha conseguido manipular los preparativos electorales en su propio interés y ha dado a entender que no ha jugado su última baza.
Shadari y el futuro de Kabila
Tal como se preveía, Kabila esperó al último instante para tomar una decisión sobre la inscripción de un candidato para las elecciones y mantuvo a su propia alianza política, la “mayoría presidencial”, en la ignorancia. Su elección fue una sorpresa. A diferencia de otros a los que podría haber nombrado, Shadari, un parlamentario de 57 años, es más soldado raso que general. Procede de la provincia de Maniema, en el este, donde nació la madre de Kabila, y ha sido completamente fiel a la familia del presidente desde que el padre de Joseph, Laurent, arrebató el poder a Mobutu Sese Seko en 1997. En 2012 se convirtió en jefe del bloque parlamentario mayoritario de Kabila, y entre diciembre de 2016 y febrero de 2018 fue viceprimer ministro y ministro del Interior. En mayo de 2017, la Unión Europea le incluyó en su lista de sanciones por su presunta intervención en la represión violenta de los manifestantes urbanos y en la región de Kasai durante su mandato en Interior.
En la actualidad, Shadari es secretario permanente del Partido Popular para la Reconstrucción y la Democracia (PPRD), el partido de Kabila. Es el partido más numeroso y más dinámico del bloque de mayoría, hoy denominado Frente Común por el Congo. Ha dedicado los últimos meses a viajar por numerosas provincias en el avión de campaña del PPRD para darse a conocer entre los parlamentarios del partido, los funcionarios territoriales y provinciales y los jefes tradicionales.
Al designar a Shadari en vez de una figura establecida con una base independiente, como Matata Ponyo o Aubin Minaku, Kabila está preparándose para seguir teniendo mucho poder entre bastidores. En retrospectiva, se puede pensar que comunicó sus intenciones el 19 de julio, en una declaración muy esperada ante las dos Cámaras del Parlamento. Empezó bromeando: “¿Por qué percibo ciertas tensiones en la sala?” Luego exclamó: “”¡Comprended mi pasión por el Congo!”, una referencia a la frase “comprended mi pasión” (comprenez mon emotion) del discurso de abril de 1990 con el que Mobutu anunció su retirada del partido. Kabila manifestó su sentimiento patriótico pero no hizo ninguna concesión política. Es decir, el discurso indicó una actitud desafiante: el mundo esperaba grandes novedades y, en lugar de ello, Kabila dejó claro que las decisiones las tomaba solo él.
Cuando deje su cargo, se espera que se convierta en presidente del PPRD, un puesto que se acabada de crear. Asimismo seguirá siendo el líder político del Frente Común. La Constitución le otorga el cargo de senador vitalicio, y una ley recién aprobada sobre los expresidentes le ofrece más ventajas, como un abundante equipo de guardaespaldas, pasaporte diplomático y una vivienda permanente. Ha colocado en altos cargos a otros servidores leales como el general John Numbi y Norbert Nkulu, a los que ha nombrado inspector general del Ejército y magistrado del Tribunal Constitucional respectivamente. Todo está preparado para que Kabila conserve una enorme influencia incluso después de dejar de ser presidente.
Habrá que esperar a las próximas semanas para saber si otros pesos pesados del régimen se alinean discretamente detrás de Shadari. Es posible que haya descontento en la región sudoriental de Katanga. Allí ha habido siempre malestar por la influencia de los políticos de la vecina provincia de Maniema en el régimen de Kabila. Tal vez, el propósito de los recientes nombramientos de Numbi y Nkulu, ambos importantes miembros de la tribu luba de Katanga, es tranquilizar a las élites locales. Es muy posible que la decisión de Kabila de esperar al último momento para designar a su sucesor tuviera como objetivo evitar que se inscribieran posibles candidatos discrepantes dentro de la mayoría, ya fueran de Katanga o de otros lugares. Pese a todo, aunque parece que Kabila ha organizado los nombramientos en beneficio de sus propios intereses, no existen garantías de que Shadari, si es presidente, vaya a protegerle a él ni a sus más íntimos. En la vecina Angola, donde el líder saliente también intentó controlar la transición, el presidente Lourenço no tardó nada en volverse contra el entorno de su antiguo mentor José Eduardo dos Santos, en particular su familia,
Cuenta atrás hasta el día de las elecciones
A estas alturas, hay dos docenas de candidatos inscritos de forma provisional para las elecciones presidenciales. Tres son importantes dirigentes de la oposición: Jean-Pierre Bemba (Movimiento para la Liberación del Congo), segundo en las elecciones de 2006, y al que la Corte Penal Internacional absolvió de crímenes de guerra en junio de este año; Felix Tshisekedi (Unión para la Democracia y el Progreso Social), hijo de Etienne Tshisekedi, el fallecido líder de la oposición que quedó segundo en las elecciones de 2011; y Vital Kamerhe (Unión para la Nación Congoleña), un antiguo aliado de Kabila de Kibu del Sur, que resultó tercero en 2011. En la lista no figura Moïse Katumbi, líder del Ensemble, una coalición de partidos políticos y del que se preveía que sería uno de los principales candidatos. En una clara violación de los acuerdos de San Silvestre, el régimen prohibió que regresara al país durante el proceso de inscripción de candidaturas. El régimen tiene varias causas legales pendientes contra Katumbi, pero una comisión creada por la Iglesia Católica ha denunciado esas causas y las ha calificado de farsa, y los aliados de Katumbi han presentado una demanda para que se le permita inscribirse con retraso.
No cabe duda de que el gran número de candidatos beneficia al régimen. De acuerdo con una enmienda constitucional de 2011, las elecciones van a consistir en una sola vuelta y el ganador se decidirá por mayoría relativa. En una declaración conjunta tras el anuncio de que Kabila no iba a presentarse, los líderes de la oposición prometieron unirse para apoyar a un candidato único. Pero el acuerdo es precario: la elección de un personaje relativamente desconocido como delfín puede hacer que varios rivales de Shadari piensen que pueden derrotarle sin necesidad de formar coaliciones, y eso iría en detrimento de la unidad que tanto necesita la oposición.
Todavía es posible que la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) rechace a algunos candidatos. El 24 de agosto publicará una lista preliminar, por lo que habrá tiempo para recursos en caso de preocupaciones legales. La lista definitiva se hará pública el 19 de septiembre, tres meses antes de las elecciones. Resultan especialmente inquietantes los comentarios de varios políticos del Frente Común de que podría ser imposible elegir a Bemba por motivos legales. Aunque la Corte Penal Internacional le declaró inocente de los crímenes de guerra, tiene una segunda causa pendiente sobre manipulación de testigos. Los abogados congoleños están debatiendo si esa acusación entra en la definición de corrupción según las leyes del país; en ese caso, Bemba quedaría descartado. Como en el caso de la negativa a la inscripción de Katumbi, esas observaciones dan la impresión de que el régimen está buscando unas elecciones “a la carta”, con la facultad de elegir a sus adversarios. Mientras no esté claro quién puede presentarse, es muy probable que la oposición no consiga ponerse de acuerdo en apoyar a un candidato de unidad.
En principio, las elecciones podrán celebrarse el 23 de diciembre, tal como está previsto. Pero sigue habiendo preocupación sobre que sean o no transparentes y sobre si el Gobierno va a llevar adelante, verdaderamente, el proceso. Los principales grupos de la oposición comparten varias de estas inquietudes. La principal es el censo de votantes. Una auditoría del censo realizada por la Organización Internacional de la Francofonía ha encontrado un número considerable de electores con datos incompletos, lo cual ha aumentado el temor a que haya votantes fantasmas. La oposición quiere que se elimine hasta a 10 millones de las listas. Asimismo, la decisión de la CENI de utilizar máquinas de voto, en lugar de la papeleta tradicional, es muy polémica, porque la tecnología está sin probar y los votantes, sobre todo en las zonas rurales, están acostumbrados a indicar sus preferencias en un papel. Existen temores sobre la posibilidad de fraude y la repercusión de las máquinas en la financiación de las elecciones. La Iglesia Católica ha pedido una auditoría independiente del material, pero sus ruegos han caído en oídos sordos. La oposición, por su parte, quiere que quiten las máquinas. Otro problema es la propia composición de la CENI, en particular el hecho de que no se haya reemplazado al representante de la Unión para la Democracia y el Progreso Social, a pesar de que el partido tiene ese derecho. Por último, está el clima general: varios políticos continúan en prisión y los servicios de seguridad limitan gravemente la capacidad de los partidos de organizar mítines y otros actos de campaña.
Los observadores internacionales, en particular los de la región, tienen aún tiempo para presionar a la CENI y el gobierno con el fin de que resuelvan la mayor parte de estas cuestiones. Pero cualquier cambio importante —especialmente la decisión de volver a la papeleta o a un examen detallado del censo de votantes— podría demorar mucho tiempo y muchos recursos. Y la RDC no puede contar verdaderamente con la ayuda de la ONU y los países occidentales, porque el Gobierno y la CENI han decidido limitar las intervenciones externas en los preparativos electorales.
La necesidad de supervisión
El régimen puede pensar que, con Kabila oficialmente fuera de juego, ahora le será posible continuar con sus argucias para conservar el poder. Quizá pueda elegir entre proceder con las elecciones, contar con que la atención internacional disminuirá y utilizar una o más de la armas a su favor para ganar, o invocar la necesidad de una reforma electoral para aplazar los comicios, sobre todo si la oposición apoya a un candidato único. Cualquier retraso sustancial podría perjudicar seriamente el proceso de San Silvestre y provocar nuevos intentos de cambiar la Constitución para que Kabila permanezca en el poder. Asimismo, podrían apelar a la inseguridad en varias zonas del país como excusa para volver a posponer las elecciones.
Para que haya unos comicios creíbles, los actores internacionales —sobre todo la UA y la SADC— deberían supervisar minuciosamente el proceso electoral y seguir ejerciendo fuertes presiones. El 14 de agosto, las organizaciones regionales celebraron una cumbre convocada por Angola y reiteraron su voluntad de contribuir al proceso electoral hasta el final. A través de sus expertos y otros profesionales sobre el terreno, los países de la región deberían ayudar a mejorar la calidad y la transparencia de los preparativos electorales.
La UA y la SADC deberían ayudar a reforzar la confianza de la población en el censo de votantes, en particular presionando a la CENI para que haga públicas, de inmediato y con transparencia, las listas provisionales con el fin de que los votantes, la sociedad civil y los partidos de la oposición hagan unas mínimas comprobaciones y correcciones.
Habría que instar a la CENI a garantizar que, cuando despliegue las máquinas de voto en todo el país, permita que las inspeccionen los expertos nacionales e internacionales, como forma de reforzar la confianza de la población. En las zonas en las que las máquinas puedan provocar problemas concretos de logística, la CENI debería tener prevista la posibilidad de usar la papeleta clásica.
Es necesario que la oficina de la Asamblea Nacional actúe con urgencia y permita a la Unión para la Democracia y el Progreso Social sustituir a su representante en la CENI y hay que lograr que el Gobierno abra el espacio político, en particular que permita las manifestaciones públicas, libere a los presos políticos y acabe con los juicios políticos.
Dadas la fragilidad del clima sociopolítico y la crisis de legitimidad desencadenada por la prolongación del mandato presidencial más allá del fin oficial de su segundo mandato, la decisión de Kabila de no volver a presentarse es un triunfo considerable. La resistencia activa de varias capas de la sociedad congoleña en todo el país y el compromiso de los actores regionales e internacionales han contribuido a desbaratar los planes iniciales del régimen. No obstante, se puede y se debe hacer más para mejorar la calidad y la legitimidad de las elecciones, porque unos comicios controvertidos y sospechosos, en el mejor de los casos, prolongarían las tensiones actuales y, en el peor, desestabilizarían todavía más el país (y tal vez la región).
Las elecciones del 23 de diciembre no son más que el primer paso en el largo camino hacia la estabilización de un país que ha progresado muy poco desde el fin de las guerras asesinas de 1998-2003. Pero pueden ser un paso crucial, a medida que avanzan los preparativos, los países vecinos de la RDC y las instituciones regionales deben hacer todo lo que esté en su poder para garantizar que ese paso sea hacia delante, y no hacia atrás.
El artículo original ha sido publicado en International Crisis Group.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia
Actividad subvencionada por la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores
